El Parlamento de España aprobó hoy una controvertida reforma laboral que facilita y abarata el costo de echar a empleados y que según el gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero es crucial para combatir el alto desempleo e inspirar confianza externa en la economía española.
La reforma, aprobada ya por decreto, fue avalada hoy gracias a la abstención mayoritaria de los partidos de la cámara y solamente con los votos a favor del oficialismo, en un resultado que reflejó la creciente soledad del gobierno de Zapatero a un mes de haber sacado adelante un polémico plan de ajuste por un solo voto.
Zapatero y el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) buscan desesperadamente resucitar una economía doméstica floreciente hasta hace apenas dos años y calmar así a inversores y a un mercado temeroso de que los agudos problemas financieros de España arrastren al país a una crisis de dueda similar a la de Grecia.
Con la desocupación en España por encima del 20%, el paquete de reforma, que facilita y abarata el despido de trabajadores, fue aprobado por 168 votos a favor, 8 en contra y 173 abstenciones.
Los únicos votos favorables fueron los del PSOE, y un legislador oficialista -un ex líder sindical- se abstuvo, en un quiebre inusual de la disciplina partidaria.
Las reformas estaban vigentes desde que fueran aprobadas por decreto del Ejecutivo, la semana pasada, luego de que fracasaran largas negociaciones entre empresariado, sindicatos y gobierno y de que la agencia Fitch rebajara la calificación de riesgo de la deuda de España por segunda vez en una semana.
La votación de hoy convalidó el paquete de reforma laboral con un procedimiento especial que incluyó un largo y encendido debate pero que no permitía introducir enmiendas al texto del gobierno.
Ahora pasará a tramitarse como proyecto de ley con carácter de urgencia, lo que propiciará un debate en la cámara y permitirá modificaciones, que es a lo que aspiran los abstencionistas, según dijeron hoy. La nueva ley podría estar aprobada en agosto. Hasta entonces, no obstante, está en vigor el decreto.
«No tengan ninguna duda, las medidas contenidas en el decreto contribuirán a la creación de empleos», dijo el vocero del bloque socialista en el Congreso, José Antonio Alonso, citado por la agencia de noticias DPA.
El gobierno estima el coste de la aplicación de la medida en más de 700 millones de euros hasta 2012 y prevé la firma de 2,37 millones de contratos indefinidos desde julio hasta fines de 2011.
Contra esta reforma, los sindicatos convocaron a una huelga general, pero recién el próximo 29 de septiembre. (Télam)
