Lo indicó un nuevo informe de la consultora Ecolatina, al señalar que durante el mandato del Presidente electo vencerá alrededor de la mitad de los compromisos (incluyendo parte del préstamo del FMI), a los que deberán sumarse el pago de los intereses.
La deuda pública, que roza 90% del Producto Bruto Interno (PBI), será «uno de los mayores y más urgentes problemas que enfrentará» el Gobierno que encabezará desde el 10 de diciembre próximo Alberto Fernández, advirtió ayer un nuevo informe de la consultora Ecolatina.
Ese porcentaje incluye “obligaciones en manos del sector privado, organismos financieros internacionales y otras agencias estatales”, por lo que la nueva gestión deberá definir rápidamente una estrategia para encarar el problema, que “difícilmente logre maximizar el crecimiento” señaló el documento y agregó: “Esperemos que logre minimizar los daños».
En este sentido, el análisis anticipó que durante el próximo mandato presidencial «vencerán alrededor de la mitad de los compromisos, a los que deberán sumarse el pago de intereses de estas deudas», y precisó que «dentro de esos vencimientos, se incluye la devolución de buena parte del préstamo recibido del Fondo Monetarios Internacional (FMI) que deberá pagarse -conforme al cronograma vigente- entre 2022 y 2023».
Ecolatina también detalló que el Tesoro «deberá desembolsar en torno a US$38.000 millones (cerca de 10% del PBI) hasta junio”, considerando que “más de US$20.000 millones de estos serán por pagos de deuda relevante». Frente a estas cifras observó que «con el riesgo país por encima de los 2.000 puntos, no será posible refinanciar estas deudas»; el documento cuestionó «si se podrá conseguir el ahorro para pagarlas».
La consultora analizó asimismo, que «la recesión, los límites (económicos y político-sociales) a recortar el gasto y elevar la presión tributaria y el alto peso de la deuda en moneda extranjera abren interrogantes sobre la capacidad de pago del stock existente».
«El cierre absoluto de los mercados de crédito refleja las dudas que tienen los inversores sobre nuestro grado de solvencia», agregó.
En es marco, Ecolatina advirtió de que si «no se puede refinanciar las obligaciones (por lo menos, hasta convencer a los acreedores de lo contrario), el Gobierno tendrá tres posibilidades: elevar la presión tributaria, exigirles un ajuste mayor a las prestaciones públicas o modificar las condiciones de pago de los pasivos».
Sobre ese último punto, alertó que «el régimen impositivo actual y los contratos vigentes de actualización de prestaciones sociales, salarios y servicios públicos son incompatibles con el pago en tiempo y forma de las obligaciones, por lo que alguno de estos agentes deberá perder parte de los recursos que espera obtener».
Con esta coyuntura, y evaluando los que será la primera parte del Gobierno nacional, el informe sostuvo que teniendo en cuenta la «magnitud del problema en el corto plazo, es probable que encaren un programa que combine mayor contracción fiscal con una reestructuración de los pasivos. Así, el costo de este ajuste se repartiría entre las cuentas fiscales y los bonistas», aunque teniendo en cuenta que “dado que estos últimos son gran parte del sector privado local, una pérdida significativa de riqueza podría tener efectos contractivos sobre el nivel de actividad”.
En este panorama, “ajuste de las cuentas públicas también podría agravar la recesión”, por lo que se espera que la economía continúe cayendo a comienzos de 2020.
