Consenso Fiscal, Ministerio Público Fiscal y biocombustibles trazan la agenda del oficialismo

Las tres iniciativas serán claves en las discusiones de la semana, además de la propuesta para postergar las PASO

El Frente de Todos buscará convertir en ley esta semana en la Cámara de Diputados el proyecto de Consenso Fiscal firmado entre el presidente Alberto Fernández y los gobernadores, que otorga 70 mil millones de pesos a las provincias para reactivar sus economías, prohíbe el aumento de la deuda pública y suspende procesos judiciales por la distribución de la Coparticipación Federal. [privado]

Además, el oficialismo también abordará en comisiones de la Cámara baja los proyectos vinculados con el Ministerio Público Fiscal y la ley de biocombustibles.

Sobre el Consenso Fiscal en particular, la bancada que conduce Máximo Kirchner incluirá la discusión de esta iniciativa en la sesión especial que impulsará para este miércoles, cuya tema central será, en tanto, el proyecto para postergar por un mes las elecciones primarias y las generales, informaron fuentes parlamentarias.

La propuesta fue votada por el Senado y respaldada en la comisión de Presupuesto por el Frente de Todos, y los interbloques Federal, y de Unidad Federal para el Desarrollo, Mientras, resultó rechazada por Juntos por el Cambio, aunque el diputado radical de Jujuy Jorge Rizzotti anunció su aval al Pacto Fiscal en sintonía con la posición del mandatario Gerardo Morales.

El nuevo acuerdo fiscal permitirá a las provincias contar con unos $70.000 millones para reactivar sus economías regionales, luego de un año atravesado por la crisis generada por la pandemia del coronavirus.

El proyecto además establece que durante este año, las provincias no podrán incrementar el stock de deuda denominada en moneda extranjera respecto a los valores registrados al 31 de diciembre de 2020.

Esa medida no se aplicará para las líneas de financiamiento con organismos bilaterales o multilaterales de crédito o con acreedores institucionales siempre que, estos últimos, otorguen financiamiento de largo plazo con características similares a los primeros, en términos de repago y de destino de los fondos, entre otros.

Tampoco estará vigente para los fondos obtenidos que se destinen a financiar obras de infraestructura o a reestructuración de servicios de deuda emitida con anterioridad al 31 de diciembre de 2020.

Otro punto central del acuerdo estará vinculado a las demandas judiciales y se establece que por un año las provincias se abstendrán de iniciar procesos judiciales, y suspender los ya iniciados, relativos al régimen de Coparticipación Federal de Impuestos.

Además, se efectuarán tareas en conjunto entre la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y los organismos provinciales de recaudación tributaria para identificar la titularidad de bienes inmuebles y otros bienes registrables.

Mientras, la Nación y las provincias trabajarán en forma conjunta en un programa integral para la simplificación y coordinación tributaria federal.

Se incluye, por otra parte, el reconocimiento de que la coparticipación no es el vehículo de recursos para transferir servicios, competencias y funciones de la Nación a los distritos.

En comisión

Por otro lado, también en Diputados, el oficialismo buscará avanzar mañana en un plenario de comisiones con el dictamen del proyecto de reforma del Ministerio Público Fiscal, que elimina el cargo vitalicio del procurador general de la Nación y establece un mandato de cinco años.

El debate de la iniciativa se realizará a partir de las 19 en un encuentro conjunto de las comisiones de Justicia, que preside Rodolfo Tailhade (Frente de Todos), y de Asuntos Constitucionales, a cargo de Hernán Pérez Araujo (Frente de Todos).

El oficialismo confía en emitir el dictamen de comisión y tratarlo la semana siguiente en el recinto de la Cámara Baja

La iniciativa contempla la elección del jefe de los fiscales por mayoría absoluta del Senado, en vez de los dos tercios de los presentes, y establece un plazo de cinco años -reelegible por única vez- a la vigencia del mandato del procurador general de la Nación.

El despacho modificará el texto votado por el Senado, con lo cual deberá volver a la Cámara Alta, ya que cambiará la composición del Jury de Enjuiciamiento para garantizar la paridad de género y las mayorías para poder destituir a un procurador, que fueron propuestas por el ministro de Justicia, Martín Soria.

Sobre la composición de ese tribunal, el oficialismo aceptó modificar el proyecto original y agregar un integrante del Ministerio Público Fiscal en reemplazo de un legislador, ya que en el proyecto se establecía dos por la mayoría y uno por la minoría.

Con esa reforma, el Tribunal de Enjuiciamiento quedaría compuesto por un representante del Poder Ejecutivo, dos representantes de la Comisión Bicameral parlamentaria (uno por la mayoría y uno por la minoría), un representante del consejo interuniversitario nacional, un abogado y dos fiscales (un varón y una mujer).

En cuanto a las mayorías, se establecerá que para destituir al Procurador se requerirán cinco votos -lo que implica los dos tercios- y cuatro para el resto de las decisiones.

Por su parte, otro debate que tendrá lugar en comisión de la Cámara Baja será sobre la ley de biocombustibles.

En este caso, la discusión se dará en el plenario integrado por las comisiones de Energía y Combustibles y de Presupuesto y Hacienda de la Cámara, también mañana (a las 15).

El proyecto, elaborado por los diputados Marcos Cleri (Santa Fe) y Omar Félix (Mendoza), establece un marco regulatorio hasta 2030 y reduce los cortes de gasoil con biodiesel del 10 a cinco por ciento y mantiene el corte de 12% en las naftas con bioetanol.

En tanto, el proyecto establece que la Secretaría de Energía podrá "elevar el referido porcentaje mínimo obligatorio cuando lo considere conveniente en función del abastecimiento de la demanda, la balanza comercial, la promoción de inversiones en economías regionales y/o razones ambientales o técnicas".

De forma inversa, el corte podrá reducirse hasta 3% "cuando el incremento en los precios de los insumos básicos para la elaboración del biodiésel pudiera distorsionar el precio del combustible fósil en el surtidor, o ante situaciones de escasez de biodiésel por parte de las empresas elaboradoras.

El proyecto mantiene beneficios impositivos al fijar que el biodiésel y el bioetanol no estarán gravados por el Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL) y por el Impuesto al Dióxido de Carbono (ICO2).

Vale señalar que la iniciativa en debate establece un nuevo régimen para el sector tras el vencimiento del vigente desde 2006, que venció el pasado miércoles y que fue prorrogado por dos meses por el Poder Ejecutivo, a la espera de la nueva legislación. [/privado]