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Reducción de jornada: salarios, para qué, costos y oportunidad, puntales de las críticas

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Hace poco más de dos años, en el marco de la campaña para las legislativas, cuando sectores del oficialismo y de la izquierda comenzaron a impulsar iniciativas de reducción de la jornada laboral, el por entonces ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, pidió ser “cuidadosos” con las propuestas.

Dijo que el Gobierno tenía un “modelo claro” basado en la producción y en el trabajo y que había que recorrer “un camino sin atajos”.

“Si uno quiere resolver esto en cinco minutos, lo más probable es que se generen más problemas”, opinó en referencia a los proyectos existentes en 2021.

“Impensable”
Kulfas sostuvo que en muchos de los países donde se implementó la merma de horas también se redujo el salario y consideró que una medida así en Argentina era “impensable”.

Estimó que, si no se modifica el sueldo, una reducción de ocho a seis horas “equivale a aumentar el salario horario un 33%” y alertó: “Seguramente muchas empresas pueden absorber ese costo, pero también seguramente muchas PyMes no”.

Asimismo, ya en plena escalada inflacionaria, advirtió sobre el riesgo de que más costo laboral se traslade a los precios.

PASO
En mayo pasado, en la previa de las PASO, el oficialismo adelantó que buscaría activar el debate del tema, pero no se dieron avances hasta principios de septiembre, cuando Hugo Yasky anunció que se haría la primera reunión informativa en la Comisión de Legislación del Trabajo.

En agosto de 2021, Yasky, autor de una de las siete propuestas bajo estudio (hay cinco del kirchnerismo, una del Frente de Izquierda y otra del socialismo), planteó reducir de 48 a 40 horas la semana laboral. Adujo que el esquema de cuatro días de trabajo se aplicaría “sin bajar salarios” para “distribuir más equitativamente un bien escaso como el empleo”.

Manifestó que Argentina tiene una de las jornadas más extensas, de 48 horas semanales, fijada hace más de un siglo por la OIT. Alegó además que la reducción implicaría “un aumento de los beneficios para el sector empleador” y “una mejora significativa de las condiciones laborales” y de la productividad.

El texto que redactó contempla que la duración del trabajo no podrá exceder de ocho horas diarias (40 semanales) para toda persona ocupada por cuenta ajena en explotaciones públicas o privadas, aunque no persigan fines de lucro.

Incluye al personal del ámbito público y privado y de organizaciones no gubernamentales y fundaciones, pero no de negocios o empresas familiares.

Otro proyecto es de la también oficialista Claudia Ormachea. Es más reciente (data de marzo de 2022) y establece que la duración del trabajo no podrá exceder de seis horas diarias o 36 semanales “para toda persona ocupada por cuenta ajena en explotaciones públicas o privadas, aunque no persigan fines de lucro”.

Agrega que la “jornada máxima diaria salubre” podrá ser ampliada a siete horas siempre que las tareas se desarrollen entre lunes y viernes y aclara que la norma no comprende a los establecimientos en que trabajen solamente miembros de la familia “del jefe, dueño, empresario, gerente o director”.

La reunión de comisión de la Cámara Baja se hizo el martes de la semana pasada y la Unión Industrial Argentina (UIA) se pronunció en contra del avance de las iniciativas.

Julio Cordero, vicepresidente del departamento de Política Social de la entidad, cuestionó su para qué y pidió discutirlas en el marco de los problemas que tiene el país.

“Este debate no lleva 100 años, lleva mucho más”, dijo, y sumó que “la nueva dimensión del trabajo es una dimensión humana”.

Tecnologías
“La OIT hoy dice que el ser humano es el centro del trabajo, porque frente a las tecnologías no es seguro que haya que limitarlo; probablemente haya que ponerle muchísima más dignidad, hacerlo mejor, generar un mejor clima, y eso no se logra necesariamente limitando la jornada, por ahí es al revés, porque la limitación de la jornada ¿cómo será?”, planteó Cordero.

En otro tramo de su exposición, preguntó: “Si reducimos la jornada sin ningún tipo de reducción salarial, ¿Qué habrá que hacer? ¿Mejorar la productividad en ese tiempo? ¿Qué hacemos, apuramos a la gente a que trabaje más rápido?”.

Negociaciones colectivas
También recordó que en las negociaciones colectivas se fijaron jornadas diferentes de acuerdo a las actividades. “¿El Estado a qué viene? ¿A disponer una norma que entra por la ventana cuando las negociaciones colectivas están abiertas? ¿Por qué no dejamos a la autonomía colectiva, que nadie puede negar que en Argentina es fuerte y sólida”, enfatizó.

Sobre la comparación con países que ya motorizaron la merma de horas, argumentó que no tienen “las multas al empleo” que hay en Argentina y que “fomentan el empleo informal” “Es un tema que pedimos que se debata y ni en agenda está”, destacó.

“La realidad argentina es distinta. Tenemos que debatir en la realidad que tenemos, con los problemas que tenemos”, agregó. “El derecho al trabajo es de la persona (ratificado por pactos internacionales). No hay ningún derecho a cercenar, si la persona quiere trabajar puede hacerlo con los límites que se establecen”, cerró.

PyMes
Horas después, en la apertura del evento “Somos Industria 2023”, ante empresarios en su mayoría PyMes, el presidente UIA, Daniel Funes de Rioja, afirmó que tiene “40 años en la OIT” y que una medida como la que empezó a tratarse nunca tuvo éxito.

Luego, en declaraciones a Radio Provincia, Funes de Rioja expresó que la discusión de los proyectos “no tiene sentido” porque para eso están los convenios colectivos de trabajo. “La ley argentina se adapta a las leyes internacionales, pero las partes pueden adecuarlo a lo que la realidad le marque”, señaló.

“Estamos en contra de ese proyecto y creemos que esto de repartir trabajo es una teoría descartada en el plano internacional”, reiteró, y consideró que “hay que buscar productividad y buen salario”..

En tanto, el Grupo de los 6 (G6) -la Asociación de Bancos Argentinos, la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, la Cámara Argentina de Comercio y Servicios, la Cámara Argentina de la Construcción, la Sociedad Rural Argentina y la UIA- fustigó la creación de normas potencialmente perjudiciales para la generación de empleo formal.

En un comunicado, consideró que una modificación de la estructura laboral como la reducción de la jornada requiere un “debate responsable” con la participación de “todas las partes involucradas” y apuntó a la necesidad de lograr consensos y de no apresurar el tratamiento de iniciativas “por las presiones coyunturales de la política electoral”.

Brecha
El grupo resaltó que la brecha de productividad y tecnológica que nos separa de los países desarrollados es cada vez mayor; especialmente, tras la pandemia.

En ese sentido, sostuvo que otros países implementaron políticas y recursos agresivos para avanzar en el nuevo contexto global y estimó que Argentina “debería estabilizar sus condiciones macroeconómicas, reducir el empleo informal, generar empleo formal y promover incentivos al trabajo”, entre otras medidas, antes de discutir una reforma como la que impulsan el oficialismo, la izquierda y el socialismo.

Según reportó el G6, Argentina lidera la presión fiscal sobre el sector formal empleador y una merma en la jornada podría redundar en más impuestos.

En relación a las leyes de otros países, destacaron que acortaron la jornada “de manera gradual y con estructuras socioeconómicas muy diferentes”.

El G6 pidió que los debates se den en el marco de discusiones tripartitas (sector empleador, sindical y Gobierno), tal como surge del compromiso que tiene el país para con las disposiciones del Convenio 144 de la OIT en la materia.

Acordó además participar de las discusiones a sus representaciones regionales y sectoriales por el carácter federal del debate.

Previsibilidad
Por su parte, la Cámara Argentina de la Mediana Empresa (CAME) respaldó la iniciativa, aunque puso reparos en función del contexto.

En declaraciones a Futuröck, el vocero de la entidad que reúne a 1.491 federaciones, cámaras, centros y uniones industriales de todo el país, Salvador Femenía, coincidió con la necesidad de modernizar la legislación laboral, pero dijo que “no es atinado” alentar la discusión en el actual contexto político y económico.

“Quizás este momento no es el más adecuado. Tenemos que ir a un promedio de menor cantidad de horas, pero hace falta adecuar la situación macroeconómica para tener otro panorama y otra previsibilidad”, aseguró.

Penurias
Femenía indicó que muchas PyMes están atravesando “penurias” y advirtió que una eventual legislación que baje las horas podría generar, en lo inmediato, un aumento de costos.

“Haría falta otro contexto político, de mayores acuerdos. En medio de una campaña electoral parece complicado, pero como tema de fondo, no nos oponemos, creemos que hay que aggiornar un montón de cosas de la legislación laboral”, reiteró.

Cabe destacar que en el encuentro de la semana pasada en la Comisión de Legislación del Trabajo de Diputados hubo representantes de la UIA, medios de prensa y fundaciones, pero la CAME no fue citada.

Córdoba
La Unión Industrial de Córdoba (UIC) también se pronunció.

“Es de suma importancia ampliar la discusión para que no se convierta en un parche circunstancial que impacte en toda la vida social del país”, señaló en un comunicado.

“Es imperioso que el tema se aborde bajo un debate amplio e inclusivo, con seriedad y responsabilidad y no de manera intempestiva. Para ello, es esencial la participación y consenso de todos los actores involucrados, tanto del ámbito político como de las empresas y sindicatos”, estimó.

“Creemos que el ámbito propicio para abordaje de las modificaciones necesarias son los convenios colectivos de trabajo. Estos convenios, que en muchos casos se arrastran desde hace más de 60 años y, por lo tanto, necesitan de una modernización, no sólo se ocupan de los salarios, sino también de las condiciones laborales y la productividad”, indicó la UIC.

Finalmente, la UIC abogó por un proceso de modernización laboral integral, que considere cuestiones como la jornada y “busque un equilibrio entre las necesidades de los trabajadores y la competitividad de las empresas y el país de cara a un mundo cada vez más globalizado”.

“En tiempos complicados y de grandes desafíos, creemos que debemos centrarnos en priorizar otras urgencias macroeconómicas que afectan a la sociedad en su conjunto”, concluyó.

Rosario
En la provincia de Santa Fe, la Federación Gremial del Comercio e Industria de Rosario tildó de “inoportuno e intempestivo” el tratamiento de los proyectos.

“La discusión debe darse en un marco de participación amplia; estabilidad económica, social y política y como parte de una discusión más amplia que meramente la duración de la jornada”, enfatizó.

En el mismo comunicado, señaló además que la economía está convulsionada, con problemas de endeudamiento, regulaciones “que hacen casi imposible la operatoria de comercio exterior”, excesiva carga impositiva y “escaso o nulo acceso al crédito por parte de las PyMes”.

En ese marco, recordó que las PyMes hacen un gran esfuerzo para mantener los planteles de trabajadores, entendiendo la necesidad de brindarles la mayor seguridad y estabilidad posibles.

“Estamos atravesando un proceso eleccionario en el que todos los candidatos, con distintos matices, proponen hacer reformas al régimen de trabajo actual”, reseñó, y precisó que la jornada laboral de 48 horas semanales también se aplica en otros países de Latinoamérica, como Uruguay, Paraguay, México, Perú, Bolivia y Colombia.

“El único país con un desarrollo industrial y comercial importante que tiene su jornada reducida a 44 horas. semanales es Brasil”, añadió.

RRHH
Según un relevamiento de la consultora Bumeran, el 88% de los especialistas en Recursos Humanos del país cree que la tendencia a futuro apunta hacia una reducción de las horas de trabajo.

El estudio, que explora la reducción de la jornada, sus beneficios y dificultades, relevó la opinión de 691 profesionales de RRHH de la región, de los cuales 330 son argentinos.

Indicó que en Argentina 88% de los entrevistados consideró que la tendencia a futuro apunta hacía una disminución.

Ante la consulta sobre qué tipo de modalidad implementarían, el 52% seleccionó “reducir la cantidad de horas que se trabajan por día” y el 48% optó por limitar a cuatro los días laborales.

En cuanto a cuáles serían las principales dificultades, el 61% respondió: “Llevarla a cabo sin reducir los salarios”. Le siguen conservar la estructura de la organización; aumento del costo laboral; falta de tiempo para llevar a cabo las tareas; reducción de los salarios y merma de la productividad.

Países como Chile, Venezuela y Ecuador ya aprobaron leyes que establecen una jornada laboral de 40 horas semanales, aunque su implementación se realiza de manera gradual.

En Diputados, Juntos por el Cambio anticipó sus reparos a los proyectos. Si bien se mostró de acuerdo con la idea de modernizar la legislación laboral, la principal fuerza opositora manifestó que el proceso debería ser progresivo y atendiendo a la heterogeneidad propia de los sectores productivos argentinos, para no afectar a las PyMes. 

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