ESCUCHAREl Estado nacional, las tres centrales obreras y las empresas discutieron ayer por la tarde un nuevo piso de remuneraciones, que impactará también en prestaciones por desempleo, algunos programas sociales y jubilaciones
La reunión de la que participaron ejecutivos de cámaras empresariales y sindicalistas se realizó de forma virtual y estuvo encabezada por la ministra de Trabajo, Raquel “Kelly” Olmos. Los tres aumentos harán subir el salario mínimo vital y móvil (SMVM) hasta $105.500; en agosto quedaría en $112.500 y en septiembre, en $118.000, tras lo cual habrá en esa instancia una nueva discusión. Actualmente el SMVM es de 87.987 pesos. Así, el incremento -tomando como base junio- será de 34% hasta septiembre.
La votación contó con 30 votos a favor, uno en contra (Hugo “Cachorro” Godoy, de ATE) y una abstención (Hugo Yasky, secretario General de la CTA de los Trabajadores).
«Si el problema es el déficit, que aumenten los salarios y que les cobren impuestos a las grandes empresas exportadoras, financieras, que son las que están aumentando sus ingresos de manera extraordinaria», dijo Godoy.
Al ser consultada respecto de la abstención en la votación de la CTA del diputado nacional oficialista Hugo Yasky y del rechazo de la CTA Autónoma de Hugo Godoy, la ministra Olmos sostuvo que «es una interpelación para continuar trabajando para mejorar este ingreso», y aseveró que, además, ello ratificó que «existe plenamente la democracia».
Según la ley de Contrato de Trabajo, el SMVM tiene tres características: es la menor remuneración que debe percibir en efectivo el trabajador sin cargas de familia por su jornada laboral; debe asegurarle alimentación adecuada, vivienda digna, educación, vestuario, asistencia sanitaria, transporte, esparcimiento, vacaciones y cobertura previsional, y debe ajustarse periódicamente de acuerdo con las variaciones del costo de vida.
Impacto
En términos prácticos la actualización del piso remunerativo tiene una influencia mayor en el gasto del propio Estado que en el mercado laboral del sector privado. Esto sucede porque algunas de las prestaciones sociales que otorga el Poder Ejecutivo están atadas a ese valor, mientras que la mayoría de los convenios colectivos de trabajo ya tienen salarios que están por encima de ese monto. Entre esos programas sociales están las becas Progresar, el Potenciar Trabajo y los seguros de desempleo.
El Consejo del Salario había establecido aumentos del SMVM durante todos los meses del año. En diciembre del año pasado, la remuneración mínima que se podía pagar a los trabajadores era de $61.953. Luego, el monto ascendió a $65.427 en enero, a $67.743 en febrero, a $69.500 en marzo, a $80.342 en abril, a $84.512 en mayo y a $87.987 en junio.
En la primera mitad del año el SMVM tuvo un incremento de 42% frente a una inflación que, tras la publicación del IPC de junio, llegó a 50,7%. Es una pérdida de seis por ciento con respecto a la inflación del primer semestre. Si se lo compara con la Canasta Básica Alimentaria (CBA), que el Indec utiliza para elaborar el índice de pobreza, la caída rondaría nueve por ciento.
Con el incremento de 34% en un trimestre se espera una recuperación en términos reales del haber mínimo y de los beneficios del Potenciar Trabajo que corresponden a 50% de aquél.
Por otra parte, según las proyecciones que surgen del Relevamiento de Expectativas del Mercado que difunde el Banco Central, la inflación en el mes de julio será de 7,6%, la de agosto de 7,5% y la de septiembre del 7,8% totalizando una inflación de 24,7% en ese período. Si se cumplieran esos pronósticos el haber en septiembre quedará empatado con la suba de precios interanual. El dato negativo es que -de cumplirse esos pronósticos y si se aplicara a la evolución de la canasta básica alimentaria- desde diciembre de 2019, cuando asumió el actual gobierno, se produciría una caída en términos reales de 16,8%.
