ESCUCHAREntidades que nuclean a la industria, el comercio, la banca, la construcción y la Bolsa de Comercio advirtieron que el decreto presidencial que, entre otros puntos, triplica las indemnizaciones por accidentes laborales “incrementa los costos laborales, agrava el acuciante y creciente problema de la litigiosidad y pone en riesgo a miles de empresas y sus fuentes de trabajo”.
En ese marco, lamentaron que “luego de cinco años de negociaciones no se haya arribado a una solución consensuada para resolver un problema clave que hace a la supervivencia de las empresas, principalmente pequeñas y medianas”.
Al respecto, exhortaron al Gobierno Nacional a “generar las modificaciones normativas necesarias para fortalecer el sistema de riesgos del trabajo a fin de proteger efectivamente a los trabajadores, brindar horizontes previsibles a la producción y evitar la artificiosa litigiosidad contra las empresas”.
El comunicado en referencia al decreto 1694/2009, firmado por la presidenta Cristina Fernández, fue rubricado por la Cámara Argentina de Comercio (CAC), la Asociación de Bancos de Capital Argentino (Adeba), la Cámara Argentina de la Construcción (CAC), la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y la Unión Industrial Argentina (UIA).
La semana pasada, la jefa de Estado firmó el decreto que modifica el sistema de ART por el cual se triplica el tope para el pago de indemnizaciones por accidentes laborales.
Las empresas señalaron que con los fallos de la Corte Suprema -que declararon la inconstitucionalidad de algunos artículos de la ley de ART- "se generó un vacío legal que se tradujo en la proliferación indiscriminada de reclamos judiciales, con un crecimiento exponencial de los juicios laborales, que en el período enero-septiembre alcanzaron a 70 mil causas".
"Esta situación sigue sin resolverse, afectando la continuidad de miles de empresas", aseguraron.
Según las entidades, el decreto establece una actualización de los montos indemnizatorios, “tal como el sector empresarial ha propuesto en reiteradas oportunidades, incluso antes de los citados fallos de la Corte”.
No obstante, el comunicado advierte sobre los alcances de la decisión adoptada.
“Lamentablemente, este decreto no limita, sino que incentiva la proliferación indiscriminada de los reclamos judiciales al elevar los montos cubiertos por el sistema, y mantener la posibilidad de acumular indebidamente estos beneficios con los que eventualmente se obtengan mediante litigios por la vía civil”.
Asimismo, alertaron sobre el hecho de que la norma, “de opinable constitucionalidad atento a su carácter reglamentario, incrementa los montos de pago único, modifica la base de cálculo del salario de la prestación, y adicionalmente elimina los topes, estableciendo además ‘pisos’, todo ello alterando la esencia de la ley y generando un injustificado y sustancial incremento de los costos laborales”.
En esa línea, aseguraron que la situación afectará “en forma más gravosa a los accidentes in itinere, sobre los cuales el empleador es injustificadamente responsable de su cobertura”.
“Esta situación afectará principalmente a las pequeñas y medianas empresas, con mayor incidencia en las localizadas en el interior del país, generando adicionalmente un mayor incentivo al trabajo informal”.
Soluciones en la mira
Las entidades sugirieron posibles cambios para mejorar el régimen actual.
Al respecto, instaron a “fortalecer un sistema que proteja a los trabajadores y a las empresas
