Reafirman derechos fiscales de una empresa reorganizada

El tribunal de alzada confirmó lo resuelto en primera instancia, desestimando la apelación de AFIP, que denegaba los beneficios impositivos, al considerar que la peticionante debió haberse disuelto La Sala B de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba, integrada por Abel Sánchez Torres, Luis Roberto Rueda y Liliana Navarro, confirmó una sentencia que declaró nulas las resoluciones de AFIP que impedían a una empresa sujeta a proceso de reorganización, obtener beneficios fiscales. [privado] En el fallo se señaló que el ente fiscal debe dictar un nuevo acto administrativo respecto de la reorganización peticionada por la firma en cuestión, previa constatación de los recaudos legales y reglamentarios que resultaran exigibles. Como antecedentes de la causa, la firma “Saúl Omar Palandri e Hijos SH” realizó un proceso de reorganización societaria transformándose La Esperanza del Sur SRL y en la empresa unipersonal “Palandri, Walter José”. Así, la empresa reclamó encontrarse en condiciones de obtener los beneficios fiscales previstos en la normativa aplicable. La AFIP rechazó lo solicitado y afirmó que el fallecimiento de un socio en una sociedad de hecho conduce a su disolución y liquidación, toda vez que los herederos del socio fallecido no pueden participar del acuerdo de regularización por no revertir la calidad de socios, la que sólo tienen los fundadores. En consecuencia -agregó AFIP- ante el fallecimiento del socio debió darse de baja la clave única de identificación tributaria y solicitar el alta de la sociedad que se conformó posteriormente. Y que al no haberse cumplido con ello, no existía la sociedad antecesora, ni la actividad en marcha de la misma en los términos del Art. 105 del decreto reglamentario Nº 1344/98 a los fines de la reorganización. Ante ello, la empresa interpuso demanda contencioso-administrativa y, con fecha 21 de marzo de 2018, el juez federal de Río Cuarto hizo lugar, declarando la nulidad de la resolución 120/12 y 38/10 de la autoridad fiscal. La entidad apeló la decisión. Artículos En esta instancia, respecto de la reorganización societaria dispuesto en los artículos 77 y 78 de la Ley del Impuesto a las Ganancias y el artículo 105 de su decreto reglamentario Nº 1344/98, el juez Sánchez Torres recordó que cuando se reorganicen sociedades, fondos de comercio, empresas en general y/o explotaciones de cualquier naturaleza en los términos de ese artículo, los resultados que pudieran surgir como consecuencia de la reorganización no estarán alcanzados por el impuesto de esa ley siempre que la o las entidades continuadoras prosigan, durante un lapso no inferior a dos años desde la fecha de la reorganización, la actividad de la o las empresas reestructuradas u otra vinculada con las mismas. Agregó: “En tales casos, los derechos y obligaciones fiscales establecidos en el artículo siguiente, correspondientes a los sujetos que se reorganizan, serán trasladados a la o las entidades continuadoras. Se entiende por reorganización: (...) b) La escisión o división de una empresa en otra u otras que continúen en conjunto las operaciones de la primera”. El camarista recordó que la Corte Suprema de Justicia de la Nación destacó que en materia de reorganización societaria debe predominar siempre una interpretación de prevalencia a la realidad económica por sobre los ritualismos excesivos. “Máxime, cuando los mismos desvirtúan los fines propios que tuvo la ley al tiempo de su sanción, en el caso, evitar que el aspecto impositivo se constituya en un obstáculo para realizar el agrupamiento o la reorganización societaria”, afirmó. Ley El fallo aludió a la ley 18527, que estableció el régimen fiscal sobre reorganización de empresas, posteriormente incorporado al texto de la Ley de Impuesto a las Ganancias, cuyos objetivos están definidos en la nota que acompañó al proyecto de ley: "Dentro de los objetivos vinculados con la eficiencia del sector privado, jugó un papel importante el hecho de que las empresas logren una dimensión apropiada a la producción en gran escala en algunos casos y aprovechen las ventajas de la especialización en otros”. El magistrado consideró que el sistema tributario argentino “en muchos casos” obstaculiza la reorganización de empresas, dándole el carácter de operación gravada e impidiendo de ese modo —por razones de costo fiscal— que se realicen reorganizaciones cuyo resultado podría ser el mejoramiento de la productividad. Sánchez Torres analizó la intención del legislador (evitar que el aspecto impositivo se constituya en un obstáculo para realizar la reorganización societaria), lo sostenido por la Corte y lo determinado la documentación y la prueba pericial. Esto último estableció que la empresa se encontraba en marcha en oportunidad de solicitar la reorganización societaria, pues continuó funcionando con posterioridad al fallecimiento de uno de los socios, presentando declaraciones juradas de IVA, las que generaron un saldo de libre disponibilidad. El juez concluyó que sí existió una reorganización societaria en los términos dispuestos por la ley de impuesto a las ganancias y el artículo 105, inciso b), por lo que entendió que correspondía que se confirmara lo resuelto en primera instancia. La decisión agregó que la previsión de que ante la muerte de un socio en la sociedad de hecho corresponde dar de baja la CUIT y dar de alta una nueva, no resultaba de una disposición legal sino de dictámenes del Fisco y sería era razonable considerar que los accionantes podrían no conocerlos y ser su incumplimiento excusable por tal motivo. Dictamen Tal criterio -evaluó el juez- era reafirmado por el hecho que la propia AFIP, en el dictamen N° 32/2011 de la Dirección de Asesoría Técnica de fecha 24 de mayo de 2011, respecto de la sociedades civiles con actividad agropecuaria y en lo atinente a su disolución ante el fallecimiento de un socio, remitía a las disposiciones que sobre el particular contuviera el Código Civil, señalando en tal sentido que el mismo no contemplaba como causal de disolución el retiro de un socio por fallecimiento. “Considera que ésta podrá continuar con su actividad conservando los derechos y obligaciones que poseía, y que no resulta necesario que la misma tramite la baja de su número de inscripción ante el organismo”, insistió el magistrado. Finalmente, el voto del camarista reseñó que en la actualidad la ley Nº 26994, que sanciona al nuevo Código Civil y Comercial de la Nación y modifica a la ley Nº 19550 de sociedades comerciales, no establece diferencias entre las sociedades por su objeto y, en función de ello y en la medida que el contrato puede ser invocado entre los socios y sus cláusulas pueden oponerse contra los terceros que las conocían al contratar (Art. 23, L. 19550), carecía de fundamentos la doctrina que propugna la posición disolutoria, sostenida por el Organismo Recaudador para las sociedades de hecho con objeto comercial. El razonamiento fue compartido por los vocales Liliana Navarro y Luis Roberto Rueda, votando en igual sentido. Autos: “LA ESPERANZA DEL SUR SRL c/ ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS – IMPUGNACIÓN DE ACTO ADMINISTRATIVO” (Expte. N° 52120016/2012/CA1), [/privado]

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