ESCUCHAREl pedido deberá ser resuelto por el juez Ricardo Bustos Fierro. La acusación alcanza al ex titular de Drogas Peligrosas, Rafael Sosa, y a otros cinco policías. Les imputan varios delitos, entre ellos privación ilegítima de la libertad.
El fiscal federal de Córdoba, Enrique Senestrari, resolvió ayer elevar a juicio el expediente de la causa por presunta vinculación de seis policías provinciales de narcotráfico con la venta de estupefacientes.
Senestrari, acompañado por el titular de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar) de la Procuración General de la Nación, Félix Crous, anunció en conferencia de prensa en los Tribunales Federales de Córdoba el cierre de las actuaciones y el pedido de elevación a juicio de la causa.
La solicitud de enjuiciamiento, que ahora deberá ser resuelta por el juez federal Ricardo Bustos Fierro, alcanza a los policías en funciones al momento de ser detenidos a fines de 2013, Rafael Sosa, Gustavo González, Alfredo Seine, Franco Argüello, Fabián Peralta Dáttoli y Mario Osorio. De este acto quedó excluido Juan Viarnes, quien se encuentra prófugo.
Las imputaciones de los ex efectivos de Drogas Peligrosas de la Policía de la Provincia son por «asociación ilícita, violación de los deberes de funcionario público, falsificación de documentos públicos, falso testimonio y privación ilegítima de la libertad».
El comisario mayor Rafael Sosa, ex titular de la dependencia, está sindicado como cabecilla de “la asociación ilícita” por ser el que “ostentaba el grado más alto en la estructura policíaca”. En el auto de elevación a juicio, el fiscal especifica que “de la instrucción surge claramente que Sosa daba las órdenes”. Y añade que “son contundentes” las pruebas surgidas durante la etapa de instrucción de la causa. «Sosa siempre actuaba en su doble carácter de jefe de ambas organizaciones, la legal y la ilegal», escribió el fiscal.
Entre algunos de los hechos que se adjudican a los policías bajo las órdenes de Sosa figuran los sumarios policiales basados en información falsa y la incorporación de agentes encubiertos, como los casos de Juan Francisco Viarnes y de Daniel Córdoba, utilizados presuntamente como contactos con narcotraficantes y para “plantar” drogas en operativos policiales.
A ello se suman maniobras extorsivas a cambio de dinero, para “perjudicar o favorecer” en los procesos judiciales relacionados con drogas, al igual que el cobro de dinero para permitir la venta de estupefacientes en boliches nocturnos. En la causa también se menciona la “sustracción de pertenencias de los investigados, tales como relojes, objetos de oro, cadenas, dinero, etcétera,” en operativos.
“Esta organización generó informes ideológicamente falsos, manipuló las transcripciones de intervenciones telefónicas a los efectos de ocultar la presencia y la identificación del agente encubierto ilegal y de otras circunstancias de la investigación que pudiera comprometer su responsabilidad; prestaron declaraciones testimoniales falseando la información acerca de las diversas investigaciones realizadas”, sostiene el fiscal en el auto de elevación a juicio.
