“Es una causa armada”, asegura la diputada Ayala

La diputada nacional Aída Ayala (Cambiemos) dijo que el procesamiento dispuesto en su contra por la jueza federal de Resistencia, Zunilda Niremperger, sobre hechos ocurridos en Chaco en 2016 cuando era secretaria nacional de Asuntos Municipales, es en una “causa armada” y adelantó que no va a renunciar.
“No estoy de acuerdo con el desafuero, yo no voy a renunciar”, dijo en declaraciones radiales, y agregó que fue llamada a indagatoria “por un tema descabellado”, en «una causa armada», en referencia a la denuncia que hizo el ex intendente de Quitilipi, Carlos Casalboni, que investigó el fiscal federal chaqueño Patricio Sabadini.
«Casalboni hizo una denuncia en 2018 porque en 2016 compró con sobreprecios”, dijo, y agregó que no fue notificada de su procesamiento.
Ayala, que tiene otra causa anterior por lavado de dinero y otros delitos, insistió en no saber nada de su procesamiento y en que no fue notificada, al tiempo que apuntó: «Ni siquiera a mi abogada notificaron».
Sobre Casalboni dijo que “los intendentes son autónomos» y que se «les deposita» y ellos «compran».
Sin embargo, Casalboni aportó pruebas a Sabadini en dos declaraciones en la que denunció que desde el área gubernamental a cargo de Ayala le enviaron fondos para realizar compras “direccionadas” a determinados proveedores.
Ayala opinó que desde la Justicia “no investigan bien” y que le «arruinaron la carrera política» ya que «en la Unión Cívica Radical y en Juntos por el Cambio» la «proscribieron con mucho silencio”.
La diputada atribuyó las denuncias a que ganó la elección legislativa de 2017, ya que, según dijo, «en 2018 apareció la primera denuncia y luego esta el año pasado», y agregó: «No hay pruebas de nada de lo que se me acusa”.
Ayala se presentó a declarar el 12 noviembre al juzgado de Niremperger, pero se abstuvo de responder preguntas argumentando que no conocía la causa y que debía leer los cargos que se le imputan.
En ese momento, una fuente judicial había asegurado que para la primera instancia de la justicia federal de Chaco existían “motivos suficientes” para sospechar que Ayala y otras personas habrían cometido defraudación a la administración pública.