Fondos buitre: corte norteamericana busca establecer una “posición intermedia”

Apoyo. Edwin Kneedler, abogado del Departamento de Justicia de los EEUU, expuso ante la Corte la posición de apoyo del gobierno de Obama a Argentina.

La Corte Suprema de Estados Unidos intenta buscar un punto medio en la batalla entre Argentina y los tenedores de bonos. Los jueces se mostraron favorables a fijar límites en el requerimiento de los holdouts para acceder a información sobre los bienes de Argentina en el exterior.

En la mañana de ayer, el máximo tribunal norteamericano llevó adelante la audiencia convocada para analizar el fallo emitido por tribunales de Nueva York que avalan el pedido del fondo buitre NML Capital de obtener información de activos de un Estado extranjero.

Los magistrados escucharon argumentos sobre una cuestión relativamente concreta: si una nación soberana puede ser obligada a revelar cuáles son sus activos en el mundo, de modo que los demandantes puedan cobrarle mediante juicios en Estados Unidos.

La corte parecía inclinada a reducir las órdenes de los tribunales inferiores a favor de los tenedores de bonos para excluir propiedades diplomáticas, militares y de seguridad nacional de propiedad argentina. Al mismo tiempo, los magistrados indicaron que podrían ratificar las órdenes que atañen a propiedades comerciales fuera de Estados Unidos.

No obstante, el tribunal ofreció pocas pistas sobre cuál podría ser su decisión en otro caso más complicado que involucra a los mismos participantes: el Gobierno de Argentina ha apelado una orden judicial que lo obliga a pagar una demanda por 1.400 millones de dólares que -a su entender- podría destruir la economía del país y dañar al sistema financiero de Estados Unidos.

Hasta ahora los tribunales inferiores han respaldado a NML Capital Ltd., que obtuvo un fallo sin precedentes a su favor que bloquearía los pagos de Argentina a otros tenedores de bonos, a menos que pague primero a los demandantes.

El alto tribunal probablemente siquiera decida si acepta el caso antes de junio. Se espera que decida sobre el caso actual también para esas fechas.

Durante la audiencia, los magistrados expresaron su malestar tanto con las posiciones de los tenedores de bonos, que quieren información sobre todo lo que el país tiene en todo el mundo, como con Argentina, que reivindica una protección que no la obligue a revelar la información en virtud de la Ley Estadounidense de Inmunidad a la Soberanía Extranjera.

La posición argentina tuvo un apoyo decidido que fue expresado por medio del gobierno de Barack Obama, que se presentó mediante un recurso de amicus curiae. En ese contexto, Edwin Kneedler, abogado del Departamento de Justicia dijo a los jueces que un fallo a favor de los tenedores de bonos podría complicar la política exterior de Estados Unidos y poner en peligro los intereses estadounidenses en el extranjero.

“En una situación recíproca, Estados Unidos estaría muy preocupado” acerca de que un tribunal extranjero ordene al gobierno entregar información sobre todas sus propiedades en el mundo, dijo Kneedler.

Causa Discovery
Entusiasmo por el apoyo de la administración Obama mediante un amicus curiae

El jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, resaltó la novedad de que Argentina tenga como amicus curiae nada menos que al gobierno de los Estados Unidos a través del fiscal general adjunto en la llamada “Causa Discovery”, en la que se trata de interpretar la ley de inmunidad soberana con relación a los activos argentinos en el exterior.

En tanto, el secretario general de la presidencia, Oscar Parrilli, expresó su deseo de que la corte estadounidense “ponga un poco de racionalidad y sentido común” para que el país “pueda terminar exitosamente su reestructuración de deuda”, a la que se sumaron 93% de los bonistas con títulos públicos en cese de pagos en sendos canjes realizados en 2005 y 2010.

Parrilli agregó en declaraciones a Radio América que “el mundo financiero internacional va a estar a la espera” de lo que decida el máximo tribunal norteamericano porque su resolución “no sólo puede afectar a Argentina sino a todos los países que caigan en situaciones similares” a la que sufrió el país cuando, a raíz de una grave crisis, incurrió a fines de 2001 en una cesación de pagos de la deuda por unos 100.000 millones de dólares.

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