ESCUCHARSe concretó la primera aplicación de la fórmula vigente de indexación de contratos. Los operadores del sistema sostuvieron que el índice que publicó el Banco Central marcó una cifra “nunca vista en la historia”
En junio, a poco de cumplirse un año de la implementación de la Ley de Alquileres, el sector inmobiliario reiteró sus objeciones sobre la normativa y comenzó a proponer cambios.
Vigente desde mediados de 2020, la legislación estableció un plazo mínimo de tres años para los contratos y la actualización anual según la variación de un índice que combina inflación y salarios en partes iguales.
En el Congreso ya fueron presentados tres proyectos que buscan introducir modificaciones en aquellos aspectos, aunque hasta el momento no llegaron a ser debatidos.
“Lo advertimos”
«Lo dijimos en su momento, lo advertimos y hoy lamentablemente vemos que teníamos razón. Con la nueva Ley de Alquileres armaron un desastre. No se tendría que haber aprobado y ahora hay que enfrentar las consecuencias. Por supuesto que debe ser modificada», señaló en junio Virginia Manzotti, titular del Colegio Profesional de Inmobiliarios.
Los dos puntos señalados -el plazo de 36 meses de vigencia de los contratos y la indexación por el coeficiente que se compone por el avance del Ripte y por el índice de precios al consumidor- fueron y son los ejes de la polémica.
“Con la nueva Ley de Alquileres armaron un desastre. No se tendría que haber aprobado y ahora hay que enfrentar las consecuencias. Por supuesto que debe ser modificada”.
(Virginia Manzotti, titular del Colegio Profesional de Inmobiliarios, en junio).
El primero fue largamente debatido en el Congreso el año pasado. «En un país como la Argentina, con los vaivenes económicos que tenemos, es impensable un plazo de tres años», alertaron los colegios profesionales de la actividad.
El segundo fue festejado por las organizaciones de inquilinos, contra la advertencia de los inmobiliarios, a quienes señalaron como “parciales y pro propietarios”.
Al inicio de julio, con los números a la vista, Manzotti explicó: «Con la escalada inflacionaria y su reflejo en paritarias estamos en un nivel de actualización de contratos de 39,6%. Al 1 de julio el índice legal de actualización fue de entre 40% y 42%. Es algo nunca visto. Nunca en la historia se trabajó con esa tasa y eso que hemos tenido inflación altísima, de hasta más de 50% y nunca los alquileres superaron 30% o 35% de actualización».
«Estamos muy preocupados por los inquilinos. La van a pasar mal. Realmente nos preocupa porque esto va a traer consecuencias», añadió.
La situación comenzó a dirigir las miradas a los legisladores que votaron la Ley de Alquileres.
Julio
En julio comenzó a aplicarse la nueva fórmula de indexación. Desde ese momento, el día 1 de cada mes los inquilinos deben consultar el Índice para Contratos de Locación (ICL) que publica diariamente el Banco Central en su web oficial, para ver su actualización contractual.
El Colegio Profesional de Inmobiliarios señaló que la legislación vigente «perjudicó a todos por igual, inquilinos y propietarios» y ratificó que muchos rentistas decidieron poner a la venta sus inmuebles.
Según datos de la plataforma Zonaprop, el volumen de avisos de departamentos y casas en alquiler en todo el país en junio era 28% menor al registrado en el mismo mes de 2019.
Expertos
En general, los detractores de la intervención estatal en el mercado de los alquileres coinciden al señalar que el problema que ésta plantea es que divide a los inquilinos en dos grupos: quienes ya alquilaron y quienes están por alquilar. En esa línea, indican que los primeros se ven beneficiados por congelamientos y medidas similares, mientras que los segundos se dan con que la oferta de inmuebles mermó o directamente desapareció; ello así, porque los propietarios, ante la incertidumbre, prefieren mantener sus bienes desocupados o intentan venderlos.
