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Griesa extendió su fallo a US$8.000 millones e insiste con la negociación

DANIEL POLLACK. El mediador lo anunció.
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El magistrado de Nueva York incorporó a 530 litigantes, haciéndolos partícipes del beneficio que en 2012 dictaminó en favor de los fondos buitres. Volvió a proponer que las partes busquen negociar ante el mediador designado.

El juez neoyorquino Thomas Griesa decidió agrandar el monto de fallo del «pari passu» a 8 mil millones de dólares, y también de su fórmula, que restringe el pago a los terceros bonistas del canje. Y nuevamente volvió a insistir en la necesidad de que Argentina y los fondos buitres se sienten a negociar “bajo el paraguas” del mediador designado, Daniel Pollack.

Griesa tomó el viernes último la decisión de agrandar el fallo pari passu que obtuvieron los fondos buitres en febrero de 2012 (que inicialmente era por 1.300 millones de dólares), a otros 530 litigantes con bonos en default de 2001. Estos centenares de bonistas, conocidos como los me too, están reunidos en 49 demandas y sus reclamos ascienden a un total de 6.150 millones de dólares. Debido a que los reclamos son actualizables, el monto total de ambos grupos -buitres y me too- alcanza a la fecha 8.000 millones de dólares, cifra que no es la definitiva y que podría seguir en aumento.

«Se ordena a la República a incluir a estos demandantes bajo la clausula pari passu a través de los pagos a prorrata, en cualquier momento ésta realice o intente realizar pagos a los bonistas que ingresaron al canje» 2005 y 2010, señala el nuevo fallo.

Con esta orden, Griesa volvió a repetir el error de aplicar una fórmula de pago «a prorrata» que fue condenada por la comunidad internacional debido a que, a raíz de un concepto rebuscado de «tratamiento igualitario», atenta contra cualquier proceso de reestructuración de deuda futura.

Esta arbitraria fórmula fue uno de los datos que dio sustento a la creación de los «principios para reestructuración de deuda de países» en Naciones Unidas, aprobados en septiembre.

Sólo está obligada si paga
Durante la última audiencia celebrada el 28 de octubre, Griesa se encargó de que el abogado de los fondos buitres, Robert Cohen, subrayara la definición y el alcance de la fórmula a prorrata que generó revuelo en el sistemas financiero mundial. Cohen explícitamente dijo que Argentina no está obligada a pagar ni un centavo si no quiere; sólo si paga a los bonistas del canje, también debe pagar a prorrata a los fondos buitre y en la misma proporción.

Es decir, si Argentina tiene un cupón de vencimiento y paga 100% de él a quienes ingresaron al canje, está obligada primero a pagar el 100% de la deuda judicial a los litigantes que ganaron el juicio. Es la famosa «deuda judicial», y constituye un vencimiento que no tiene plazos ni quitas (como sí los tienen implícitamente los valores cupones de los canjes de deuda), y hoy acumula -de un tirón- la friolera de US$8.000 millones, casi la tercera partes de las reservas totales de la Argentina. A simple vista, es un criterio muy desigual de «tratamiento igualitario».

Ahora bien, Griesa, quien le hizo subrayar a Cohen que sus decisiones fueron avaladas por la Cámara Superior, dejó claro también en la audiencia que Argentina tiene la opción de no pagar nada a nadie, y que de esa forma no estaría violando la cláusula de prorrata del pari passu. Lo que Griesa no dijo es que si hace eso, Argentina violaría otros contratos con terceros ajenos al “juicio del siglo”.

Precisamente Griesa obligó a Argentina a encontrarse en esta situación, al menos con tenedores de bonos del canje con ley extranjera, desde que el prohibió al Banco de Nueva York (Bony) transferirle fondos de los pagos efectuados por el Gobierno, en junio de 2014.

Dos salidas complicadas
Ante esta situación, que pone a la Argentina entre la espada y la pared, el país tiene dos salidas: o se declara nuevamente en incumplimiento con todos los bonistas, incluidos los del canje (y estaría cumpliendo así con la clausula de pari passu), lo que volvería a foja cero la reestructuración de la deuda, aunque ahora con el nuevo contexto de los Nueva Principios aprobados en Naciones Unidas; o se sienta a negociar con fondos buitres y los me too, que gozan de un fallo excepcionalmente inclinado a su favor.

Griesa no dijo nada de la primera opción y prefirió explayarse por la segunda, instando a las partes a sentarse a negociar.

Después de haber incluido en su último fallo a los me too, Griesa sostuvo que lo que hay en juego ahora «son grandes cantidades de dinero». Pero consideró que «negociaciones y acuerdos en los cuales estuvieron involucradas grandes cantidades de dinero y cuestiones difíciles han ocurrido en el pasado», durante la audiencia celebrada el 28 de octubre último.

Dijo que «el Tribunal, por supuesto, no puede ordenar un acuerdo; pero quiero decir en esta sala antes de que el grupo entero aquí que la manera de resolver este litigio en última instancia, tiene que venir a través de acuerdo». Y prosiguió: «A menos que la República esté dispuesta y sea capaz de pagar el 100 por ciento de los juicios y de las cantidades adeudadas a los demandantes, que la República no indica que se va a hacer; entonces debe haber un acuerdo», se explayó.

Y concluyó la exposición con párrafo de cara al advenimiento de un nuevo gobierno en Argentina, en el que dijo que «es muy importante que las partes, incluyendo la República, participen en las negociaciones del acuerdo. Y voy a suponer que lo que pudo haber sucedido en el pasado, acerca de negarse a participar en dichas negociaciones… tengo que suponer que esa actitud ha terminado con y que las partes interesadas, todas ellas, participarán en las negociaciones de acuerdos».

La “era post Rufo”
Vencida la cláusula Rufo en diciembre de 2014, que impedía a Argentina negociar, por un lado, y dada la inminente llegada de una nueva gestión, por otro, estas palabras de Griesa adquieren una connotación diferente de cuando las pronunciaba en el semestre del año pasado, a puro beneficio de sólo 13 litigantes, en su mayoría fondos buitres.

Ahora, con 543 litigantes y US$8.000 millones sobre la mesa, si bien su foco de atención sigue siendo el comportamiento de Argentina, lo cierto es que los fondos buitres y el resto de demandantes son también los que tendrán mayores incentivos para sentarse a negociar con un gobierno que se inicia.

Más allá de todo, lo que queda claro es que la saga continúa y continuará y se esparcirá por países con crisis de deuda, y por eso vale la pena recordar que ante la inexistencia de un sistema legal de quiebras de países, son las mismas naciones centrales las que ponen palos en la rueda para que un esquema multilateral cobre forma y dé respuesta a este tipo de situación.

Para Scioli, el juez opera

El candidato presidencial por el Frente para la Victoria, Daniel Scioli, consideró que la aceptación del juez Thomas Griesa de reclamos de bonistas contra Argentina es por «la expectativa que le genera» Mauricio Macri al juez. «Ésa es la expectativa que le genera el jefe de la Alianza (Macri) a Griesa», enfatizó Scioli, al apuntar contra la posición del candidato por el frente Cambiemos sobre el conflicto con los fondos buitres. Al ser consultado sobre el fallo, Scioli destacó, en declaraciones radiales: «Ahí están las primeras consecuencias cuando se puede dar esa posibilidad» de pago a los holdouts.

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