Aquéllos son los calificados de “incobrables”. Respecto al resto, la idea es que se ejecute en un plazo promedio de un año. Habrá seguimiento on line de los expedientes de cada procurador. Avanzará con embargos de sueldos y/o ingresos
La Fiscalía Tributaria, dependiente del Ministerio de Finanzas, avanzará en el corto plazo en la desactivación de unas 400 mil causas abiertas y pondrá énfasis en otras 500 mil con el título ejecutivo ya depurado que espera ejecutar en un plazo no mayor de 12 meses.
La decisión fue confirmada a Comercio y Justicia por el ministro de Finanzas, Osvaldo Giordano, en el marco de las diferentes estrategias de recupero de deuda, inscriptas en el denominado Programa de Equidad Tributaria (PEI).
El plan, junto con otras herramientas ya explicitadas, apunta a ampliar la base de aportantes o cumplidores sin sumar mayor presión fiscal, esto es aumentar alícuotas, con el fin de mejorar la recaudación corriente.
Respecto a los juicios, la intención oficial es depurar la base existente y poner el acento en las demandas “cobrables”.
En rigor, no es la primera vez que se apunta a “limpiar” el padrón. Con todo, ahora la decisión ya está en su etapa definitoria.
En ese marco, se darán de baja entre 300 y 400 mil causas. “Son juicios muy antiguos, en muchos casos de contribuyentes ya fallecidos y mayormente con títulos ejecutivos que contenían algún error que impedía a los procuradores avanzar sobre el deudor”, reveló Giordano.
Depurada la base, quedarán unas 500 mil demandas cuyo monto Giordano evitó precisar.
Con todo, se trata de una cifra importante. De hecho, si cada demanda tiene un monto promedio de 5 mil pesos (incluido capital, intereses y honorarios), la cifra en juego rondará 2.500 millones de pesos, 30 por ciento de la recaudación total de la Provincia correspondiente a un mes. Sobre ese universo ya está todo listo para avanzar con celeridad. La pretensión es que en un plazo en torno a un año se ejecuten esas deudas.
Para eso es clave que los títulos ejecutivos estén en orden y tramitar los expedientes en forma digital. Ya hay acuerdo con los tribunales competentes y, por parte de la Provincia, habrá un seguimiento on line de cada expediente que lleven los procuradores.
En esa línea, ya se impartió la recomendación a los 200 abogados que litigan para el Fisco, de que avancen con todas las herramientas necesarias para el recupero de la acreencia. Entre esas alternativas ahora se suma el embargo, no ya del objeto motivo de la deuda sino del sueldo o los ingresos del contribuyente en mora.
En tanto, también está en marcha un proceso para acortar los plazos del envío a juicio de un pasivo fiscal. Por ejemplo, hasta hace poco tiempo se aguardaba llegar al límite del período de prescripción (5 años) para enviar la causa a juicio. Ahora esos tiempos se han acortado a dos años y la idea es que en poco tiempo más pasen a Legales las deudas de no más de un año.
Rentas eliminará cedulón en papel
La Dirección de Rentas avanzará este año con la eliminación del cedulón en soporte papel enviado por correo, y habrá cuatro formas de pago posibles: pago a través de la web, en los entes recaudadores, con la descarga web del cedulón o solicitando un cedulón al 0800 444 8008. Esta decisión fue informada por el ministro de Finanzas, Osvaldo Giordano, como parte de la estrategia de dar mayor impulso a los medios de pago electrónicos, simplificar el cumplimiento de los pagos y, paralelamente, reducir los costos económicos de los envíos. De hecho, con esa medida podrán ahorrarse hasta 55 millones de pesos anuales.
En rigor, desde la puesta en marcha del denominado Cedulón Digital que, a partir del cumplimiento en tiempo y forma de los pagos, permite un ahorro extra de 10 por ciento al contribuyente sobre el 30% de rebaja ya vigente, la mayoría de los trámites ya se realiza por canales alternativos al tradicional envío por correo del cedulón.
Giordano recordó que ya se avanzó con la exención del Inmobiliario a grupos vulnerables y ahora también con las motos de baja cilindrada -cuya valuación fiscal no supere 20 mil pesos o posean una antigüedad mayor de 5 años-. El costo fiscal de la medida es de apenas 29,2 millones de pesos.