Sin subsidio al transporte, el boleto en Córdoba subiría a $750 pesos

Es el valor teórico si ni Nación ni Provincia ni municipio aportan para atender la suba permanente de costos. El equipo de Milei ya adelantó que la idea es atender la demanda y no la oferta. Salvo que Llaryora y Passerini sigan subsidiando el sistema, la tarifa se disparará. Todos esperan la “ley ómnibus” que incluirá reformas claves

Las tarifas del transporte urbano de pasajeros en la ciudad de Córdoba podrían sufrir un fuerte incremento en breve, si -tal como se estima- el futuro presidente Javier Milei avanza en la quita de subsidios a la oferta y los direcciona a la demanda.

En rigor, a horas de la asunción del libertario, son más las incógnitas que las certezas en los diferentes frentes, entre ellos en la política de subsidios.

En ese contexto, en las últimas horas referentes del mandatario electo confirmaron que en 2024 no habrá Presupuesto y que se reconducirá la pauta vigente votada para este año.

Milei pone todas sus fichas en la denominada “ley ómnibus” que anunciará no bien asuma.

Ese proyecto, que incluirá varios capítulos, seguramente hará referencia al tema subsidios.

“La idea es que los aportes del Estado dejen de atender a la oferta y se concentren en la demanda de aquellos sectores vulnerables que no están en condiciones de afrontar una tarifa plena”, resumió a Comercio y Justicia una fuente que ya trabaja con los equipos del libertario.

En la práctica ¿qué implicancias tendría ese cambio? La respuesta es sencilla: que todos los subsidios que hoy envía la Nación y que complementan la Provincia y la Municipalidad de Córdoba ya no irían a “bancar” los costos de las empresas -entre ellos, parte de los salarios- sino que sólo se concentrarían en la demanda, particularmente en usuarios específicos, sin capacidad económica para pagar la totalidad de la tarifa.

El impacto en el boleto

El punto es ver cuáles consecuencias tendrán las decisiones de Milei sobre el precio del boleto en los diferentes distritos; en este caso, en la ciudad de Córdoba.

Repasemos algunos números. En primer término, para la Fetap, el valor teórico hoy de la tarifa urbana sin subsidios es de 750 pesos.

Esa cifra incluye todos los costos operativos -entre ellos, por cierto, los salarios- así como el costo de reposición de unidades para poder contar con un servicio acorde, prestación que hoy -por cierto- no se produce.

Además, el pago de la totalidad del costo salarial bruto. Hoy, con acuerdo de UTA y del Ministerio de Trabajo, hay un recorte de los aportes personales y contribuciones patronales que no se están atendiendo. Para graficar, de los 100 que deberían erogarse, sólo se pagan 70.

Por lo demás, los costos suben casi a diario. “Una cubierta que la semana pasada estaba en 409 mil pesos, hoy se cobra 460 mil”, explicó a este medio un informante.

Para la Fetap, el boleto -aun con subsidios-, que días atrás debería ubicarse en 355 pesos -el municipio avaló una suba a 240 pesos-, hoy ya se ubica en 475 pesos.

¿Cómo llegan las empresas a ese valor? Computan todos los costos que figuran en la minuta del contrato, entre ellos, el de renovación de unidades.

“Como el municipio busca acotar la suba del boleto, trata de concentrarse en los costos indispensables, por eso es que se observa un sistema cada vez más precario”, graficó el informante.

Sigamos con los costos. Hoy la Nación aporta aproximadamente 60 pesos del valor del boleto. La Provincia subsidia otros 60 pesos y la Municipalidad de Córdoba suma otros 80 pesos.

En conjunto, son unos 200 pesos por boleto, fondos que van a cubrir los costos de las empresas.

Si la Nación dejara de aportar los 60 pesos que hoy subsidia, la tarifa debería subir en la misma proporción.

En ese contexto, habrá que ver qué postura toma el gobernador electo Martín Llaryora y el futuro intendente, Daniel Passerini. ¿Tendrán los fondos suficientes para bancar el porcentaje de subsidios que hoy aportan en un contexto donde habrá recortes en todos los frentes desde el Gobierno nacional que golpearán los ingresos de las provincias y municipios?.Una incógnita más de las tantas que subsisten a la fecha pero que se irán develando en apenas días.

Advertencia de la Fatap

Las empresas de colectivos que operan en el interior de Argentina, representadas por la Federación Argentina del Transporte Automotor de Pasajeros (Fatap), emitieron una advertencia sobre la potencial interrupción de sus servicios. Esta medida podría afectar a aproximadamente 10 millones de personas en distintas regiones del país.

Según la entidad, la situación actual se debe a la imposibilidad de cubrir los costos operativos, lo que podría llevar a una suspensión indefinida de las actividades de transporte. La Fatap argumenta que esta crisis se origina en lo que describen como una “deformación del sistema” debido a decisiones políticas que, según ellos, carecen de fundamentos técnicos y jurídicos adecuados, en contraposición a los contratos de concesión establecidos.

La entidad que agrupa a las empresas de colectivos del interior reclama un “sinceramiento de las tarifas”. Sugiere que el Estado debería asumir la responsabilidad de asistir a aquellos usuarios que no puedan afrontar los costos de los pasajes, proponiendo un modelo de subsidio directo a la demanda. De esta manera, argumentan, se permitiría que la oferta opere bajo condiciones normales de mercado.

“La participación del Estado es necesaria para recrear las condiciones económico-financieras y de mercado imprescindibles para terminar con la descapitalización y una inferior calidad de servicios para los usuarios”, explica la federación. “En todo caso, el Estado será quien asista, compense o subsidie en forma directa a quienes no puedan costear el pasaje. Es decir, se debe subsidiar a la demanda, dejando que la oferta trabaje con normalidad”, agrega, enfatizando la necesidad de una intervención estatal para estabilizar la situación.

Fatap señala que las actuales compensaciones tarifarias y asistencias mediante atributos sociales no reflejan adecuadamente la realidad económica de las empresas, resultando en ingresos insuficientes. Esta situación, según la federación, ha llevado a dificultades en el cumplimiento de obligaciones como el pago de salarios, aguinaldos, costos laborales, adquisición de combustibles y repuestos, así como el manejo de los costos de servicios públicos.

“Las compensaciones tarifarias y las asistencias mediante atributos sociales simulan la realidad de ingresos insuficientes a causa de contratos incumplidos, recayendo sobre las empresas los riesgos, los costos y las responsabilidades legales, sin que el Estado asuma las suyas, distorsionando los valores de los ingresos (tarifas) que resultan necesarios para el cumplimiento de los compromisos propios de la actividad”, señalan Fatap, destacando la complejidad de la situación financiera que enfrentan.

La federación expresa que los incrementos en los precios de insumos esenciales, como los combustibles y los repuestos (estos últimos cotizados en dólares), junto con los ajustes mensuales de los servicios públicos, superan las actualizaciones de los aportes estatales y las tarifas, poniendo en riesgo la viabilidad de sus operaciones.

Esta situación plantea un desafío significativo tanto para las empresas de transporte como para los usuarios que dependen de estos servicios en el interior del país. Hasta el momento, no se ha anunciado una solución concreta a esta problemática, manteniendo un clima de incertidumbre sobre el futuro del transporte público en estas regiones.