ESCUCHARSe trata de 5% de las 933 pensiones verificadas en 2013. El monto corresponde al valor teórico del beneficio en caso de haberse otorgado, por los años promedio de la percepción futura. Por primera vez, descubrieron 29 casos de matrimonios que antes no se constataban. Licitan la contratación del control con un presupuesto anual de 1,95 millón de pesos.
La Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba detectó que 5 por ciento de las mil pensiones verificadas en 2013 registraron irregularidades que implicaron un quebranto posible de 90 millones de pesos.
En ese marco, el organismo licitará el 10 de junio próximo la contratación de un “servicio de confección de informes socioambientales y gestión de documentación previsional” con un presupuesto de 1,95 millones de pesos.
El contrato con la empresa que resulte beneficiada será por un año de plazo.
En rigor, se trata de una tarea que la Caja viene encarando desde 2010 luego de constatar diferentes irregularidades en los trámites de cobro inicial de las pensiones.
En una primera instancia, esa tarea la concretó personal del Ministerio de Desarrollo Social, luego la realizaron monotributistas profesionales de Trabajo Social y más tarde directamente se contrató una empresa privada.
En ese marco, ésta será la segunda contratación a una firma privada.
Según datos informados a Comercio y Justicia, las irregularidades descubiertas son diversas aunque en todos los casos vinculadas con incompatibilidades con la obtención del beneficio.
Según la legislación vigente, para hacerse acreedora a la pensión la persona que inicia el trámite debe comprobar convivencia de entre dos y cinco años con el jubilado fallecido, al momento se producirse el deceso.
La convivencia reciente se entiende en el amplio sentido del término, sin reparos en si se trató de matrimonio o concubinato.
Asimismo, en el caso de tener hijos, si la jubilación generaba el pago de una cuota alimentaria justifica la tramitación.
“Se verifican situaciones de todo tipo. Desde personas que dicen convivir con el jubilado fallecido hasta matrimonios que existieron en los papeles o que incluso existen aún pero que están separados hace tiempo”, graficó una fuente.
Justamente, este último caso es el que comenzó a constatarse desde marzo del año pasado.
De las 50 irregularidades detectadas, 29 correspondieron a matrimonios.
“Antes, el solo hecho de comprobar el matrimonio legal no implicaba verificación alguna.
Ahora se analiza si hubo convivencia efectiva en el último período, control que dio estos resultados”, revelaron.
La tarea que contratará la Caja incluye un trabajo de campo, con visitas al potencial beneficiario y entrevistas con los vecinos para que corroboren la convivencia, además -por cierto- de toda la documentación que pueda aportar el futuro pensionado que abone su pretensión.
La verificación que deberán hacer los profesionales contratados es perentoria. Concretamente, son cinco días los que tienen para constatar cada caso ante la premura que implica un trámite de percepción de una pensión, en la mayoría de los casos.
“Se dan situaciones específicas en el caso de matrimonios o de supuestos convivientes que, por ejemplo, involucran a un cuidador, a una enfermera que cumplía ese rol pero que luego pretende cobrar el beneficio. Esas situaciones quedan al descubierto con las entrevistas a vecinos, al portero de un edificio, por caso”, ejemplificaron en el organismo previsional.
En cuanto al ahorro estimado por éste, en el último año, como consecuencia de esos controles, los 90 millones de pesos sugen de multiplicar los casos descubiertos por 1,8 millón de pesos futuros a valor presente.
Concretamente, un pensionado el año pasado percibió en promedio 7.700 pesos.
Esa cifra multiplicada por 13 (12 meses más los dos medios aguinaldos) determina un monto anual de 100 mil pesos. Éste, multiplicado por 18 años -que es el promedio de supervivencia de un pensionado-, determina el valor presente de 1,8 millón de pesos por beneficio que la Caja hubiera erogado en caso de otorgar esas prestaciones a personas que no les correspondía el pago.
Reducción de edad jubilatoria
La UEPC apoyó la propuesta del legislador BirriLa propuesta del legislador socialista Roberto Birri de reducir en cinco años la edad jubilatoria a los docentes encontró respuestas en la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba (UEPC) que con un comunicado manifestó su apoyo y adhesión al proyecto que presentado ayer en la Unicameral.
“En este sentido, la UEPC expresa su respaldo al proyecto teniendo en cuenta las motivaciones que impulsan esta iniciativa, y que tienen directa relación con las crecientes demandas de los docentes, las nuevas condiciones de trabajo y las formas que ha adoptado la tarea escolar en la actualidad. Desde UEPC hace tiempo venimos reclamando que existen nuevas demandas sociales que repercuten en la escuela acarreando como consecuencia el desgaste en la labor de los docentes”, señala el escrito rubricado por el secretario General, Juan Monserrat. Y agrega: “Al mismo tiempo, el sindicato insiste en que este proyecto debe ir acompañado con la urgente derogación de la Ley de Reforma Previsional 10078 y con la apertura de un profundo debate en torno a las prioridades de la inversión de recursos para una educación de calidad por parte del Gobierno Provincial”.
