La maniobra, que consiste en la comercialización ilegal de 650.000 toneladas de soja y maíz, puede representar una evasión al Fisco de aproximadamente 430 millones, según el ente recaudador.
El l Juzgado Federal de Villa María detuvo hasta ayer a cinco empresarios agrícolas imputados de asociación ilícita tributaria, en el marco de una causa en la que se investiga un grupo económico que presuntamente comercializó de manera marginal unas 650.000 toneladas de soja y maíz, lo que representaría una evasión aproximada de 430 millones de pesos.
Así lo confirmó a Comercio y Justicia el fiscal Federal que lleva adelante la investigación, Julián Falcucchi, quien aseguró que el delito implica una pena efectiva de entre tres años y medio y cinco de prisión.
“Los jefes, por tener mayor responsabilidad en el hecho, si son encontrados culpables, podrían cumplir como mínimo cincos años de prisión efectiva”, indicó el letrado, y agregó que “de los cinco detenidos, al menos tres serían presuntos jefes”.
A partir de las pruebas aportadas por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Regional Río Cuarto, la Justicia de Villa María detuvo a cinco personas sobre ocho órdenes de detención libradas. “Tenemos entendido que los tres restantes se presentarían en las próximas horas por su propia cuenta”, explicó el fiscal.
Al mismo tiempo, Falcucchi indicó que algunos de los abogados de los cinco detenidos “ya pidieron la excarcelación, cosa que habrá que resolver”.
Maniobras
Como en la mayoría de los casos investigados por la AFIP, que se dieron a conocer en el último año, se detectaron maniobras vinculadas con “sujetos insolventes y sociedades fantasmas, cuya utilización en la cadena de comercialización genera el ocultamiento al Fisco de los verdaderos operadores del mercado”, según detalló un comunicado del organismo.
El grupo económico investigado registró un importante crecimiento patrimonial en los últimos años, con la incorporación de dos plantas de acopio y procesamiento de soja y maíz, dos grandes granjas destinadas a la cría de aves, una flota de 70 camiones para la logística de cabotaje e internacional y autos importados (marcas Audi y BMW) en los que presuntamente se movilizaban los empresarios. “Se trataría de siete empresas asociadas, que operarían para un sólo grupo económico”, dijo el fiscal.
Estos bienes fueron registrados a nombres de sociedades cuyos integrantes son personas insolventes que no pueden justificar la adquisición de semejante patrimonio, indicó la AFIP.
Las investigaciones de sus agentes se realizaron en las ciudades de Córdoba, Mendoza, Río Cuarto, Villa María y Río Tercero, aunque al parecer, la maniobra se habría perpetrado en esta última.
Específicamente, “se estableció la presunta participación de un importante grupo de empresas y profesionales cuya base de operaciones es la zona centro y sur de Córdoba, y que se extiende a Mendoza, con motivo de las exportaciones de soja y maíz, que el mismo grupo realizaba hacia Chile”, dijo la AFIP.
En los allanamientos, ordenados por el juez Mario Garzón, se secuestraron unas 100 cajas de documentación probatoria de los hechos investigados, “cuyo estudio constituye uno de los próximos pasos a seguir, junto con las indagatorias y las declaraciones testimoniales”, indicó el fiscal.
