ESCUCHARLa crisis financiera iniciada en 2008, pero también la gran liquidez actual del sistema bancario argentino y los debates suscitados alrededor del uso de reservas del Banco Central, hicieron resurgir la voluntad de diversos sectores de debatir un nuevo marco legal que ordene y regule la actidad financiera en el país. En ese contexto, el sector cooperativo presentó ayer en Córdoba -junto a organizaciones locales- los lineamientos del proyecto que se llevará en las próximas semanas al Congreso nacional para reemplazar la actual Ley de Entidades Financieras surgida hace más de 30 años. La iniciativa propone considerar la actividad como un servicio público, profundizar la asistencia crediticia a los sectores productivos -particularmente a las pymes- y federalizar los servicios y prestaciones de los bancos.
La presentación de los lineamientos del proyecto estuvo a cargo del dirigente Edgardo Form -del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos-, invitado a Córdoba por el Partido Solidario. La iniciativa será presentada en el Congreso por el diputado Carlos Heller. “Estamos puliendo los aspectos formales del proyecto, pero también queremos que se normalice la actividad parlamentaria para poder presentarlo”, comentó Form.
El proyecto apunta a reemplazar la actual ley 21526 de Entidades Financieras, una normativa que, junto a la Ley de Radiofusión, fueron parte de la columna vertebral del proyecto económico y político impulsado por la última dictadura militar. “Sabemos que no será un proceso sencillo, teniendo en cuenta que se trata de una ley que ha transitado los 27 años que pasaron desde la recuperación de la democracia con modificaciones parciales que no alteraron su sustancia, lo cual está indicando los grandes intereses en juego”, señaló el dirigente cooperativo.
Lineamientos centrales
Uno de los ejes vertebradores de la iniciativa es la concepción de la actividad finaciera que propone, pues apunta a darle un carácter de servicio público. Según la perspectiva del proyecto, la actual legislación deja las operaciones del sistema al arbitrio de los bancos, de acuerdo con su respectiva política comercial. En ese marco, éstos deciden sus operaciones a partir de su interés por la máxima ganancia.
“La ley actual está concebida en función del negocio bancario, no de las necesidades de la economía real ni, más particularmente, de las micro, pequeñas y medianas empresas y de los usuarios de los sistemas financieros, y eso hay que revertirlo”, subrayó Form.
Otro principio importante del proyecto presentado ayer está vinculado con la presencia territorial de los bancos. Sobre ese punto, el dirigente comentó que en la actualidad, según datos del propio Banco Central, existe una gran concentración de la presencia de las entidades financieras, pues 85% de ellas está en la Capital Federal y en las ciudades capitales de las provincias con mayor densidad poblacional.
Dada esta situación, los impulsores del proyecto consideran que uno de los desafíos principales es lograr la cobertura universal para toda la población y ampliar el alcance geográfico de los servicios financieros, lo que permitiría “desarrollar todas las potencialidades de nuestra economía y regiones, generar empleo decente y riqueza con inclusión social”, consideró Form.
Por último, la iniciativa propone además dar cabida a los distintos tipos de entidades bancarias -públicas, cooperativas, privadas nacionales y extranjeras y cajas de crédito-, pero “delimitar los alcances de cada una de ellas y evitar
