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En los barrios privados existe al menos un empleado doméstico prestando servicio por hogar. Registrarlo representa un costo mínimo comparado con el costo de afrontar una demanda.
La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) realizó ayer un operativo de control de empleo en las puertas de ingreso al country Highland Park, de Pilar (Buenos Aires), donde detectó que 70 por ciento del personal doméstico, sobre un total de 90 personas, presentó irregularidades en su situación previsional.
Además, el organismo relevó a otros 110 empleados que desarrollan otras actividades en ese establecimiento.
En Córdoba no se recuerdan controles intensivos sobre el registro de empleadas domésticas desde el período en que Luis Angulo ocupaba la cartera de Trabajo de la Provincia, según reveló el Sindicato de Empleadas Domésticas.
No obstante, fuentes de la delegación local de AFIP consultadas por este diario no descartaron que se realicen inspecciones con características similares a las que encara la entidad en Buenos Aires. En diciembre pasado se dictaron medidas a nivel nacional -en el marco de la ley 26063 y de la resolución general 1978/2005 en Seguridad Social- para beneficiar al trabajador doméstico garantizando la cobertura de salud y la jubilación.
El blanqueo habilitaba además al “dador de trabajo” a deducir como gasto en el impuesto a las Ganancias lo abonado al trabajador doméstico como retribución por sus tareas y las contribuciones a la seguridad social por un monto de hasta 4.020 pesos, como parte de una iniciativa de fomento del registro laboral. Para garantizar al trabajador doméstico el acceso a una obra social a elección y a un futuro beneficio previsional se debe pagar, entre aportes y contribuciones, unos 80 pesos. En tanto, de comprobarse relación laboral, un juicio por un empleado no registrado accidentado o fallecido puede alcanzar 600 mil pesos.
La relación de riesgos y costos resulta casi ridícula para aquel que dé trabajo a una mucama o niñera. Sin embargo, Alcira Burgos, del Sindicato de Empleadas Domésticas de Córdoba, indicó que “se trata de una problemática cultural instalada en nuestra sociedad”.
Controles en Córdoba
En 2009, la AFIP realizó inspecciones en los countries cordobeses y encontró una situación de irregularidad próxima a 40 por ciento. Si bien no brindó detalles sobre una posible fecha, su titular en Córdoba, Santiago Cataldo, anticipó que “está dentro de los planes realizar nuevamente los controles en los countries cordobeses en conjunto con la dirección de Migraciones”. Cataldo destacó además el beneficio que implica el registro del personal para el dador de trabajo y afirmó que “si bien no están previstas sanciones”, quien emplea a personal doméstico se arriesga a sufrir demandas judiciales. “Regularizando los montos de pago” mediante el formulario 102 se evita zonas grises que dejen abierta la posibilidad de demanda, además de la obligación del pago inmediato de liquidaciones adeudadas. “No se trata de una cuestión monetaria, tiene que ver con humanidad” concluyó Cataldo.
