ESCUCHARIntendentes y exintendentes de ciudades de varias provincias quedaron involucrados en el
expediente. Ya estaban incriminados los ex jefes del Gabinete Aníbal Fernández, Jorge Capitanich y Juan Manuel Abal Medina, responsables políticos del manejo del denominado PGRISU
El juez federal Claudio Bonadio procesó a 92 intendentes y ex intendentes como partícipes necesarios de un supuesto fraude contra la Administración pública, mediante el Programa de Gestión de Residuos Urbanos (PGRISU).
Se trata de una causa por la que ya estaban procesados los ex jefes del Gabinete Aníbal Fernández, Jorge Capitanich y Juan Manuel Abal Medina, responsables políticos del manejo de ese plan.
La medida dictada ayer involucra a mandatarios y ex mandatarios de ciudades ubicadas en las provincias de Córdoba (Jorge Racca, de Brinkmann), Chaco, Santa Cruz, Chubut, Santa Fe, Tucumán, Río Negro, Santiago del Estero, Entre Ríos, Corrientes, Misiones, La Pampa y Buenos Aires. Según Bonadio, el delito fue perpetrado entre los años 2013 y 2015, por 600 millones de pesos.
«Requirieron sumas de dinero para llevar a cabo distintos proyectos sin que, a la postre, hayan sido cumplimentados», sostuvo Bonadio en su fallo.
Entre los 92 procesados se encuentra el intendente de San Antonio de Areco, Francisco «Paco» Durañona; el ex intendente de Campo Largo y actual vicegobernador de Chaco, Daniel Capitanich, y el ex intendente de Quilmes, Francisco «Barba» Gutiérrez.
Para el juez, con su accionar cada funcionario “contribuyó activamente en la concreción de un perjuicio a las arcas del Estado», ya que no pudieron justificar el incumplimiento de los pasos del PGIRSU al que se habían obligado.
El magistrado agregó que tampoco explicaron por qué en vez de cumplir las tareas por las que solicitaron el acogimiento al programa, los trabajos derivaron en “otras labores o cuestiones».
Ambiente
El expediente se generó en 2016, a partir de una serie de irregularidades observadas por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable en los programas para el tratamiento de residuos entre 2013 y 2015 de la ex Secretaria de Ambiente, dependiente de la Jefatura de Gabinete. En la causa, la Cámara Federal ya analizó el accionar de los ex jefes de Gabinete procesados y sostuvo: «Quienes ostentaban el control de los PMGIRSU incurrieron en un reparto discrecional de los caudales cuya custodia tenían a su cargo, al amparo de una estructura administrativa en donde la desorganización era funcional a tales fines».
En total, son 10 los ex funcionarios nacionales que están procesados por la implementación irregularidad del programa que tenía como finalidad lograr una mejora en la gestión sustentable de residuos sólidos urbanos, mediante la financiación de proyectos municipales de todo el país.
