ESCUCHAREl presidente de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional, Marcelo Gallo Tagle, sostuvo que el sector judializará la reforma porque el sector no fue escuchado por los diputados y se configuraron avasallamientos
La media sanción de la reforma previsional para jueces y fiscales en la Cámara de Diputados, la semana pasada, y el inminente tratamiento del articulado en el Senado siguen generando quejas entre los magistrados, que objetan la escasa participación que tuvieron en la discusión de la iniciativa.
Así, confirmaron que si la norma se aprueba pedirán que sea declarada inconstitucional.
El presidente de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional, Marcelo Gallo Tagle, sostuvo que el sector judializará la reforma porque se configuraron avasallamientos.
«Tuvimos acceso a la discusión del proyecto y fuimos convocados a la reunión de comisión en Diputados, pero fue un trámite: no nos escucharon», dijo el ex titular del Juzgado Civil 17.
Los magistrados insisten con que el texto que establece la reforma de la ley 24018 tiene una redacción ambigua en muchos apartados centrales que modifican las condiciones de jubilación en el régimen especial de jueces y fiscales.
Uno de los principales inconvenientes que observan es que se derogaron incisos del artículo 16 de la ley que impedirán cubrir vacancias en juzgados con jubilados, un mecanismo que consideran valioso frente a la ola de renuncias que se está dando en la Justicia nacional y federal.
Por su parte, el presidente del Consejo de la Magistratura, Alberto Lugones, anticipó que de sancionarse la modificación la vacancia podría alcanzar al 50 por ciento de los juzgados, lo cual representaría un problema para el servicio de justicia. «Hay 194 jueces que tienen concedida la jubilación, 19 que están a la espera del trámite y suponemos que no renunciarán todos los que están en condiciones de jubilarse (unos 350), pero calculamos que 150 sí lo harán y ahí llegaríamos al 50 por ciento de vacancia», explicó el camarista federal de San Martín. Lugones estimó que, ante ese escenario, la imposibilidad de convocar a jueces jubilados para cubrir vacancias es un problema que los “ata de manos» y los deja «sin un recurso importante».
Fiscales
En tanto, el caso de los fiscales, según datos de la Procuración General de la Nación, los cargos en todo el país son 350, de los cuales 115 están vacantes. A eso se suma que de los agentes que están en actividad 36 tienen la jubilación otorgada y en las últimas dos semanas otros 21 presentaron su renuncia.
Ayer, esa cifra se incrementó con la aceptación por parte del procurador interino, Eduardo Casal, de la renuncia de tres fiscales federales de Córdoba. Se trata de Alberto Lozada, Graciela López de Filoñuk y de Gustavo Vidal Lascano.
“Estado judicial”
-El oficialismo no aceptó incluir en la ley el artículo que establece que los jueces jubilados pueden ser convocados a desempeñar funciones.
-Se trata del denominado “estado judicial”, que permite llamar a magistrados que ya se retiraron para cubrir vacantes.
-La eliminación de aquél es para evitar que los magistrados jubilados puedan hacer reclamos por la nueva reforma de los haberes, dado que mantendrían la intangibilidad que fija la Constitución para sentenciantes en actividad.
Actualmente, los magistrados se retiran con el 82 por ciento móvil de su último sueldo.
La iniciativa del Gobierno fija que será con un promedio de los últimos 120 sueldos y con una fórmula a determinar.
Carrió ante la CIDH
-Elisa Carrió, referente de la Coalición Cívica (CC)-ARI, dejó de ser diputada el domingo.
-Sin embargo, antes de dejar su banca presentó una carta ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ( CIDH) para denunciar lo que definió como » un golpe institucional» contra la Justicia.
-También le reclamó al organismo que intervenga en defensa del sistema de protección de testigos e imputados.
-La misiva fue firmada por todos los diputados que integran el bloque de la CC-ARI.
«Tuvimos acceso a la discusión del proyecto y fuimos convocados a la reunión de comisión en Diputados, pero fue un trámite: no nos escucharon».
(Marcelo Gallo Tale, presidente de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional)
