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La primera semana de la vigencia del Acuerdo Reglamentario Nº 1629, que instauró un servicio presencial limitado en los tribunales de la ciudad de Córdoba, fue pródiga en saturación de sistema de turnos, largas colas y esperas casi eternas en la calle Caseros en el caso de Tribunales I, entre otras notas distintivas.
Las quejas en las redes arreciaron. De las muchas, seleccionamos una, representativa de la generalidad, que decía: “¡¡Indignación, bronca, impotencia!! Como se puede ejercer la profesión si es imposible. Estoy intentando sacar turnos para ir a ver expedientes y ya no hay turnos. He intentado hasta el 23/6. Faltan 13 días para eso y ya no hay turnos. Que me vienen a hablar de que ya se puede ir a Tribunales si es mentira. Es más difícil sacar un turno para Tribunales que conseguir una entrada para los Rollings”.
La primera semana de trabajo ha arrojado más frustración que conformidad. Pero no se trata de fabricar grietas ni de buscar responsabilidades, sino de situar las cosas en su debido punto. Esta apertura, con todas sus limitaciones, es un pequeño paso de avance en un camino en el que necesariamente deben darse otros. Si bien las decisiones corresponden al Poder Judicial, la responsabilidad de aportar en pos de su mejora es de todos.
Nos consta la dedicación de los miembros del poder judicial, sin distinción de jerarquías. Tampoco se nos escapan que son los que reciben quejas por cuestiones que muchas veces les escapan.
Los déficits marcados pueden ser solucionados o, al menos, atemperados con organización. Para ello debe entenderse la realidad de los destinatarios de este servicio de justicia. No todos los abogados litigantes son iguales. Hay quienes llevan cobros masivos, otros unos pocos juicios individuales, hay quienes ejercen en varios fueros y otros que se limitan a uno. Debe haber un tratamiento diferenciado en la atención, así como en cualquier oficina de cobro, determinadas gestiones se limitan a un cierto número para no eternizar una cola.
Los abogados no somos inmunes al rasgo social de individualismo exacerbado. La poca solidaridad de esa primera semana entre colegas llama la atención. Hay gente que con tal de hacer sus trámites no repara en a quién puede estar demorando o, peor aún, perjudicando.
La reapertura de tribunales es un proceso complejo, que no se va a dar de un día para otro. Dependerá, también, de la evolución general de la pandemia. No hay mucho espacio para soluciones mágicas ni actos voluntaristas que no son materializables en la realidad. Pero tampoco se puede pretender que se litigue en este paliativo de emergencia como en épocas normales, con observancia de un Código de Procedimientos que fue pensado para tiempos en que cualquiera puede concurrir cualquier día hábil en cualquier horario hábil al tribunal del caso.
Con turnos para ver el expediente a 15 días, que se confiera un traslado por tres días no es razonable. En todo caso, el cómputo debería ser a partir de que se tuvo acceso al expediente. Con relación a los plazos de perención, mientras dure esta prestación tan penalizada en las posibilidades de hacer avanzar el proceso dentro de los carriles mínimos del debido proceso, debería analizarse la posibilidad de que sea suspendida.
Como puede verse, no son cuestiones sin solución, pero sí asuntos de los que se deben ocupar para dictar las normas transitorias del caso. Que no se hallan en el Acuerdo Reglamentario Nº 1629, ni en ningún otro sitio.
Por último, una cuestión tan compleja y con tantas aristas como la reapertura, reclama una comisión de expertos para su seguimiento, de modo análogo a lo que se hace en materia sanitaria. Y que, tal como aquella, esté conformada por las personas más idóneas en las distintas dimensiones del problema, más que con representaciones institucionales. Llamar a los que saben, aun cuando no tengan «chapa» o cartel institucional.
Ello, pues como nos decía la semana pasada un colega, no puede hacerse una “justicia sin abogados”. Recordemos que mucho de esta reapertura tiene que ver con la movilización espontánea de colegas y la “marcha vehicular” del miércoles 27 de mayo, más que con una actuación de la institución colegial.
Creemos que todos debemos poner de nuestra parte para avanzar hacia un sistema mayor en la excepcionalidad. Escuchar al otro y empatizar (para ambas partes) con quienes están del otro lado de la barandilla no es un mal punto de partida para quienes están llamados a liderar este período de transición crítica.
(*) Abogado. Doctor en Ciencias Jurídicas.
(**) Abogado. Doctor en Derecho y Ciencias Sociales.
