ESCUCHAREl oficialismo aceptó nuevos cambios que reclamaba la “oposición dialoguista”. La exclusión de dos capítulos claves, descomprimió la presión de un conjunto de legisladores que ahora votarían la norma. No obstante, las negociaciones continuaban sobre otros puntos conflictivos. Manifestaciones e incidentes en las afueras del Congreso
El Gobierno nacional volvió a otorgar nuevas concesiones al texto del proyecto de ley ómnibus en el segundo día de debate en la Cámara de Diputados, concretamente en el capítulo vinculado a las privatizaciones y a las facultades delegadas, y de esta forma quedó a tiro de lograr el aval en general de la norma.
La nueva redacción, que incluye varios artículos nuevos, atiende muchos de los planteos de la oposición dialoguista.
En el caso de las privatizaciones, el listado final de empresas que pueden ser vendidas bajó de 39 a 30. Estas incluyen tres empresas que sólo podrán ser privatizadas parcialmente: Banco Nación, Nucleoeléctrica Argentina y ARSAT, muy resistidas por la oposición dado que son consideradas estratégicas.
Entre las empresas que quedaron fuera de la lista se destacan Fabricaciones Militares, Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), Dioxitek, Fábrica Argentina de Aviones, Casa de Moneda, Radio Nacional de Universidad del Litoral, Servicio de Radio y Televisión de la Universidad de Córdoba, Vehículo Espacial Nueva Generación y Yacimiento Minero de Agua de Dionisio.
Por otro lado, el nuevo capítulo se divide en tres artículos, con sus respectivos anexos, con listados de empresas sujetas a privatización total y uno de privatizaciones parciales.
Esta división puede facilitar que la oposición pueda votar negativamente en casos acotados, sin hacer caer todo el paquete. Por lo tanto, se acerca a la posición de quienes proponían aprobar “empresa por empresa” las privatizaciones.
Para reforzar la transparencia del proceso de privatización, una Comisión Bicameral compuesta por seis diputados y seis senadores deberá ser informada por el Ejecutivo de la modalidad y el procedimiento escogido para vender las empresas, del pliego de condiciones 15 días antes de su publicación y cualquier circunstancia relevante que se produzca.
En tanto, señala que la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) y la Auditoría General de la Nación (AGN) actuarán en colaboración permanente con la bicameral.
Además, antes de que se inicie el proceso de privatización la Secretaría de Empresas y Sociedades del Estado de la Jefatura de Gabinete de Ministros, en coordinación con el Sindicatura General de la Nación, deberá elaborar y hacer público un informe integral sobre la empresa que contendrá información detallada sobre sus aspectos patrimoniales, económicos, financieros, y operativos. Este informe deberá ser remitido a la Comisión Bicameral.
En cuanto a las emergencias y las facultades delegadas, desde los sectores dialoguistas reconocieron que las posiciones se acercaron cuando el oficialismo eliminó la emergencia fiscal y previsional.
El proyecto declara la emergencia pública en materia económica, financiera, de seguridad, tarifaria, energética y administrativa hasta el 31 de diciembre de 2024. Este plazo podrá ser prorrogado por el Congreso por el plazo máximo de un año.
Por otro lado, el oficialismo decidió mantener -en el artículo 73- la derogación del artículo 1 de la Ley de Fortalecimiento de la sostenibilidad de la deuda pública (N° 27.612), conocida como “Ley Guzmán”, que ponía límites a la toma de deuda en dólares con legislación extranjera. Sin acuerdo con el radicalismo y HCF, ese punto se encamina a ser rechazado ya que defienden la potestad del Congreso de controlar al Ejecutivo.
Un debate caliente
La segunda jornada del debate de la ley ómnibus comenzó pasadas las 12 y amenazaba con extenderse hasta bien entrada la madrugada.
La intención del oficialismo era apurar el trámite y votar antes de la medianoche.
En ese marco, a las 18, ingresó al Congreso, sorpresivamente, Karina Milei, secretaria General de la Presidencia y persona de máxima confianza del Presidente. No llegó sola: la acompañó Lisandro Catalán, funcionario clave del Ministerio del Interior, y el vocero Manuel Adorni. “No sabía que venía”, le dijo a Infobae un diputado de peso en el PRO. Cuando la funcionaria y hermana de Javier Milei se instaló en el Palacio, ninguno de los presidentes de los bloques dialoguistas estaba en el recinto. En los corrillos legislativos se comenzó a hablar de un cónclave entre el Gobierno y la oposición.
Con todo, hasta bien entrada la noche continuaba la incertidumbre sobre la sanción de la norma y cómo quedaría el texto final.
Incidentes en la calle
Mientras se desarrollaba la sesión de Diputados para tratar la ley ómnibus, cientos de manifestantes volvieron a congregarse en las inmediaciones en contra de la sanción de la norma.
En ese marco, se produjeron disturbios y cruces con la policía que aplicó el protocolo dispuesto por el Gobierno para ese tipo de manifestaciones,
En esa línea, un grupo de diputados pidió que la sesión ingrese en cuarto intermedio y se defina su suspensión temporal hasta que no se termine la represión.
La legisladora Romina del Plá (Frente de Izquierda) solicitó la palabra y señaló: «En este momento están avanzando sobre las asambleas populares de la calle llenándolas de gases y de palos». Durante sus palabras, se vio el ingreso de sus compañeros de bancada, Miriam Bregman y Nicolás del Caño, quien profirió insultos. Por su parte, la ex candidata presidencial gritó: «Nos tiraron las motos encima. Esta es Patricia Bullrich al mando de la ciudad».
Su reclamo contó con la solidaridad de distintos bloques, entre ellos de varios legisladores de Unión por la Patria que se levantaron del recinto y fueron hacia la movilización en las inmediaciones del Congreso. Diputados de Unión por la Patria se retiraron del recinto para ir al Congreso.
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