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La Justicia avaló planteo de Chubut por subsidios y Llaryora explora la misma vía

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Un juzgado Federal de Rawson ordenó al Ejecutivo sostener los aportes del Fondo Compensador del Interior para el transporte. Se prevé que esa acción, que puede ser apelada, será imitada por Córdoba, urgida por los recursos que Javier Milei resolvió cortar desde este año

La administración del gobernador Martín Llaryora analiza recurrir a la Justicia Federal de Córdoba para restituir los subsidios al transporte urbano e interurbano, luego de que el Gobierno de Chubut logró una medida favorable en las últimas horas por medio de una acción similar.

El dato fue confirmado a Comercio y Justicia por fuentes del Ejecutivo provincial, en el marco de los reclamos por el perjuicio que la medida adoptada por el Gobierno nacional generó en la Provincia y -en rigor- en el resto de las jurisdicciones.

De hecho, el corte de los subsidios derivó días atrás en un fortísimo aumento en el precio del boleto del transporte urbano de la ciudad de Córdoba que de 340 pesos pasó a 700 pesos. En paralelo, también motivó un alza extra de 44,3% en las tarifas del transporte interurbano que ya habían subido casi el 100% los primeros días de este año.

Los fondos que dejó de recibir la Provincia de Córdoba y que había cobrado en diciembre rondaban ocho mil millones de pesos. En tanto, por un acuerdo cerrado oportunamente con la Nación, la Provincia aportaba una suma similar.

Ese dinero iba a subsidiar principalmente al transporte urbano de la ciudad capital y en menor medida al interurbano.

Mientras, la Municipalidad de Córdoba aportó más de 2.500 millones de pesos que en el mes de enero pasado subieron y que en febrero rondarán cuatro mil millones de pesos.

Esos subsidios se utilizan no sólo para cubrir parte del costo del servicio que no se sustenta con los ingresos por corte de boleto sino también ahora para pagar el aumento paritario con la UTA que se encuentra en la última etapa de la conciliación obligatoria.

“La conciliación obligatoria pasó a cuarto intermedio hasta el 29 de febrero, última fecha con la extensión incluida”, explicó a este medio una fuente gremial. El miércoles fue la última audiencia en el Ministerio de Trabajo sin mayores avances.

“Con la caída de los subsidios, los empresarios aducen que no están en condiciones de cubrir los aumentos”, explican.

De hecho, el incremento que reclaman, en línea con el que ya se firmó para el AMBA, ya fue incumplido. “El martes 20 deberíamos haber cobrado 80 mil pesos y con los sueldos de enero una suba de 11%”, recordó una fuente. El planteo incluye otro 27% con los haberes de febrero y 34% con los sueldos de marzo, además de un no remunerativo de 350 mil pesos para llevar el salario de un chofer inicial a cerca de un millón de pesos.

Por el municipio, el secretario de Movilidad Urbana, Gabriel Bermúdez, ya anticipó que el precio teórico del boleto debería ubicarse en 1.111 pesos pero que, a partir de los aportes que sostiene la comuna, se logró “bajar” ese valor a 700 pesos.

Sin embargo, también aclaró que, en un contexto inflacionario como el actual y sin subsidios nacionales ni provinciales, el precio del pasaje podría volver a subir en el corto plazo.

Un dato no menor es la situación de la empresa ERSA que ya anticipó que dejará de prestar el servicio una vez que venza la concesión.

El plazo original del contrato fenece en marzo próximo por lo que restan pocos días para que eso ocurra.

Bermúdez, en una presentación que hizo en las últimas horas en el Concejo Deliberante, dijo que en principio la empresa Vía Bariloche estaría dispuesta a asumir los corredores de ERSA. Sin embargo, tampoco dio demasiadas precisiones.

La idea del municipio es extender los contratos de concesión por un plazo aún no especificado, hasta que las condiciones macroeconómicas se estabilicen y permitan llamar a una nueva licitación del servicio.

La presentación de Chubut

En cuanto al antecedente de Chubut, el Juzgado Federal de Rawson hizo lugar a una medida autosatisfactiva, ordenando al Poder Ejecutivo Nacional que se abstenga de dictar y/o ejecutar cualquier acto que persiga la eliminación y/o reducción del Fondo Compensador del Interior, tendiente a financiar el sistema interurbano de transporte. La acción había sido iniciada por Ignacio Torres, gobernador de la provincia patagónica.

La Secretaría de Transporte comunicó la decisión de disminuir el subsidio a las empresas prestatarias de Jurisdicción Nacional “para concentrar la ayuda a los usuarios que más lo necesitan de forma directa”.

Ante el impacto de la medida, diversos actores iniciaron acciones judiciales con la finalidad de retrotraer o suspender la iniciativa. En esa línea, el gobernador de Chubut interpuso una medida autosatisfactiva, tendiente a hacer cesar la decisión de eliminar/reducir unilateralmente el Fondo Compensador al Transporte Público.

El juez Hugo Ricardo Sastre interpretó que no existen únicamente en juego normas de contenido federal, en razón de que -a los fines de dotar de eficacia al fondo compensador- se habrían dictado normas de derecho local, que inclusive habrían necesitado ser ratificadas por decreto provincial, por lo cual, habilitaría su intervención y no la competencia originaria de la Corte.

Para el juez federal, sin la asistencia del Estado Nacional mediante el fondo compensador del transporte del interior, el sistema de transporte de pasajeros no resulta sustentable, puesto que su funcionamiento se encuentra hace años supeditado a las partidas presupuestarias remitidas por el Gobierno nacional.

A su vez, agregó que la eliminación del fondo compensador del transporte de pasajeros urbano y suburbano, carece de una medida paralela que amortigüe los efectos negativos que provoca en la economía de la accionante.

En ese orden de ideas, Sastre concluyó: «Encontrándonos próximos a la finalización del periodo estival y al inicio del ciclo lectivo 2024, época de más mayor demanda en el uso del transporte público de pasajeros, con una geografía, distancias y condiciones climáticas como la de la Provincia del Chubut, entiendo que el cambio en la política de subsidios al transporte de pasajeros urbanos y suburbanos instaurada por el Estado Nacional ha devenido inoportuna, siendo dicho accionar reprochable a la accionada y que torna viable el dictado de la medida requerida».

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