Esa cifra incluye el pasivo actualizado de 2022 a 2022. También, $8.500 millones de enero y febrero pasados, el monto corriente exigible. La misiva está dirigida al presidente Alberto Fernández. Si en cinco días no hay respuesta, queda habilitada la vía judicial. El reclamo suma escollos a la gestión que tiene aún pendiente la resolución de la paritaria
La Provincia de Córdoba intimó al Gobierno nacional a que en un plazo de cinco días transfiera los fondos que la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) adeuda a la Caja de Jubilaciones por la cobertura del déficit desde 2020 a febrero pasado, que alcanza 108.897 millones de pesos.
De no girar las partidas en ese plazo, la Provincia quedará habilitada para iniciar una demanda ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
La decisión quedó reflejada en una carta firmada por el gobernador Juan Schiaretti, dirigida al presidente Alberto Fernández, a la que tuvo acceso Comercio y Justicia.
Fechada anteayer, 7 de marzo, aunque con sello de recepción ayer 8 de marzo, refiere al “incumplimiento injustificado, reiterado y subsistente” y hace un breve repaso por las normativas que apoyaron los sucesivos reclamos previos, detallados en la carta.
En paralelo, recuerda que los incumplimientos del año en curso violentan la Ley de Presupuesto en vigencia.
En ese contexto, intima al “Estado nacional (y al organismo previsional a su cargo) para que en un plazo de cinco días de recibida la presente, proceda a efectuar las transferencias”, que luego detalla en dos puntos: por un lado 100.335 millones de pesos correspondientes al período 2020/2022; y por otro, anticipos a cuenta de este año por 8.562 millones de pesos.
Fondos exigibles
El planteo de Schiaretti busca una resolución ejecutiva de los atrasos, particularmente la deuda “corriente” de 2023, que asciende a 8.562 millones de pesos, que en 12 días más llegará a 13.593 millones de pesos, toda vez que la cuota de marzo debe ajustarse por el índice de movilidad previsional, 17,04 por ciento.
Se trata de un atraso que le genera serios problemas a las finanzas de Córdoba porque todo ese dinero adeudado debe ser cubierto por el Tesoro provincial.
Concretamente, en lo que va del año, la Provincia ya giró a la Caja 7.436 millones de pesos para que ésta pudiera pagar en tiempo y forma los haberes de los más de 100 mil beneficiarios.
El argumento apunta al cumplimiento del artículo 92 de la Ley de Presupuesto nacional 2023, que fija una nueva fórmula de cálculo para actualizar el déficit de las cajas provinciales no transferidas, conforme la aplicación de la movilidad previsional que rige para el aumento de jubilaciones y pensiones de la Anses.
El monto generado en función de ese punto, que la Nación no cubrió no sólo a Córdoba sino también a las otras provincias, es lo que, al fin y al cabo, detonó el planteo de Schiaretti.
El resto de la deuda, esto es, los 100.335 millones de pesos, surge de un cálculo efectuado por la Caja por pasivos 2020, 2021 y del año pasado, que la Anses sólo cubrió de manera parcial. Ese rojo está actualizado a valores de marzo de este año.
En rigor, la Provincia centra el reclamo en el pago de las cuotas vencidas este año, que son las exigibles sin necesidad de auditar cálculo alguno por los años previos.
En ese marco, Schiaretti dispuso ir a fondo en el planteo luego de sucesivos reclamos administrativos previos dirigidos a la Anses.
En paralelo, la Provincia detalló no sólo las partidas en discusión sino también su equivalencia. Por ejemplo, el reclamo de la deuda de este año es similar a los montos recaudados por el impuesto Inmobiliario en los dos primeros meses de 2023.
Escenario complejo
Más allá de las diferencias políticas entre Schiaretti y la administración de Alberto Fernández y de las aspiraciones políticas del primero, está claro que hay un planteo con efectos prácticos que, para el equilibrio de las cuentas públicas de Córdoba, requiere de una asistencia inmediata de la Nación.
Paritaria inconclusa
Las partidas son claves para poder atender no sólo las inversiones para el plan de obra pública, récord según detalló en varias ocasiones el Gobernador, sino también para cubrir las erogaciones corrientes, particularmente las salariales.
Respecto a ese último compromiso, además de representar el volumen de mayor incidencia sobre el total, es un gasto hoy de imprevisible proyección.
Es que la Provincia todavía no logró cerrar la paritaria con dos gremios que nuclean buena parte de los agentes públicos: los docentes y los agentes estatales, representados por la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba (UEPC) y por el Sindicado de Empleados Públicos (SEP).
El Gobierno ofreció una suba de 40% en cuatro tramos que, sin embargo, no convenció a los estatales, que la rechazaron; y en el caso de la UEPC, resolvió un segundo paro de actividades, esta vez para este viernes.
Los empleados piden una mejora en la propuesta que, como alternativas, incluye adelantar los tramos de incremento y que se complete en junio y no en julio. En paralelo, buscan que se desactive el denominado diferimiento previsional vigente, determinado por la ley 10694. Para completar, que el no remunerativo correspondiente al Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid) se considere para el cálculo de los haberes de los jubilados.
La batería de exigencias que la Provincia asegura no tiene margen para cumplir, implica, claro está, un costo fiscal de peso, que complicaría las proyecciones de las cuentas públicas ya presionadas por la caída de la recaudación en términos reales.
Es en ese contexto que Schiaretti necesita con urgencia una pronta resolución que permita contar con los pagos corrientes que adeuda la Anses.
