La Cámara de Comercio de Córdoba (CCC) volvió a reclamar la urgente regulación de las manifestaciones en la zona del macrocentro de la ciudad, que, según denunció, afectan de manera directa la actividad en el sector.
En ese marco, informó que, según un relevamiento, en 2022 hubo 92 manifestaciones, de las cuales 79,3 por ciento interrumpió la calzada completamente, algo contrario a la normativa que señala que las movilizaciones pueden desarrollarse en tanto sólo interrumpan media calzada vehicular.
El número de marchas fue el segundo mayor desde 2018, sólo superado por las 123 que hubo en 2020.
La entidad recordó que desde ese año “son incesantes y numerosas” las gestiones que se vienen realizando a los fines de “propiciar una resolución definitiva al tema del uso de la vía pública durante las manifestaciones en el área central”.
En ese contexto, ayer, el presidente de la CCC, José Viale, junto a la directora General, Nadia Villegas, se reunieron con la jefa de Policía de la Provincia, Liliana Zárate Belletti, para “continuar trabajando de manera mancomunada con respecto a esta problemática”.
De acuerdo con el documento difundido, “la entidad reconoce y aprecia los esfuerzos de la autoridad policial actuando en cumplimiento de la normativa vigente, propiciando una modificación de la misma. La multiplicidad de organizaciones y la reiteración permanente de manifestaciones incrementan exponencialmente los daños que se producen”, señaló.
Recordó que las autoridades de la cámara ya se reunieron “en numerosas y reiteradas oportunidades” con Ministerio de Seguridad, Policía de la Provincia, fiscal General, Ministerio Público Fiscal y referentes de la Legislatura Provincial y del Concejo Deliberante -entre otros, Dante Rossi (UCR), Juan Manuel Cid (Hacemos por Córdoba), Juan Negri (UCR), María Rosa Marcone (Encuentro Vecinal)-, legisladores que a su turno elevaron diferentes proyectos de ley para regular las movilizaciones. Esas iniciativas fueron rechazadas por los gremios.
“El objetivo de estos encuentros y gestiones siempre fue el mismo: la necesidad de encontrar herramientas para la regulación de la libre circulación, defender el derecho de trabajar y, en definitiva, de mantener el orden público, propiciando el armónico ejercicio de todos los derechos”, indicó la CCC.
