ESCUCHARFuentes judiciales informaron que las imputaciones fueron realizadas por el fiscal Alberto Mana y alcanzaron a tres empleados de la clínica mencionada a quienes acusa del delito de “abandono de persona calificado grave”.
Para el fiscal los imputados no atendieron al joven cuando sus amigos lo trasladaron hasta ese centro asistencial luego de recibir el balazo en el omóplato que, según la investigación preliminar, minutos más tarde le produjo la muerte.
El secretario de la Fiscalía, Gabriel Prunotto, manifestó que el adolescente «habría llegado con vida a la clínica Aconcagua» y no se determinó aún «en qué momento murió”, ni si la atención «le hubiese salvado la vida».
Prunotto también reafirmo que en la causa ya se reunieron “pruebas contundentes”.
En ese sentido dijo que está “probado” que el proyectil que mató a Valentino fue disparado por el arma reglamentaria del cabo 1º Lucas Gómez (35), quien está imputado por el delito de «homicidio calificado, agravado por el uso de armas» y «tentativa de homicidio reiterado en cuatro hechos» para el caso de los ocupantes del automóvil, debido a que los balazos traspasaron al interior del rodado y pusieron en riesgo sus vidas.
Esa confirmación clarificó la situación del policía Javier Alarcón (31), quien también había disparado, pero al piso, por lo que fue atenuada su calificación legal a «homicidio calificado, agravado por el uso de armas en grado de tentativa reiterado en cuatro hechos”.
Investigación avanzada
“La investigación está bastante avanzada. Estamos esperando algunos resultados” de pericias, pero “las pruebas que tenemos son muy importantes”, dijo Prunotto. En ese sentido afirmó que hubo “connivencia” entre los policías Alarcón y Wanda Micaela Esquivel (32), al sostener que “se pusieron de acuerdo para plantar el arma” a los chicos, con el objetivo de justificar los balazos.
Gómez, Alarcón y Esquivel, son los únicos detenidos, ya que hay otros dos policías que también están imputados y en libertad: la oficial Yamila Florencia Martínez, acusada de “encubrimiento agravado”, y el subcomisario Sergio González, por «encubrimiento agravado y omisión a los deberes de funcionario público» porque era el responsable de los móviles que patrullaban cuando ocurrió el hecho.
Prunotto anticipó que también se investiga a dos policías motorizados que, según los chicos ocupantes del auto, “presuntamente maltrataron y golpearon” a los jóvenes una vez que fueron interceptados en la intersección de Chacabuco y Corrientes, en el centro de la capital de Córdoba.
En tanto, se analiza la responsabilidad penal del conductor del Fiat Argo en el que iba la víctima, Juan Cruz, el único mayor de edad, por el supuesto delito de “resistencia a la autoridad” al evadir el control policial, manifestó el funcionario judicial. “Se trata de determinar si corresponde alguna responsabilidad en el resultado del daño final que generó la supuesta evasión al control policial”, manifestó Prunotto, y al respecto dijo que se están analizando los celulares.
El funcionario adelantó que la próxima semana los imputados serán sometidos a pericias psiquiátricas y luego serán indagados. En los últimos días se conoció oficialmente que los policías Gómez y Almirón tienen antecedentes penales. En el caso de Gómez tiene una imputación previa por “encubrimiento” a un violador serial, ya que el expediente señala que intentó persuadir a una de las víctimas para que desista de la denuncia.
Por su parte Almirón cuenta con dos imputaciones de abril de 2013 en la ciudad cordobesa de Río Segundo, por los delitos de «privación ilegítima de la libertad» y «lesiones leves calificadas».
