ESCUCHARDesactivó el Fondo Compensador para el Interior. La medida, que apunta a reducir el gasto en subsidios, exige a las provincias y municipios a cubrir el bache o bien trasladar el faltante al precio del boleto. La Municipalidad de Córdoba estimó que la tarifa plana superará 1.100 pesos. Con todo, si la comuna sigue aportando, el valor sería de $600. No obstante, seguirán los boletos subsidiados. Habrá reclamos administrativos y judiciales
El Gobierno Nacional decidió eliminar el Fondo Compensador del Interior, a partir del cual se subsidiaba a las empresas de colectivos urbanos de todas las provincias.
La medida se suma al reciente aumento en los boletos de colectivos y trenes en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) debido al objetivo del Poder Ejecutivo de reducir considerablemente los subsidios al transporte.
La quita fue confirmada mediante un comunicado del Ministerio de Economía.
A partir de ahora, la ayuda se concentrará en los usuarios que más lo necesitan de forma directa a través de la tarjeta SUBE, con un descuento que alcanzará 55% de la tarifa del boleto.
La decisión generó la inmediata reacción de parte de las provincias y municipios, entre ellos Córdoba.
En ese contexto, el secretario de Movilidad de la Provincia, Gabriel Bermúdez, aseguró a Comercio y Justicia que la medida pone en jaque a todos los distritos del interior y cuestionó que mientras se elimina el Fondo Compensador para el interior, en el AMBA sólo se recortan esas partidas.
Por lo pronto, la Municipalidad de Córdoba -junto a un conjunto de municipios de otras provincias y también con gobernadores de diferentes signos políticos- avanzará con medidas administrativas en primera instancia y luego, llegado el caso, con acciones judiciales para evitar la pérdida de esos recursos que si bien habían perdido poder adquisitivo por su falta de actualización conforme a la inflación, igual eran claves para sostener en parte los costos del servicio.
Obviamente, esa estrategia tiene una dificultad. Los plazos para esos reclamos son ciertamente largos y los tiempos apremian.
Cómo impacta en lo inmediato
Sin los giros nacionales que para el caso del transporte urbano de la ciudad de Córdoba alcanzaban 7.800 millones de pesos mensuales en diciembre, el municipio debería incrementar 137 pesos el valor del boleto.
En definitiva, de los 340 pesos actuales debería pasar a 477 pesos.
Sin embargo, es probable que la Provincia que también venía aportando una cifra similar para el transporte urbano de la ciudad en función de un compromiso en que ambas partes debían poner por partes iguales, ahora difícilmente siga aportando para sostener al transporte en la ciudad. De hecho, la Provincia -como el resto de los distritos federales- sufren las consecuencias de la recesión y la caída de la recaudación.
Si Llaryora deja de poner los 7.800 millones de pesos que venía aportando a la ciudad, el boleto debería subir otros 137 pesos.
De esta manera, la tarifa debería ubicarse en 614 pesos.
Ahora bien, si a esos recursos que dejarían de ingresar se suman los casi 2 mil millones de pesos mensuales que aporta el municipio, el valor final de la tarifa sería de 1.111 pesos, confirmó Bermúdez.
La cifra, huelga señalarlo, sería impagable para la mayoría de los usuarios del servicio urbano en la ciudad de Córdoba.
Pero eso no es todo: si el municipio debiera afrontar el mayor costo para cubrir el aumento paritario de la UTA, reclamo que por estas horas se enmarca en la conciliación obligatoria dictada por el Ministerio de Trabajo, el aporte de la comuna debería superar 4.500 millones de pesos mensuales, cifra que hoy el municipio no está en condiciones de afrontar, golpeado por la caída de sus ingresos tributarios por la crisis.
“Por ahora no hay una decisión tomada pero cualquier medida que tomemos tiene que ser ejecutada en el cortísimo plazo”, reveló Bermúdez.
Si bien el funcionario evitó referirse a la evolución de la tarifa, lo más probable es que en los próximos días se produzca un aumento en torno a 600 pesos.
¿Y la SUBE?
Por lo demás, el comunicado emitido por el Ministerio de Economía hace referencia a que la estrategia apunta a pasar de subsidiar la oferta, esto es a las empresas, para pasar a subsidiar la demanda.
En ese sentido, se mantendrán los beneficios para quienes tengan las tarjeta SUBE y cumplan con una serie de requisitos vinculados a determinadas carencias de los usuarios, tal como ocurre en Córdoba con los denominados boletos subsidiados cuyos beneficiarios pagan una tarifa menor o directamente no abonan el precio del boleto.
“Las personas que utilizan el servicio y que necesiten del aporte del Estado nacional, seguirán contando con el Atributo Social en todo el territorio nacional donde funciona la tarjeta SUBE. Se trata de una asistencia que es igual para todos, vivan en el lugar que vivan, y que implica un descuento del 55% de la tarifa del boleto del transporte público”, indica el comunicado del Ministerio de Economía.
Pero Córdoba no tiene la SUBE pese a las múltiples gestiones realizadas desde hace más de dos años y las promesas del Gobierno nacional de implementar el sistema.
En ese marco y mientras se continúa con las gestiones para contar con la SUBE, Córdoba ciudad continuará con la Red Bus y con los boletos subsidiados, entre ellos el Boleto Educativo Gratuito (BEG), el Boleto para Adultos Mayores (BAM), el Boleto Obrero Social (BOS) y el Boleto Social Córdoba (BSC).
En todos los casos, esos boletos tienen mayores beneficios de los que rigen con la SUBE con los denominados atributos que sólo subsidian la mitad del precio del boleto.
De todas formas, en la Provincia esperan lograr la implementación de la SUBE, toda vez que, si se pone en marcha, el costo de los subsidios a esos atributos son cubiertos por la Nación y no por la Provincia.
En el caso del BEG, es un beneficio que sólo tiene Córdoba y por lo tanto debería seguir siendo subsidiado por la Provincia.
La llegada de la SUBE no es un tema sencillo. Por lo pronto, la compra e instalación de las tickeadoras tienen un costo de unos cinco mil dólares cada una. Multiplicados por los cerca de 800 colectivos, son unos cuatro millones de dólares que debería aportar la Nación.
La escasez de dólares y la decisión de Milei de acotar el gasto no parecen ir en línea con la pronta puesta en marcha del sistema.
¿Represalia?
Por lo demás, la medida tomada por el Gobierno nacional y difundida en la mañana de ayer fue interpretada desde algunos sectores como parte de las represalias del Gobierno de Javier Milei contra las provincias por el fracaso de la ley ómnibus en el Congreso.
Si bien es cierto que la decisión del Gobierno nacional era avanzar con la quita de subsidios en general a los diferentes servicios, el propio ministro Caputo había asegurado tiempo atrás que esa medida iba a ser gradual y se iba a completar en un plazo de dos años.
En ese caso, la determinación fue sin medias tintas y se concretó de una sóla vez.
La estrategia va en línea con las amenazas de Milei a las provincias y a los gobernadores que deberían hacerse cargo del ajuste, más aún luego de que los acusara, a parte de ellos, de ser los responsables del rechazo de la denominada “ley ómnibus” en Diputados.
De acuerdo a su sitio oficial, la SUBE funciona actualmente en 60 localidades de todo el país y no llega a todas las provincias. La Rioja, Tucumán, Misiones y Salta no cuentan aún con el sistema en ninguna ciudad.
Críticas
En efecto, la medida suscitó críticas de algunos mandatarios provinciales. Por ejemplo, el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, sostuvo que la eliminación de subsidios «incumple el Pacto Fiscal de 2017» y criticó que mantiene «fuertes asimetrías» entre el AMBA y el resto del país.
«La eliminación de subsidios de transporte para el interior del país, sosteniendo los del AMBA, incumple el Pacto Fiscal de 2017. Se mantienen fuertes asimetrías entre el conurbano bonaerense y el resto del país. Bienvenido el orden fiscal, pero debe ser equitativo», escribió Cornejo en su cuenta en X.
Por su parte, el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, señaló: «Otra vez nos dejan solos» y añadió que su provincia siempre fue discriminada en materia de subsidios pero, de igual manera, va a lograr «readecuar las tarifas y salir adelante».
