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Fallo por coparticipación a CABA adelanta el año electoral

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La decisión de la Corte Suprema empieza a marcar la cancha para los distintos actores de la política nacional. Rebaja de impuestos para unos y complicaciones para otros

El fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) que restituye los recursos de coparticipación que había recortado el presidente Alberto Fernández ha adelantado el cambio de año y empujado a todos de lleno al electoral 2023. De golpe se terminó la dulzura mundialista para enfrentar la dura realidad de la escasez de recursos para administrar el Estado.

La decisión de la Corte, si bien queda pendiente la cuestión de fondo, puede tener múltiples lecturas, sean políticas, económicas o jurídicas, pero las más decisivas para el año que empieza a asomar son las dos primeras: marca la cancha y asigna las fichas para que todos empiecen a jugar.

Lo que al principio parecía quedar circunscripto a los pasillos de la Justicia, salió expulsado al mundo de la política de masas al convocar el Presidente a los gobernadores. Aunque el mayor beneficiario de la decisión de quitarle la coparticipación a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) fue Axel Kicillof, gobernador de la Provincia de Buenos Aires, la Nación dispone de otros recursos que puede usar a discreción para ayudar y alinear a los mandatarios provinciales detrás de la necesidad de uno puntual -el que custodia el bastión electoral más importante para el oficialismo-.

Así, el mensaje del Presidente es bastante claro: se necesitan esos recursos para enfrentar el desafío de las urnas del año que viene. Fernández dejó ver rápidamente que las finanzas de la Provincia siempre son delicadas pero además obligará a Kicillof a hacer algo que no sabe, administrar bien los escasos recursos del Estado. Por eso hace falta que el resto de los gobernadores acompañe la jugada con la que se pretende enfrentar otro de los tres poderes del Estado.

En un año que se anticipa con turbulencias económicas, la decisión de la Corte de proteger cautelarmente los recursos de la CABA, obliga a que el Gobierno de la Provincia deba implementar ajustes que le permitan acomodarse al nuevo contexto. Quien recuerda el temerario recorrido de Kicilof a principios de su gestión (cuando se llegó a insinuar que se emitirían cuasimonedas) sabe que puede pasar cualquier cosa.

Por el lado del jefe de Gobierno de la CABA, el triunfo se lee en múltiples planos. Además de la batalla judicial que anticipa un posible precedente para el resto de las provincias, es un triunfo político que lo fortalece como líder de la oposición pero además pretende darle una nueva pátina, más liberal.

Cabe recordar que, al tomarse la decisión del recorte, las más altas luminarias del pensamiento jurídico del oficialismo salieron a esbozar argumentos sobre la condición de autonomía de la otrora Capital Federal, en un aparente intento de retrotraer el estatus de la polis a los tiempos previos a la reforma constitucional de 1994. Todo eso cayó a partir de esta cautelar, con lo que se fortalece al jefe de Gobierno y puede tomar decisiones en línea con lo que marcan las encuestas.

Horacio Rodríguez Larreta ya anunció una rebaja de impuestos, que contradice las políticas adoptadas hasta ahora por el Gobierno nacional y lo acerca -por simple cálculo electoral- a los nuevos sectores afines al liberalismo o el libertarianismo que parecen haber copado la escena como “lo nuevo” de la política.

De esta manera, la Corte parece haber puesto los dos bandos lado a lado, cada uno con sus recursos, listos para empezar la carrera.

Gobernadores

Fernández los convocó para hoy a las 12 del mediodía. Algunos -los de provincias menos desarrolladas- están muy molestos con la resolución judicial que afectará sus arcas en un año electoral.

Durante la tarde de ayer, algunos gobernadores expresaron a través de las redes sociales su descontento con la decisión. “El fallo de la CSJN sobre la devolución de fondos a CABA representa un golpe al federalismo. Los gobernadores no fuimos escuchados y fueron desconocidas las facultades propias del Congreso de la Nación, en un claro conflicto de poderes”, sostuvo el mandatario de Catamarca, Raúl Jalil.

“Necesitamos un federalismo real con recursos para que todas las provincias podamos seguir desarrollando nuestros lugares para el bienestar de la gente. Fallar a favor de (Horacio Rodríguez) Larreta significa menos recursos para las provincias y más recursos para la Ciudad más rica de la Argentina, que no produce ningún bien, solo brinda servicios económicos, gastronómicos y hoteleros”, indicó Ricardo Quintela, de La Rioja.

El santiagueño Gerardo Zamora fue uno de los que más mostró su enojo por la decisión de la Corte. “¿El federalismo? Pulverizado. La ciudad más rica simplemente se burla. ¿La República? Sin vigencia. A las facultades del Congreso… una cautelar y listo!!”

Las tres provincias gobernadas por los citados gobernadores son algunas de las que necesitan de los fondos coparticipables para funcionar, ya que sus sectores privados están escasamente desarrollados y buena parte del empleo es provisto por el Estado. A Córdoba la decisión no la afecta en nada, por lo cual se mantendrá siempre expectante, viendo de qué manera puede obtener mayores ganancias políticas.

En rigor, la medida no afecta a ninguna provincia, toda vez que los fondos en cuestión salían de la coparticipación primaria, esto es, previo al reparto a las provincias.

Larreta baja impuestos

El jefe de Gobierno porteño anunció que eliminará el impuesto a los saldos de tarjetas de crédito, establecido después del recorte de fondos de la coparticipación dispuesto a fines de 2020. Ese impuesto fue puesto en marcha con el Presupuesto 2021 para compensar la pérdida de recursos de la coparticipación, por el que los porteños pagan un impuesto de Sellos para las tarjetas de crédito, que representa hasta el momento 1,2% del total del resumen de los gastos realizados con ese medio de pago.

Además, recortará la alícuota de Ingresos Brutos que pesan sobre los intereses de los instrumentos de política monetaria, denominados Leliqs y pases. Esa medida, que le valió una demanda del Banco Central y de las asociaciones de bancos a la que la Corte Suprema también hizo lugar, está en 8% y pasará a 2,85%.

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