ESCUCHAREl grupo de legisladores de diferentes fuerzas políticas se reunió con autoridades del Departamento de Estado y con la presidenta de la Cámara de Representantes. Crece la expectativa por el fallo de la Corte.
Una delegación legislativa multipartidaria argentina fue recibida en Washington por autoridades del Departamento de Estado y de la Cámara de Representantes, ante quienes se ratificó el apoyo a la posición del Gobierno nacional en el juicio con los fondos buitres.
La comitiva transmitió en un documento la “relevancia que reviste este caso para el futuro nacional y para millones de argentinos. Todas las fuerzas políticas manifestamos nuestro pleno apoyo a la petición presentada por la República Argentina”.
En el escrito, entregado por el titular de la Cámara de Diputados, Julián Domínguez, a la líder del Partido Demócrata en la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, y a la secretaria Adjunta para Asuntos del Hemisfero Occidental del Departamento de Estado, Roberta Jacobson, los legisladores destacaron el rol de Estados Unidos en el litigio. “Valoramos el apoyo que el gobierno de los Estados Unidos ha dado a la posición argentina contra los organismos multilaterales durante las administraciones George Bush y Barack Obama”, indicaron y sostuvieron que “la posición argentina es clara: otorgar un trato igualitario a todos los bonistas. Como destacaron tanto Estados Unidos, como otros Estados soberanos -Brasil, Francia, México-, organismos internacionales y renombrados expertos, este caso tiene consecuencias sistémicas que van más allá de la Argentina, y que pueden afectar al sistema financiero internacional, así como tornar virtualmente imposibles futuras reestructuraciones de deuda soberanas”.
En el documento manifiestan que este caso es de “interés nacional” y ratifican su apoyo a la postura de la República.
El PRO, Unir, Unen y el Bloque Interparlamentario Federal enviaron -por su parte- sus propios pedidos en el mismo sentido.
En el encuentro con Pelosi también se abordaron temas relativos a la producción de energía, a la posibilidad de nuevas inversiones y le entregaron la “Declaración de Ushuaia”, en la que todas las fuerzas políticas argentinas piden que se respete la soberanía sobre las Islas Malvinas y el cumplimiento de las resoluciones de Naciones Unidas para retomar el diálogo con el Reino Unido.
Una alta fuente del Ministerio de Economía dijo que “éste era el momento justo” para expresar el apoyo a la estrategia judicial del país contra esos acreedores.
El Gobierno igual consideró “prematuro y poco prudente” opinar sobre cual será la posible decisión de la Corte.
Por su parte, el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, consideró un “hecho trascendente” la tarea de los legisladores.
La delegación
La comitiva de legisladores que viajó para respaldar la posición argentina está compuesta por la jefa del bloque del Frente pata la Victoria, Juliana Di Tullio; el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Roberto Feletti; el titular del Grupo Parlamentario de Amistad con Estados Unidos, Ruben Uñac; y el vicepresidente Segundo de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Eric Calcagno; entre otros.
También viajaron el jefe del bloque Frente Renovador, Darío Giustozzi; el secretario de la Comisión de Finanzas, Federico Sturtzeneguer; el presidente del bloque Compromiso Federal, Lino Aguilar; el economista y diputado de SUMA + UNEN, Martín Lousteau; y los senadores Gerardo Zamora, Ruperto Godoy y Marcelo Fuentes
Los holdouts quieren ir por más
Si la Corte Suprema de Estados Unidos decide rechazar la apelación de Argentina contra los fondos buitres, no sólo se “gatillará” la obligación de pagar unos 1.330 millones de dólares sino que podrán dispararse juicios adicionales en reclamo de otros bonos por unos 4.500 millones de dólares.
El pleito original, actualmente de 1.330 millones de dólares, se estiraría hasta rozar 6.000 millones de la misma moneda, según fuentes del mercado.
El fondo NML Capital, del magnate republicano Paul Singer, es el principal tenedor de deuda en default, ya que reclama 800 de los 1.300 millones en juego en la Corte Suprema.
El resto de la deuda la tiene los fondos Aurelius y 13 argentinos que no entraron a ninguna edición del canje.
Singer tiene otros 2.000 millones de dólares en bonos en default a la espera de lo que suceda con este caso.
Si el fallo es adverso a Argentina, el fondo NML Capital acelerará los juicios para conseguir un fallo similar para cobrarse la deuda restante.
Otros acreedores tienen los 2.500 millones de dólares restantes, según abogados que siguen de cerca estos avatares en las cortes estadounidenses.
La Corte Suprema de Estados Unidos decidirá entre este jueves y el lunes la suerte de la deuda argentina.
A la espera
Griesa rechaza pedido de fondos buitres de reprensión a ArgentinaEl juez estadounidense Thomas Griesa rechazó un pedido de los fondos buitres para reprender a Argentina por la difusión de un memo de los abogados que representan al país, en el cual se analizaba la posibilidad de declarar un default en caso de que la Corte Suprema de no tome el caso por la deuda pública.
Según publicó el diario norteamericano New York Post, la medida fue adoptada por Griesa la semana pasada pero recién trascendió ahora.
Al rechazar amonestar a Argentina, el juez dijo que el memo que se difundió mediante la prensa -de los abogados que representan a Argentina en este caso y dirigido al Ministerio de Economía- se trata de un documento que goza de inmunidad al ser parte de la relación “privilegiada” entre el país y sus letrados.
Los fondos buitres encabezados por NML, del magnate Paul Singer, argumentaron que la información que contenía el memo revelaba que Argentina analiza no cumplir con la decisión de los tribunales inferiores -entre ellos el juzgado de Griesa-, de hacer frente a los pagos de bonos en default.
Entre las opciones que analizaron los abogados ante el Palacio de Hacienda se indicó que una posibilidad es cesar todos los pagos de deuda pública y producir un nuevo canje masivo de bonos.
Pero Griesa rechazó el pedido y argumentó que el texto forma parte de la relación abogado-cliente, con lo que no puede ser tomado en cuenta en el juicio.Más aún, según publicó el diario New York Post, Griesa les ordenó a los abogados de Singer remover toda mención al memo en los documentos y cartas que obran en la causa.
