ESCUCHARFueron 40,1% superiores a las del año pasado. En tanto, el monto total fue 53,6% mayor que en 2015. El más importante fue por $7,38 millones. Además, se oblaron $2,3 millones por diez expropiaciones del Camino del Cuadrado
El Ejecutivo provincial abonó en 2016 un total de 171,8 millones de pesos correspondientes a 1.013 demandas entabladas en su contra, cifra que representa 53,6 por ciento más que la oblada en 2015. En tanto, la cantidad de juicios pagados fue 40,1 por ciento mayor que el año anterior.
Así, el monto promedio por demanda abonado el año pasado fue de 169.600 pesos, frente a los 154.600 pesos del año inmediato anterior. En ambos casos, las cifras pagadas fueron sensiblemente superiores a las de años anteriores.
Así, en 2014 se cancelaron 717 juicios por 45,3 millones de pesos, mientras que en 2013 se pagaron 577 causas por 54,5 millones de pesos.
Debe considerarse que los montos pagados, más allá de la cantidad de demandas que involucran, se actualizan en función de intereses por lo que resulta obvio un aumento en las cifras finales.
En cuanto a las causas por mes, en enero se cancelaron ocho juicios por apenas un millón de pesos.
En tanto, en febrero ya subieron a 56 demandas por 4,3 millones de pesos; en marzo fueron 65 por 26,5 millones de pesos; en abril llegaron a 95 por 16,1 millones de pesos; en mayo hubo 78 pagos por 13,5 millones de pesos; en junio, 165 juicios cancelados (récord desde que se mide la serie) por 20 millones de pesos, y en julio, 128 por 7,5 millones de pesos.
Por su parte, en agosto se pagaron 133 demandas por 31,9 millones de pesos; en septiembre fueron 87 juicios por 11,2 millones de pesos; en octubre 51, por un total de 14,6 millones de pesos; en noviembre, 91 por 14,06 millones de pesos, y finalmente en diciembre se abonaron 56 sentencias por 11,19 millones de pesos.
Respecto al tipo de juicio, al igual que en períodos anteriores, hay de toda clase aunque algunos sobresalen por sus montos.
Así, el más elevado corresponde a la causa “Superior Gobierno de la Provincia c/Vettorazzi Rolando Ángel Usili Telma Mabel y otros”, por 7,38 millones de pesos. El expediente no especifica el motivo de la demanda.
En tanto, en otro caso se pagaron 6,3 millones de pesos en el mes de junio. Correspondió a una demanda de expropiación y se abonó a Establecimientos Five Agropecuaria y Forestal.
Asimismo, en marzo se cancelaron 6,08 millones de pesos en una demanda iniciada por Valdesolo Umberto, sin especificar por qué tipo de situación.
También fueron voluminosos los pagos a empresas constructoras, por ejemplo a José Cartellone, a la que se le pagaron 2,3 millones de pesos, o bien a Luis G. Bosch Empresa Constructora, a la que, también en marzo, se le abonó por tres causas un total de 7,1 millones de pesos, la más voluminosa por 4,9 millones de pesos, según figura en los datos oficiales.
En la misma línea, una demanda de la empresa Delta SA alcanzó 1,08 millones de pesos.
Por lo demás, otros sobresalen no tanto por los montos sino por los nombres.
Así, en la causa Ruda David c/Gobierno de Córdoba se pagaron 1,11 millones de pesos.
También otra de la “Dirección de Rentas c/Manubens Calvet Juan” Presentación Multiple Fiscal, apenas insumió 471,4 pesos.
En paralelo, la Provincia debió atender a diferentes expropiaciones, las más conocidas vinculadas con la traza del Camino del Cuadrado. Por ese concepto se terminaron pagando más de 2,3 millones de pesos correspondientes a 10 demandas.
Por lo demás, las causas abiertas y pagadas por la Provincia incluyen casos de todo tipo: mala praxis, enfermedades, accidentes laborales, honorarios, amparos por mora, despidos e incluso por daños y perjuicios contra el ex IPV.
Codere por las tragamonedas
La Provincia debió pagar 3,04 millones de pesos a la empresa Codere, en una demanda de vieja data.
Concretamente, la causa “Codere Arg. SA y Bingos Platenses SA y Entretenimientos Mediterráneos SA c/ Pcia. de Córdoba – plena jurisdicción”, se inició ante la Cámara Contencioso-administrativa de 2ª Nominación el 5 de junio de 2009 y tuvo por objeto que se declarara la nulidad del decreto Nº 528 de fecha 21 de abril de 2009, normativa que resolvió rechazar el reclamo administrativo formulado por la actora, por el que solicitaba la restitución del valor del depósito de garantía de impugnación.
Codere se había presentado en su momento en la licitación para la concesión y explotación de máquinas tragamonedas, concurso que luego se adjudicó a la Compañía de Entretenimientos y Turismo (CET), que se hizo cargo del negocio en diciembre de 2002.
La causa tuvo dos sentencias desfavorables para la Provincia.
El fallo de Cámara había ordenado, entre otras cuestiones, “condenar a la Provincia de Córdoba a devolver a la actora el mencionado fondo de garantía de la impugnación constituido por la suma de Pesos Quinientos mil ($500.000), con más los intereses fijados en el Punto XIII de la Primera Cuestión, en el plazo de cuatro (4) meses computados a partir de la aprobación de la liquidación pertinente, debiendo la demandada proponerla dentro del mes siguiente al momento en que adquiera firmeza la presente resolución, para su contralor por la parte actora. Todo bajo apercibimiento de ley (…)”.
En cumplimiento del resolutorio, la Provincia presentó la correspondiente liquidación y, una vez aprobada -el 24 de febrero de 2016-, se gestionaron los fondos, procediéndose al pago de de $3.045.465,43.
La Caja de Previsión y Seguridad Social de Abogados y Procuradores de la Provincia de Córdoba entabló demanda contra el Gobierno provincial y logró sentencia favorable en los autos caratulados como “cobro de cheques, letra o pagarés”. Recibió sólo $2.858,80.
