Niegan empleo “en negro” de 70%: “Pagarán justos por pecadores”, dicen

En la cámara del sector advirtieron que los controles de Afip no tienen en cuenta los mecanismos de tercerización y subcontratación, que son “legítimos” y muy utilizados en la actividad. Las empresas acusadas tienen 15 días para presentar descargo.

La Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip) inició la primera etapa de los controles por presunción laboral en el sector de la construcción cordobés. A partir del relevamiento de 26 obras, Afip concluyó que un 70% de los trabajadores no se encuentran registrados.

Esta cifra se obtuvo tras la aplicación del Indicador Mínimo de Trabajadores (IMT), que presume la cantidad de trabajadores requeridos por cada unidad de obra o servicio, según la actividad, de acuerdo con un período determinado de tiempo.

Para el sector construcción, se estableció que para una obra con plazo de dos años deben emplearse 3,2 jornales por metro cuadrado terminado.

Las 26 obras, correspondientes a cinco constructoras, fueron seleccionadas según una “matriz de riesgo” que apunta a los emprendimientos de mayor envergadura, que presenten grandes desvíos respecto de la media.

Si bien el IMT fue construido con el aporte de empresarios y representantes de los sindicatos, en la Cámara de la Construcción de Córdoba señalan que los controles no contemplan la realidad de aquellas empresas que optan por tercerizar tareas para ahorrar recursos.

“Lamentablemente, van a pagar justos por pecadores”, aseguró el contador de la cámara, Santiago Montoya. En ese sentido, Montoya indicó que “muchas obras emplean a monotributistas”, sobre todo en el caso de la construcción de edificios multifamiliares, que en Córdoba lideran el sector.

“La tercerización es un mecanismo que puede ser de utilidad y es totalmente legítimo”, afirmó Montoya a este matutino.

En tanto, el titular de Afip Córdoba, Santiago Cataldo, explicó a Comercio y Justicia que -una vez concluida la etapa de fiscalización- “las empresas cuentan con un plazo para presentar pruebas” y contrastar así los resultados de los controles, con la realidad particular de cada emprendimiento.

De esta manera, aquellos empresarios que no acuerden con las cifras arrojadas por la fiscalización, podrán recurrir la determinación en un plazo de 15 días. Si bien los empresarios manifestaron dudas sobre la posibilidad del IMT de poder contemplar todos los casos de contratación a los que se recurre en el sector construcción, Cataldo explicó que “indudablemente se evaluará cada caso particular”, según el tipo de construcción.

De todas maneras, Afip procedería a la etapa de determinación en aquellos casos en que la cifra de empleados no registrados se distancie de manera significativa de la media establecida para el sector.

“La presunción se aplica de manera restrictiva”, explicó Cataldo al respecto. En esa línea, el funcionario de Afip señaló que desvíos de un 10 o un 15% no resultan significativos. “En caso de que se presuma una media de 60 jornales y el contribuyente empleó a 55 trabajadores, no existiría gran distancia entre la realidad y lo declarado”,  ejemplificó Cataldo. Por su parte, el contador Montoya señaló que desde la Cámara de la Construcción declararon hace poco menos de un mes una postura conjunta del empresariado a favor del empleo registrado.

En ese sentido, aclaró que los empresarios apoyarán cualquier iniciativa para reducir la cifra de informalidad laboral, pero reclamarán “mecanismos de control que no castiguen a los que actúan de acuerdo con la ley”.

En tanto, en la Regional Córdoba de Afip aclararon que los controles tienen un fin social, más que de recaudación fiscal. “Estamos trabajando para defender los derechos de los trabajadores”, señaló Cataldo.

Córdoba en la mira

– En Afip reconocieron que Córdoba está “haciendo punta” con el IMT y que la aplicación del índice se extenderá progresivamente al resto de la provincias.
–  La etapa de fiscalización continuará con más controles a las obras de grandes empresas.
–  En la muestra seleccionada Afip también detectó evasión impositiva por 22 millones de pesos para lo que va de 2010.

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