EPEC y Nación ya negocian reclamos cruzados por más de $2 mil millones

Ya hubo dos encuentros para dirimir las reclamaciones mutuas. El paquete involucra diferentes puntos, algunos con alguna posibilidad de avance concreto. La idea es dar por cerrada la etapa administrativa y, en los temas en los que no hay acuerdo, liberar a las partes para iniciar la demanda judicial correspondiente. “Hay posibilidad de acordar algunos temas”, admitieron el ministro Fabián López y el titular de la EPEC, Jorge González. [privado] La Empresa Provincial de Energía de Córdoba (EPEC), la Secretaría de Energía de la Nación y la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa) abrieron finalmente un canal de diálogo para dirimir reclamos cruzados por más de $2 mil millones. Se trata de una etapa clave para acordar o bien dar por concluida la etapa administrativa de los reclamos y habilitar la vía judicial como alternativa al cobro de las acreencias. Las negociaciones fueron confirmadas a Comercio y Justicia por el ministro de Agua, Ambiente y Servicios Públicos, Fabián López, y por el titular de la EPEC, Jorge González. “Es un canal necesario para avanzar en reclamos que llevan años”, reveló López, quien se manifestó optimista sobre la evolución de ese ámbito. Es que, por lo pronto, el hecho de haberse sentado a negociar es ya de por si un avance en el marco de una relación mayormente difícil entre las partes. Prueba de eso es la cantidad de juicios iniciados en los últimos años por ambas jurisdicciones. En rigor, la tensión en la relación entre EPEC, la Nación y Cammesa no escapa a un contexto de diferencias político-institucionales entre Provincia y Nación, agudizada en los últimos años. Por lo pronto, el monto involucrado es ciertamente abultado y su percepción o no, al menos de manera parcial, es un tema de permanente discusión producto del impacto que podría tener en la situación de EPEC, por citar la parte que involucra a Córdoba. De hecho, cada concepto de los reclamos cruzados involucra decisiones cuyas consecuencias no sólo importan los montos retroactivos motivos de los planteos, sino criterios futuros que también tienen impacto monetario. “La primera reunión fue a fines de febrero y después nos volvimos a encontrar el 5 de marzo”, describió por su parte González, respecto a los contactos con las autoridades nacionales. Los planteos son los mismos que ya publicó este medio el 15 de diciembre pasado. Desde entonces, los montos se han incrementado levemente según el caso pero no se han sumado nuevos conceptos. Reclamos al por mayor El primer expediente que figura entre las exigencias es por “sobrecostos de contratos de gas natural y transporte”, entre junio de 2006 y enero de 2009. Ese trámite involucra un monto original de $15,6 millones, que se convierten en $64,9 millones si se suman los intereses con fecha de corte al 31 de agosto pasado. A la fecha, el monto es ciertamente superior. En tanto, por “sobrecostos del contrato de transporte de gas natural Gecor”, que originalmente correspondía a esa compañía que manejaba el Sindicato Regional y las cooperativas eléctricas, entre noviembre de 2009 y diciembre de 2013, el monto entre capital e intereses asciende a $73,6 millones. Asimismo, por “sobrecostos de contrato de gas natural YPF”, entre junio de 2006 y agosto de 2014, la suma total alcanza $109,8 milllones. También se contabiliza una multa por indisponibilidad de un transformador en la central Río Grande entre diciembre de 2012 y marzo de 2013, por $8,6 millones. En tanto, por sobrecostos de un “compensador sincrónico”, también de Río Grande entre 2011 y 2013, se incorporan $14,3 millones. El caso de la central Río Grande resulta clave para EPEC respecto al reconocimiento de la potencia generada a raíz de la particular capacidad de bombear agua desde un embalse inferior hacia uno superior, para luego generar energía. Paralelamente, por la “suspensión del contrato de Ciclo Combinado de Pilar a Ciclo Abierto”, entre julio de 2011 y diciembre de ese año, el reclamo llega a 78,9 millones de pesos. Al mismo tiempo, por “multa por indisponibilidad del Ciclo Combinado de Pilar”, correspondiente a “100% de la potencia de placa”, entre marzo de 2011 y agosto de 2013, $64,2 millones. También por Pilar, en este caso una “multa por indisponibilidad de la TG11”, entre septiembre de 2013 y mayo de 2014, la suma se ubica en 231,4 millones de pesos. Finalmente, por la TG11 también se realiza un reclamo por 29,1 millones de pesos. De esta forma, el reclamo del capital asciende a $442,3 millones, que con intereses al 31 de agosto llegan a $675,2 millones. Asimismo, EPEC mantiene un reclamo por costos y sobrecostos pendientes de reconocimiento en tanto empresa distribuidora. El monto llega a $187,3 millones entre capital e intereses, con exigencias desde octubre de 2008. Se incrementa así a 862,5 millones de pesos. Con todo, el reclamo más abultado se vincula con la aplicación de la denominada Resolución 220 de la Secretaría de Energía. Esa norma permite, a la nueva potencia que se sume al mercado eléctrico, obtener una mejor remuneración, muy superior a los montos que paga Cammesa al resto de las generadoras. La EPEC siempre consideró que esa Resolución debió aplicarse para la central Pilar pero nunca hubo un reconocimiento ni de Cammesa (sociedad en la que la Nación tiene 20% de las acciones) ni de la Secretaría de Energía a esas exigencias. Por ese concepto, el monto entre febrero de 2012 y agosto pasado, con intereses, llega a $1.175,5 millones. De esta forma, el reclamo total se sitúa en $2.038,07 millones -valores quea la fecha se ubicarían levemente por encima-. En los últimos años, sólo el reconocimiento de un cambio en la “potencia de chapa” de Pilar es el único logro exhibible, traducido en un ahorro concreto para la EPEC, tras el “error” de haber elevado a Cammesa una potencia para la central Pilar que, salvo excecionalmente, nunca podía cumplir. Más allá de los reclamos por hechos ya ocurridos, en el caso del reconocimiento de costos por generación de Río Grande o de Pilar resultarían claves no sólo si se validan pagos retroactivos sino sobretodo a futuro, por los ingresos extras que implicarían para la EPEC. El planteo de la contraparte Por el lado de Cammesa y Nación, el monto del reclamo se ubica prácticamente en línea con el de la EPEC. La principal acreencia que exigen está judicializada y se vincula con la denominada Resolución 2016 por el precio mayorista de la energía. Paralelamente, exigen el pago de deuda corriente por la venta de energía a EPEC. En el caso del primer reclamo, se trata de una normativa emanada de la Secretaría de Energía que exigió a EPEC afrontar un fuerte incremento del precio de la energía como empresa distribuidora. Supuestamente, ese aumento debía ser transferido por la EPEC a los usuarios. La compañía judicializó el tema por supuesta discriminación y arbitrariedad en el monto que pretendía cobrar Cammesa. Hoy rige una cautelar que fue prorrogada en febrero pasado y por seis meses hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo. En definitiva, sólo por ese concepto, al cierre del año pasado sumaban $1.143 millones. [/privado]

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