Un plenario de comisiones otorgó dictamen favorable a la iniciativa oficialista, que busca actualizar la normativa vigente y adecuarla a las exigencias internacionales de la organización regulatoria global, el GAFI. El miércoles va al pleno del cuerpo
El proyecto del Poder Ejecutivo para reformar la ley de prevención y persecución de lavado de activos recibió este martes dictamen en un plenario de las comisiones de Legislación General, de Finanzas y de Legislación Penal de la Cámara de Diputados, que el miércoles será tratado en el recinto de la cámara baja.
Debido a diferencias entre los bloques de la oposición, la iniciativa obtuvo dictamen de mayoría impulsado por el Frente de Todos, con el respaldo del PRO, que plantea disidencias parciales, y uno de minoría que presentarían a última hora la Coalición Cívica, Evolución Radical, la UCR y el interbloque Federal.
El proyecto fue debatido en el marco del plenario de comisiones de Legislación General, que preside Lucas Godoy (Frente de Todos); de Finanzas, a cargo de Alicia Aparicio; y de Legislación Penal, que encabeza María Luján Rey (PRO), que no estuvo presente por estar con problemas de salud.
La iniciativa presentada por el Poder Ejecutivo en junio del año pasado tiene tres ejes centrales: las modificaciones al Código Penal, la reforma de la ley de Encubrimiento y Lavado de Activos de origen delictivo (Ley 25.246) y la creación de un registro de activos virtuales.
El proyecto, presentado por el Poder Ejecutivo, había sido analizado en noviembre pasado por las comisiones de Legislación General y Finanzas, pero no había recibido dictamen.
La sanción de esa iniciativa es considerada clave para el Gobierno ya que el próximo año hay una nueva revisión técnica del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y la Argentina debe actualizar su legislación a las nuevas normas dictadas por la entidad.
La iniciativa contempla diversas reformas, entre ellas, convierte a la UIF en un organismo descentralizado de la Administración Pública Nacional, en jurisdicción del Ministerio de Economía, con personería jurídica propia, que funcionará con autonomía y autarquía funcional, administrativa, económica y financiera.
Otro punto importante es que se amplía la cantidad de operaciones que se deben informar a la UIF y, en ese sentido, se dispone la incorporación de los proveedores de servicios de activos virtuales, a las personas humanas o jurídicas que realizan en nombre de un tercero, custodia y administración de efectivo o valores líquidos, abogados y proveedores de servicios societarios y fiduciarios.
