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La UEPC rechazará la oferta salarial y complica los planes de Llaryora

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El mandato de los principales departamentos de la provincia es contrario a la propuesta paritaria. Así, hoy, la asamblea general votará contra la mejora y resolverá un plan de lucha. El traspié obligará al gobernador a revisar la oferta en un contexto recesivo y con recaudación en baja

La asamblea general de la Unión de Educadores de la Provincia (UEPC) rechazará hoy la propuesta salarial elevada por la administración de Martín Llaryora y avanzará con el diseño de un plan de lucha que podría incluir un paro de actividades.

La determinación -que, en rigor, sólo se conocerá pasado el mediodía, parece indefectible en función del resultado de las asambleas departamentales llevadas a cabo ayer en los diferentes puntos de la provincia.

Esas votaciones resultaron mayoritariamente adversas respecto a la oferta salarial en discusión. Particularmente, el rechazo provino de los departamentos que tienen mayor peso por la cantidad de delegados con que cuentan, entre ellos Capital, Colón, Punilla y Río Cuarto, entre otros.

En ese contexto, la asamblea general de hoy se encamina a desechar la propuesta oficial.

En todo caso, el punto en discusión o aún sin resolución es saber cuáles acciones tomará el gremio en adelante.

Luego del paro del lunes pasado, producto del reclamo al Gobierno nacional por el recorte de fondos, en coincidencia con el inicio del ciclo lectivo, la incógnita es ver cuál será la estrategia para lograr una mejora en la oferta salarial.

Un nuevo paro es una posibilidad pero no está plenamente asegurado como alternativa.

Complicado

Como fuere, el rechazo de la propuesta salarial expone a Llaryora a un problema que si bien era una posibilidad cierta -el gremio docente es habitualmente díscolo en las negociaciones-, exige al Gobernador revisar la oferta y -eventualmente- sumar recursos, precisamente fondos que hoy no sobran en la Provincia de Córdoba.

Además, cualquier mejora en la paritaria que consigan los docentes, deberá trasladarse al resto de los gremios que ya firmaron sus correspondientes acuerdos.

Ahora la pelota quedó del lado del Gobierno. El lunes, en el marco del discurso por el inicio del ciclo lectivo en Córdoba, el Gobernador aseguró que la oferta “es una propuesta que incrementa el salario, no en la proporción de la inflación, pero es lo que podemos hacer en virtud a los recursos que tenemos” y aseguró: “Pero también con el compromiso de que después, cuando mejore la situación, nosotros les mejoremos los salarios a todos los docentes cordobeses”.

Respecto de la votación -por sí o por no- de los docentes, Llaryora dijo que espera que “se comprenda la situación” en la que está el Gobierno provincial y se valore que “en lugar de sacar” (en referencia a lo que hizo el presidente Milei con el Fonid) “se pone y se invierte”.

“Tenemos esta oferta, que esperamos que sea aceptada y también el compromiso para que cuando mejore la recaudación de la Provincia, les mejoremos el salario, no sólo a los docentes, sino a todos los empleados públicos”, agregó.

La propuesta de aumento reconoce la mitad de la inflación en cada uno de los meses en la que regirá (febrero, marzo y abril) y busca compensar el déficit con el blanqueo de algunos ítems, como el pago general de la “profesionalidad docente” y la eliminación temporal y parcializada de algunos de los “topes” salariales.

La complejidad de la propuesta producto del escalafón del sector docente, es difícil de comparar respecto a la que ya aceptaron el SEP y otros ocho gremios en la provincia.

Rascar la olla

Lo cierto es que para mejorar la propuesta salarial a los educadores, Llaryora debería destinar recursos extras que, por cierto, hoy no sobran.

Para colmo, los docentes constituyen el grupo más numerosos de los agentes públicos provinciales.

El panorama encuentra al Gobierno con una recaudación en baja en términos reales, con un déficit de la Caja de Jubilaciones creciente que no encuentra por ahora cobertura por parte de la Anses y con una quita de subsidios al transporte que exige un esfuerzo fiscal mayor para poder cubrir los costos del transporte.

En resumen, la situación es complicada para resolver y evitar un conflicto gremial con un sector clave para la Provincia.

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