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El Consejo de la Magistratura de la Nación, envuelto en una batalla sin fin

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En 2022 estuvo paralizado. No avanzaron concursos ni procesos de destitución. Con la elección de nuevos representantes, se reeditó la pelea política,por lo que reina la incertidumbre

Por Silvina Bazterrechea

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El Consejo de la Magistratura de la Nación (CMN) atravesó el año con fuertes polémicas y disputas de poder que lo dejaron en una virtual parálisis y al borde del abismo.

A partir del fallo de la Corte Suprema que declaró la inconstitucionalidad de su integración de 13 miembros y dispuso que vuelva a su composición anterior, de 20, comenzó un complejo proceso para seleccionar consejeros.

En octubre, abogados, jueces y académicos eligieron a sus representantes y en diciembre la Corte Suprema tomó el juramento de 11 nuevos integrantes.

Por los académicos juraron Hugo Galderisi y Guillermo Tamarit. En representación de los abogados lo hicieron Miguel Piedecasas, Héctor Recalde, María Isabel Jimena de la Torre y María Fernanda Vázquez. Por el estamento de los jueces juraron Diego Barroetaveña, Alberto Lugones, María Alejandra Provítola y Agustina Díaz Cordero. Por el Poder Ejecutivo, renovó Gerónimo Ustarroz.

La jura de los ocho representantes del estamento político cuyas designaciones volvieron a ser objeto de judicialización trabaron, otra vez, la conformación del CMN.

Diputados designó a los legisladores del Frente de Todos Vanesa Siley y Rodolfo Tailhade; a Álvaro González, del PRO, y a la radical Roxana Reyes. 

La controversia se centró en Reyes, cuya postulación fue rechazada por el juez Martín Cromick, al considerar que no representa a la segunda minoría parlamentaria de la Cámara.

“Los miembros de los bloques PRO y UCR han constituido, de hecho, parte de la misma lista de candidatos a ser votada, tanto en 2021 como previamente en 2019. Por lo tanto, se le estaría asignando una doble representación cuando la ley es clara en cuanto busca representar a tres espacios políticos diferentes”, precisó el sentenciante.

En el caso de los Senadores se planteó la misma situación. La Cámara Alta designó como consejeros a los oficialistas María Pilatti Vergara, Mariano Recalde y Martín Doñate y al radical Eduardo Vischi. En este caso, los cuestionamientos apuntaron a Doñate.

El inicio

Diez días antes de que termine el mandato en el consejo, la Corte resolvió que el espacio del senador Doñate debía ser ocupado por su par Luis Juez.

El Máximo Tribunal planteó que la división del bloque oficialista fue un “ardid” para quedarse con un lugar en el organismo aunque no le correspondía, y ordenó aquel apartamiento.

Desafiando la decisión de la Corte, el oficialismo volvió a designar a Doñate para los próximos cuatro años. Juez presentó una acción de amparo para bloquear la designación, algo que fue rechazado por la jueza en lo Contencioso-administrativo federal María Alejandra Biotti.

Lo más probable es que la resolución del caso termine en la Corte Suprema, tal como ocurrió con el expediente de Doñate, que quedó fuera.

Problemas

Mientras la pelea por las sillas continúa y el clima se enardece, los problemas estructurales del organismo aumentan.

Actualmente hay 240 cargos vacantes sobre un total de 988 que tiene el Poder Judicial Nacional y Federal argentino.

Asimismo, hay al menos 1.098 cargos judiciales que fueron creados en los últimos años y que aún no fueron habilitados para funcionar.

En algunas jurisdicciones la situación es crítica: en Rosario, por ejemplo, donde el año pasado la Corte, como cabeza del Poder Judicial, prometió apoyo para los jueces de la ciudad, hay 40% de vacantes.

Paralelamente, en lo que se refiere a los procesos de destitución, un informe de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) reveló que hay una enorme cantidad de denuncias cercanas a caducar por estar próximos a cumplirse tres años desde que se realizaron.

Se trata de un total de 41 expedientes que se vencerán si previo a ello no se toman medidas investigativas urgentes.

En 34 de esas 41 actuaciones no se tomó ninguna medida relevante a fin de promover su tratamiento. En sólo 12% del total la Comisión de Disciplina y Acusación se expidió acerca de la adecuación de las denuncias a los requisitos formales mínimos.

Frente a este panorama, la ACIJ, la Asociación por los Derechos Civiles (ADC), el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (Inecip), la Unión de Usuarios y Consumidores y Poder Ciudadano vienen elaborando propuestas de reformas que incluyen cambios en el reglamento de los concursos, modificación en la conformación de los jurados o en los puntajes asignados en las diferentes instancias de las evaluaciones. Nada de ello se analizó.

Tampoco avanzó en el Congreso un debate parlamentario serio para aprobar una nueva ley que regule el organismo y defina su composición.

En abril, la Cámara de Diputados le dio media sanción a un proyecto que -por los vaivenes de la política- quedó trunco.

1997

Desde 1997 el Consejo de la Magistratura de la Nación fue regulado por diferentes normas que establecieron variadas conformaciones y llevaron a intensas discusiones sobre el cumplimiento de las exigencias constitucionales.

De ello derivaron intervenciones de la Corte Suprema, que en dos ocasiones se pronunció en cuanto a los diseños propuestos por dos de las reformas a la legislación.

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