Gobernadores, funcionarios y legisladores del Frente de Todos (FdT) respaldaron hoy el pedido de juicio político al titular de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosatti, y demás integrantes del máximo tribunal que impulsa el presidente Alberto Fernández junto a mandatarios provinciales, al considerar que existen «sobrados elementos como para avanzar» en ese proceso.
Luego del encuentro que el jefe de Estado mantuvo ayer con mandatarios provinciales en la Casa de Gobierno, donde firmaron la iniciativa, el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, remarcó que «son escandalosos los chats entre (el estrecho colaborador de Rosatti) Silvio Robles y el ministro de Justicia y Seguridad porteño, Marcelo D’Alessandro», quien ayer pidió licencia para preparar su defensa en este caso.
En esas conversaciones, Robles le sugería a D´ Alessandro estrategias que debía emplear el Gobierno porteño en el conflicto con Nación por los fondos coparticipables.
Al enumerar otro argumento, el gobernador riojano consideró que el fallo en favor de la ciudad de Buenos Aires en el conflicto con la Nación por los fondos coparticipables constituyó «un atentado contra el federalismo», por lo que hay «sobrados elementos como para avanzar».
Por su parte, el gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, recordó que la líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, denunció en otras ocasiones a integrantes de la Corte Suprema y le pidió a la exdiputada nacional que «no tenga amnesia moral».
Carrió realizó distintas presentaciones de juicio político al expresidente de la Corte y actual integrante del tribunal, Ricardo Lorenzetti, durante el último gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y también en la presidencia de Mauricio Macri; sin embargo, ninguna de esas iniciativas prosperaron en el Congreso.
Melella consideró que «la Corte y Rosatti tienen una adicción a Juntos por el Cambio».
«Si Rosatti quiere hacer política, que sea candidato. Hoy tenemos una Corte escandalosa con un presidente que no puede seguir como si nada», apuntó sobre las conversaciones que se filtraron y fueron publicadas por diferentes medios.
Asimismo, Melella sostuvo que en la reunión de ayer entre el jefe de Estado y gobernadores «algunos no se sumaron por miedo», pero consideró que el poder real «si quiere, se los van a llevar puestos igual».
El comunicado difundido ayer por Presidencia impulsa de manera conjunta el juicio político a los cuatro integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, bajo la acusación de «mal desempeño de sus funciones» y «manifiesta parcialidad» a la hora de dictar fallos.
Ese comunicado lleva la firma de los gobernadores Axel Kicillof (Buenos Aires); Raúl Jalil (Catamarca); Jorge Capitanich (Chaco); Mariano Arcioni (Chubut); Gustavo Bordet (Entre Ríos); Gildo Insfrán (Formosa); Sergio Ziliotto (La Pampa); Ricardo Quintela (La Rioja); Alicia Kirchner (Santa Cruz); Gerardo Zamora (Santiago del Estero); Gustavo Melella (Tierra del Fuego), y Osvaldo Jaldo (Tucumán).
En tanto, el diputado nacional y exgobernador de San Juan, José Luis Gioja, aseveró que los gobernadores que apoyan el juicio a la Corte «defienden los recursos de sus provincias» y advirtió que quienes no lo hicieron «ponen otros intereses por delante de los de su gente».
A su vez, en un documento los vicegobernadores Rubén Dusso (Catamarca), Florencia López (La Rioja), Carlos Silva Neder (Santiago del Estero), Sergio Mansilla (Tucumán), Analía Rach Quiroga (Chaco) y Eber Solís (Formosa) respaldaron la iniciativa consensuada y señalaron que el «mal desempeño» de los miembros de la Corte está fundamentado en la «flagrante inobservancia a la Constitución Nacional en que ha incurrido el máximo tribunal».
Para el secretario general de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) y diputado nacional, Hugo Yasky (FdT), «es un hecho importantísimo que el Presidente haya tomado la determinación de iniciar este juicio político, más allá de lo que después depare el tratamiento».
«Hay muchas cosas que en la ciudadanía tienen que conocerse y este proceso lo va a facilitar. Hay un aparato de justicia en connivencia y subordinación permanente con el poder real», denunció Yasky, quien fustigó: «Rosatti más que presidente de la Corte es un jefe de la oposición».
El sindicalista consideró, además, que la conmemoración por el 24 de marzo servirá para visibilizar este proceso judicial y convocará a miles de ciudadanos.
Por su parte, la titular de la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados, Carolina Gaillard, aseguró que el proceso solicitado por el presidente a los integrantes de la Corte se llevará adelante «con mucha seriedad y transparencia».
La legisladora precisó que «no hay antecedentes de un juicio político a todos los integrantes de la Corte» y aseguró que el proceso será llevado «de la mejor manera con mucha seriedad y transparencia de cara a la sociedad».
La diputada explicó que aún no hay una fecha de reunión de la comisión prevista y que resta esperar «que ingrese el proyecto y se dicten el Decreto (del Poder Ejecutivo) para convocar las sesiones extraordinarias porque el Congreso está en receso».
«Creería que esta semana se firmará el decreto para convocar a extraordinarias. Una vez que suceda eso, podremos convocar a la comisión», precisó.
Asimismo, Gaillard explicó que la comisión tratará el proyecto y «dictamina por simpe mayoría si se abre la investigación».
«Para votar el dictamen y comenzar a sesionar no es necesario el quórum en la comisión. De los 31 miembros se necesitan 16, solo mayoría simple y con los votos del Frente de Todos es suficiente para avanzar», apuntó.
En ese caso, se comienza con la etapa probatoria, donde se presentan «pruebas documentales, testimoniales, inspecciones oculares» y otras evidencias.
«Se convoca al denunciado con toda la prueba para informarle su derecho de defensa. Allí se procede hacer el dictamen acusatorio de la procedencia o no de la acusación y se firma con simple mayoría», añadió.
En esa línea, explicó que después el proyecto va al recinto de la Cámara de Diputados, donde «se requieren dos tercios de los presentes para avanzar en la acusación», que, en caso de ser aprobada, se envía al Senado, «donde se juzga» al acusado.
