ESCUCHARLa iniciativa privada presentada por Electroingeniería para la construcción de un Centro Cívico en predios del Mitre entró en un impasse luego que caducara en las últimas horas el plazo para que el Ejecutivo la declare de interés público o bien deseche la presentación.
No obstante, fuentes del Ejecutivo aseguraron a Comercio y Justicia que los plazos quedaron suspendidos tras la presentación de una objeción por parte de Fiscalía de Estado al proyecto original, presentación respondida por Electroingeniería recién el lunes pasado, por lo que el plazo de la Provincia para expedirse se pospuso ahora hasta el jueves 29.
La objeción informada fue, sin embargo, desconocida por Electroingeniería, según pudo constatar este medio tras diversas consultas efectuadas.
“No hemos sido notificados de ninguna objeción”, aseguraron fuentes de la firma.
La información se contrapone con lo indicado por fuentes de Fiscalía quienes aseguraron que “el 8 de enero se presentó una objeción que la empresa recién recibió el día 12 y respondió el 19, por lo que los plazos se prorrogan por 10 días”.
El dato no es menor. Es que si efectivamente no hubo objeción por parte de la Provincia, la iniciativa para construir el Centro Cívico podría quedar desechada, conforme el artículo 7 del decreto 958/00, reglamentario de la ley 8837. Esa normativa sancionada por la anterior bicameral durante la primer gestión de José Manuel de la Sota incluye cuatro artículos (del 21 al 24) referidos a las iniciativas privadas.
Puntualmente, el artículo 7 del decreto reglamentario asegura que “El Poder Ejecutivo tendrá un plazo de treinta (30) días corridos desde la fecha de presentación para resolver, por acto administrativo debidamente fundado, si el objeto de la iniciativa privada es de interés público”. Ese período, en caso de no haber objeción previa, ya venció.
No obstante, si efectivamente hubo una objeción de Fiscalía, la situación es diferente y así queda reflejado en el párrafo siguiente del mismo artículo.
“Previamente deberá requerir dictamen a la Fiscalía de Estado de la Provincia de Córdoba, la que deberá expedirse dentro del plazo de diez (10) días corridos desde la recepción de las actuaciones respectivas, que podrán remitirse en copia certificada. Transcurrido el plazo indicado sin haberse emitido objeciones a la declaración de interés público por parte del citado organismo de contralor, las actuaciones continuarán según su estado. En caso de mediar objeciones, se correrá vista al interesado por idéntico plazo, a efectos de que formule las consideraciones o realice las adecuaciones que considere pertinentes (…)”.
Como fuere, desde el Gobierno aseguran que, tras la objeción, los plazos se corrieron y que la respuesta del Ejecutivo podrá extenderse ahora hasta el 29 de enero próximo.
Por lo demás, tanto la ley 8837 como el decreto reglamentario no hacen referencia a la necesidad que la empresa que presentó la iniciativa privada deba autofinanciar el proyecto. En rigor, esa exigencia figura en un decreto nacional firmado por el ex presidente Néstor Kirchner que refiere a iniciativas privadas, aunque en el ámbito nacional. El punto había sido esgrimido en las últimas horas por el vocal del Frente Cívico en el Tribunal de Cuentas provincial, Ernesto Martínez, como impedimento para que la Provincia avanzara con la venta de tierras para financia
