El Senado convirtió en ley, por 46 votos positivos contra 18 negativos, el proyecto que elimina el sistema privado de jubilaciones (AFJP)?y unifica todo en un mecanismo único de reparto estatal.
Por esta iniciativa, los más de nueve millones de afiliados a las diez administradoras privadas -aunque solamente poco más de cuatro millones aportan regularmente- pasarán al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) que se creará.
Sus aportes acumulados suman $90 mil millones, aproximadamente, a los que hay que agregar 15 mil millones de contribuciones anuales que pasarán a ser administrados por Anses. Éste es uno de los aspectos más cuestionados de la nueva ley, ya que la oposición denunció que ese organismo no tiene la capacidad técnica para manejar esos recursos.
Además, señalaron que el Gobierno podría recurrir a esos fondos para atender obligaciones de otro tipo, como el pago de la deuda externa, que el año próximo tendrá importantes vencimientos.
En el marco de la ola neoliberal imperante en la década pasada, el gobierno de Carlos Menem alentó la creación de cuentas privadas de capitalización, que ayer muy pocos legisladores defendieron, pues incluso muchos de los senadores que se opusieron lo hicieron cuestionando el articulado de la ley, haciendo la salvedad de que estaban a favor de un sistema estatal.
La defunción de esa ley se produjo sin la presencia de su mentor, ya que el ahora senador Menem se encuentra con licencia médica y no asistió a la sesión. Este cambio de paradigma tuvo un matiz paradójico, ya que uno de los miembros informantes por la mayoría fue el senador kirchnerista Julio Miranda, vicepresidente de la Comisión de Trabajo y Previsión, quien admitió que fue uno de los legisladores que en la década pasada votó a favor del sistema privado. “Reconozco con mucha sinceridad que voté ese cambio, creyendo que íbamos a conseguir el financiamiento del sistema previsional, pero sucedió todo lo contrario”, admitió el legislador por Tucumán.
Miranda agregó que “las propias AFJP reconocen que no se cumplió el anhelo” de lograr mejores jubilaciones con el mecanismo de las cuentas individuales de capitalización, y aseveró que con la vuelta al sistema de reparto se busca “dar seguridad y tranquilidad a los trabajadores”. Luego habló -también defendiendo el dictamen de la mayoría- el titular de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, el correntino Fabián Ríos, quien de entrada aclaró que el oficialismo no permitirá cambios al proyecto. Ríos dijo que “evidentemente el sistema privado fracasó”, y pasó a refutar los argumentos con que se instauró.
Agregó que al 77% de quienes se jubilaron por el sistema de las AFJP el Estado debe contribuir para que lleguen a cobrar el haber mínimo, y que eso le cuesta al fisco cuatro mil millones de pesos anuales. Asimismo, dijo que el sistema “fracasó en toda Latinoamérica”.
Por su parte, el jefe de la bancada de senadores radicales, Ernesto Sanz, advirtió que la eliminación de las AFJP constituye “una confiscación” de las cuentas individuales, y que “así lo interpreta la sociedad”.
A su vez, el salteño Juan Carlos Romero dijo que esta ley “constituye una apropiación de los fondos de la gente”, y denunció que actualmente se vive una situación de “default previsional encubierto”.
Finalemente, como otros legisladores, reclamó que se les devuelva a las provincias el 15% de los recursos coparticipables que transfieren a