ESCUCHARUn estudio privado estimó que el proyecto de blanqueo laboral impulsado por el Gobierno nacional, que actualmente se debate en Diputados, aumentaría el gasto de las empresas en más de un 50%.
De acuerdo con el informe del Instituto para el Desarrollo Social Argentino (Idesa), la iniciativa parte de un “diagnóstico acertado”: es necesario reducir la informalidad y el problema está concentrado en las pequeñas empresas. Sin embargo, frente a las obligaciones que implicaría tener un trabajador legalmente registrado, “las dosis de incentivos que contempla el proyecto resultan insignificantes”, señala.
Según el documento de la consultora, para que la iniciativa no termine en un "fracaso" sería necesario que el Congreso introdujera transformaciones “para hacer mucho más simple, menos costoso y más seguro” el cumplimiento de la ley.
El proyecto oficial contiene un capítulo referido a la promoción del registro de las relaciones laborales no declaradas. Contempla permitir la regularización de hasta diez trabajadores no registrados sin pagar deudas de capital e intereses por el pasado. Y hacia el futuro otorga un incentivo de 50% de reducción de las contribuciones patronales durante el primer año y de 25% durante el segundo año.
Actualmente, aplicando el régimen general, Idesa estima que los impuestos al trabajo ascienden a la suma de 602 pesos por cada mil pesos de salario de bolsillo. Con la reducción de las contribuciones patronales prevista en el proyecto, el ahorro sería de 102 pesos el primer año y 51 el segundo.
La iniciativa oficial implicaría que por cada mil pesos de salario de bolsillo que actualmente el empleador paga "en negro", cuando formalice deberá comenzar a pagar 1.500 pesos el primer año, 1.551 pesos el segundo y 1.602 pesos a partir del tercero.
Según Idesa, los datos confirman que para comenzar a cumplir con las normas, manteniéndole al trabajador el ingreso de bolsillo, el empleador tendría que afrontar un importante aumento de costos.
El informe señala además que a esta suba hay que agregar “otros gastos ocultos”. Entre ellos puntualiza los gastos administrativos y los riesgos de litigios judiciales.
“Para las pequeñas empresas, la contratación de un contador para liquidar las cargas sociales o un abogado para enfrentar un juicio laboral son erogaciones desproporcionadamente altas respecto a su bajo volumen de ventas y rentabilidad”, indica la consultora. Por ello estima que el incentivo de la reducción de contribuciones sería una medida “extremadamente débil”.
El informe culmina proponiendo modificaciones del proyecto oficial que deberían ser incorporadas en el Congreso. Los cambios planteados son la unificación de todos los impuestos y cargas sociales en un solo tributo tarifado (como se aplica en el servicio doméstico) y un régimen especial de despido con aportes regulares a una cuenta a nombre del trabajador, sustitutivo del actual esquema de indemnizaciones por despido (como en el sector de la construcción).
| ESTRUCTURAL |
| Según Idesa, “para motorizar un proceso masivo de regularización del empleo se necesita una reforma estructural mucho más integral, creativa y audaz que la que propone el proyecto de blanqueo”. |
