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Pymes advierten de que “no es real” tope de 500% para la suba del gas en industrias

CONFERENCIA. Referentes de Apyme explicaron ayer el contenido de la medida judicial presentada
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Así lo indicó el titular de la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (Apyme), Eduardo Fernández, al señalar ciertas inconsistencias que tiene la última normativa dictada por el Ministerio de Energía, de aplicación todavía vigente. Asegura que el planteo judicial que iniciaron ayer puede llegar hasta la Corte Interamericana de Justicia

La Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (Apyme) presentó ayer por la mañana en los Tribunales Federales de la ciudad de Córdoba un amparo contra la aplicación de los nuevos cuadros tarifarios del gas. Por sorteo, la causa recayó en el Juzgado Federal N° 3, a cargo del doctor Miguel H. Vaca Narvaja.
En una conferencia de prensa realizada por la tarde en la sede local de la entidad, los dirigentes del sector abordaron el contenido y los alcances del amparo.
La conferencia estuvo presidida por el presidente de Apyme, Eduardo Fernández; el presidente de la Delegación Córdoba, Humberto Spaccesi; el gerente Roberto Ratti Merchante, y el letrado patrocinante, doctor Miguel Julio Rodríguez Villafañe.
“Lo que nosotros podemos observar, fundamentalmente, es que el tope de 500% en el aumento del gas, sobre el monto total de la factura -según la última resolución del Ministerio de Energía- no es real”, dijo Fernández en diálogo con Comercio y Justicia.
“El aumento se aplicará sobre el monto total de la factura y no sobre el componente. Pero a la vez, la resolución establece que la comparación se debe realizar sobre un mismo consumo de igual período del año pasado”, agregó.
“Pero, por la baja en la actividad, este año muchas industrias están consumiendo menos que en el mismo período de 2015 y aún así van a pagar más por metro cúbico. Entonces la suba será mayor, aunque se aplique ese techo, que no es real”, explicó Fernández.

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En tanto, el titular de Apyme también indicó en la conferencia de prensa de ayer que el propósito del recurso presentado es “que la Justicia federal se pronuncie sobre la legalidad del proceso de los cuadros tarifarios impuestos por el Gobierno nacional”.
Además, el amparo solicita la “impugnación de las audiencias públicas que, tal como están convocadas, contravienen las leyes vigentes y la Constitución Nacional”, dijo el empresario.
En este marco, Fernández observó que el nuevo cuadro tarifario, de carácter “confiscatorio, agrava sensiblemente la actual situación de baja en la actividad económica, con carencia de inversiones, suba permanente de precios, alta inflación, la importación abierta y demás aspectos que hoy ponen en situación de emergencia las pymes, el empleo y los sectores más desprotegidos de la sociedad”.
Por su parte, Rodríguez Villafañe explicó que la presentación está dirigida a que el conjunto de las micro, pequeñas y medianas empresas de todo el territorio nacional sean incluidas en el fallo de la Corte Suprema, que determina la retracción del cuadro tarifario impuesto por el Gobierno, hoy restringido a usuarios residenciales.
El letrado también informó que la presentación de Apyme solicita “un pronunciamiento sobre la incompatibilidad del ministro de Energía Juan José Aranguren en su función, en virtud de la Ley 25.188 de ética pública, ya que el funcionario posee acciones de las empresas que se benefician con los incrementos, títulos que aumentaron de enero a la fecha 37% en euros”. Por este motivo, dijo Rodríguez Villafañe, “todas las resoluciones de Aranguren deben declararse nulas”.
Por su parte, Roberto Ratti Merchante se extendió sobre la impugnación de la convocatoria a audiencias públicas. “Carecen del carácter participativo y federal con el que fueron instituidas”, observó el gerente al referirse a que los encuentros tendrán lugar sólo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en días y horarios no hábiles. “Tal vez a un ciudadano de Córdoba le toque hablar a las tres de la mañana de un día sábado… ¿cómo se va a enterar el resto de la población lo que se tiene para decir sobre un tema crucial?”, ejemplificó.
Ratti adujo además que la convocatoria “afecta tratados internacionales con jerarquía constitucional y resulta violatoria de los principios de razonabilidad enumerados en la Constitución Nacional; en particular contradice el artículo 75 inciso 23 de ésta, donde se ordena promover medidas de acción positiva que garanticen la igualdad real de oportunidades y trato, y el pleno goce y ejercicio de los derechos reconocidos”.
En tanto, Fernández aseguró que en este planteo presentado ante la Justicia “se han hecho todas las reservas para llevar el caso, si fuere necesario, hasta la Corte Interamericana de Justicia” (CIJ).

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