jueves 5, diciembre 2024
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Comercio y Justicia 85 años

Empresarios advierten que se generaliza tributo “a la valija”

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Aseguran que se han sumado nuevos casos. Ponderan el fallo del TSJ aunque descreen que frene el mecanismo. La CIMCC recomendó iniciar demandas. Esperan que el Gobierno avance con el Código Tributario provincial.

Entidades que nuclean industrias y comercios de la provincia advirtieron que se ha ampliado el número de municipios en la provincia y en el resto del país que avanzan con el cobro del denominado impuesto “a la valija”.

En ese marco, calificaron de importante el reciente fallo del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) que avaló el criterio de la Corte Suprema respecto al tema y de esta forma modificó su pronuciamiento original, por ahora a favor de una empresa en contra de la Municipalidad de Córdoba.

Con todo, admitieron que el pronunciamiento difícilmente termine con la percepción del tributo, al menos en el mediano plazo, y coincidieron en la necesidad de que el Ejecutivo provincial resuelva la puesta en marcha de un código tributario provincial que -según adelantó días atrás a este medio el ministro de Finanzas, Ángel Elettore- buscará ordenar en una primera instancia aspectos generales respecto al cobro de tasas entre los municipios.

En tanto, en el caso de la Cámara de Industriales Metalúrgicos (CIMCC) se puso a disposición de los asociados asesoramiento jurídico para que avancen en eventuales presentaciones judiciales contra la obligación fiscal.

La consulta a las entidades realizada por Comercio y Justicia se produjo tras conocerse, el viernes último, el fallo del TSJ en el caso “Laboratorios Raffo contra la Municipalidad de Córdoba”, en el que el Máximo tribunal avaló ahora la pretensión de la empresa y luego del pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia sobre el caso.

En ese marco, la Unión Industrial de Córdoba (UIC) analizó en reunión de Comité Ejecutivo el nuevo escenario tras el fallo judicial.

“Es un cambio importante. Un avance. Pero creemos que es un tema que no se va a acabar. De hecho hemos iniciado un relevamiento entre los asociados y hemos detectado que hay nuevos casos, más municipios no sólo de Córdoba sino de otros puntos del país en donde se está cobrando el tributo”, señaló a este diario Ércole Felippa, titular de la entidad, e instó a la Provincia a avanzar en el prometido nuevo Código Tributario provincial.

“Creemos que más allá de las autonomías municipales, este nuevo ordenamiento puede complementar el fallo del Tribunal Superior”, consideró.

De todas formas recordó que el pronunciamiento del TSJ sólo tiene vigencia para Córdoba. “Hemos detectado muchos casos en otras provincias como Mendoza, Jujuy… En Resistencia, Chaco, por ejemplo, cobran una tasa que está bien encuadrada,  pero la base imponible suma otros conceptos que exceden la facturación por movimientos comerciales en el lugar. Hay también tasas de publicidad y propaganda y otros tributos, en algunos casos muy discrecionales. Es necesario ordenar el tema no sólo en Córdoba sino también en todo el país”, resumió el presidente de la UIC.

La entidad por ahora no ha instado a iniciar acciones judiciales. “Hay una multiplicidad de casos diferentes. Vamos primero a concluir con el relevamiento”, aseveró.

Por su parte, Rubén Martos, de Fedecom, dijo que, según datos recabados por la entidad, son al menos 12 los municipios que cobran el tributo en la provincia.

La entidad también avanza con un censo entre los asociados e incluso realizará una presentación ante el defensor del Pueblo de la Provincia.

Asimismo, Martos alertó sobre la tarea de estudios de abogados que brindan servicios para los municipios.
“Tenemos el caso de dos mayoristas a los que les llegó una intimación de un estudio de abogados para que señalaran a quién compran y a quién venden. Les recomendamos que no respondan porque no estaba plenamente acreditado que fuera el municipio el que intimó”, graficó.

El trabajo de estudios profesionales es clave en la percepción del tributo. Es que, según admitieron los empresarios, los bufetes apuntan a las urgencias de muchos municipios exigidos desde lo financiero y que requieren fondos sin medir las reales consecuencias futuras por fallos adversos, más aún ahora, tras el pronunciamiento del TSJ.

“El tema es que hay asociados que son empresas de menor rango y que por ahí pagan porque no quieren entrar en una disputa judicial. Los municipios también se aprovechan de esa situación”, consideró Martos.
En tanto, el titular de la Cámara de Industriales Metalúrgicos, Emilio Etchegorry, aseguró que en apenas tres días de relevamiento entre los asociados, ya se encontraron con 70 casos de empresas damnificadas, entre autopartistas y fabricantes de maquinaria agrícola. “Vamos a avanzar por dos vías: por un lado, con asesoramiento jurídico para que realicen eventuales presentaciones judiciales; pero también desde el plano político, porque es necesario que el Gobierno ordene de una vez por todas esta situación”, explicó.

Paralelamente, la Cámara de Comercio y Apyme, también manifestaron su preocupación por la persistencia en el cobro de la tasa.

Municipalidad de Córdoba
Evaluará el criterio a seguir tras el fallo adverso

çLa Municipalidad de Córdoba analizará mañana las consecuencias del fallo adverso del Tribunal Superior de Justicia respecto a la causa “Laboratorios Raffo”, al tiempo que también estudiarán los pasos a seguir con relación al resto de las demandas en curso.

El asesor letrado municipal, Carlos Varas, adelantó a Comercio y Justicia que el encuentro se concretará desde las 9, junto a funcionarios de Economía.

“El TSJ mantuvo el criterio respecto a que se trata de un impuesto más allá del fallo adverso en función del pronunciamiento de la Corte. Vamos a analizar el monto que habría que restituir (a Laboratorios Raffo) y también qué criterio seguiremos respecto al resto de las demandas”, señaló.

Según había señalado oportunamente el ex subsecretario de Ingresos Públicos, Fidias Sanz, el impuesto “a la valija” aportaba un importante caudal de recursos al municipio y, más allá del fallo de la Corte, la intención era seguir con la percepción de la obligación. Ahora, la situación podría variar.

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