Caja de Jubilaciones: ya son 10 mil los reclamos contra el ajuste

Se trata de presentaciones administrativas, paso previo al inicio de una demanda. El organismo las rechaza. Esa cifra duplica las acciones contra la 10078 de diferimiento previsional. La Justicia de San Francisco dió curso a 11 amparos. Sin embargo, pueden no prosperar a raíz del criterio fijado por el TSJ. La Caja de Jubilaciones de la Provincia ya receptó 9.963 reclamos administrativos contra la ley 10333, que fijó un nuevo cálculo en los haberes previsionales, en tanto que la Justicia admitió los primeros amparos contra esa norma. Estos datos, a los que tuvo acceso Comercio y Justicia , fueron confirmados por fuentes del organismo previsional, gremiales y judiciales al tanto de la situación.[privado] Se trata de una cifra récord toda vez que, a poco más de seis meses de sancionada, esa norma ya acumula el doble de reclamos que los presentados contra la 10078, de diferimiento previsional; éstos fueron 5.091. Por lo demás, esa cantidad representa más de 10 por ciento del total de prestaciones que tiene hoy la Caja. Según datos a junio, ésta pagó 97.485 beneficios. Las presentaciones se suman a las acciones de inconstitucionalidad elevadas por otros pasivos, que ya obran en poder del Tribunal Superior de Justicia (TSJ). Al mismo tiempo, aún no hay fallos de fondo sobre el tema, sólo el rechazo de cautelares presentadas a poco de sancionarse la norma. Con todo, en las últimas horas, la Cámara Civil, Comercial y Contencioso-administrativa de San Francisco admitió la vía del amparo en 11 casos. Sin embargo, fuentes del TSJ admitieron que esos recursos tienen vida corta a tenor de que el propio TSJ ya fijó criterior adverso con relación a ese tipo de acciones. Por lo pronto y respecto a las 10 mil presentaciones administrativas, el organismo ya comenzó a rechazarlas luego de transcurridos 120 días de la interposición de los primeros. Una vez contestados, los reclamantes tendrán 30 días para interponer recursos de reconsideración, cuyo derrotero seguramente será el mismo que el del expediente original. Superada esa instancia, podrán iniciar la vía judicial a partir de una presentación en el fuero Contencioso-administrativo. En principio, la mayoría de los reclamos corresponde al sector docente aunque también hay alta demanda de otros, como de jubilados de la Municipalidad de Córdoba. Respecto a las presentaciones ante el TSJ, la más conocida es una interpuesta por el estudio que encabeza Horacio Gentile, patrocinando al beneficiario Miguel Acosta. A esa causa adhirió luego la Unión de Personal Superior (UPS), gremio de los empleados jerárquicos de la Provincia, que conduce Domingo Ovando, bajo la figura de “tercero interesado”. Esa acción declarativa de inconstitucionalidad fue considerada admisible por el fiscal General, Alejandro Moyano, y aún debe ser tratada por el Máximo Tribunal. No obstante, hay casi una veintena de acciones del mismo tipo, algunas de las cuales no correrán igual suerte luego de ser presentadas fuera de término. Mientras tanto, los 18 amparos presentados en Córdoba fueron declarados inadmisibles con el argumento de que no existía una limitación inmediata en la aplicación de la norma respecto a la situación de los supuestos damnificados, sugiriendo avanzar mediante otras vías de reclamo, por ejemplo el recurso administrativo. De todas formas, ahora la Justicia en San Francisco adoptó un criterio diferente, cuyo derrotero habrá que aguardar aunque el antecedente del TSJ no le augura mayor recorrido. La ley 10333 fue sancionada el 23 de diciembre pasado, y promulgada y publicada ese mismo día en una edición especial del Boletín Oficial de la Provincia. La norma avanzó, por un lado, con la eliminación del diferimiento previsional aplicado por la ley 10078, y por otro, dispuso un recálculo de los haberes jubilatorios a partir de un esquema que, en la práctica, implicó que los pasivos pasaran a cobrar el 73% móvil del salario bruto de los trabajadores en actividad y no el 82%, como hasta ese momento. El nuevo cálculo, que en la práctica implicó una reducción de los haberes, se aplicó de tal forma que, combinado con la salida del diferimiento, en ningún caso supuso una baja nominal de las prestaciones. De todas formas, los jubilados y sus patrocinantes consideraron que la ley es inconstitucional, justamente porque vulnera el principio de irreductibilidad y proporcionalidad de los haberes, tema que deberá dirimir la Justicia. En tanto, la 10078 de diferimiento previsional aún sigue generando litigio. De hecho, las diferentes presentaciones judiciales, entre ellas 38 amparos y 43 de plena jurisdicción, además de las más de 5 mil presentaciones administrativas que fueron rechazadas por la Caja, aún hoy causan incertidumbre. Resta por lo pronto un pronunciamiento de fondo del TSJ por una norma que de hecho dejó de regir en diciembre último cuando fue reemplazada por la 10333, que fijó el nuevo cálculo de haberes.[/privado]

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