ESCUCHARLa Ley de Riesgos del Trabajo (LRT) vigente en nuestro país desde octubre de 1995 está “herida de muerte”. Todos coinciden en ello. Aunque con intereses contrapuestos, empresarios y trabajadores esperan que la norma, que fue tachada de inconstitucional en diferentes momentos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación mediante los fallos Castillo, Aquino, Milone, Llosco y Medina, se transforme en una herramienta que surja del consenso.
El Gobierno nacional ya tiene listo el borrador y todo indica que la intención es que el proyecto, tantas veces postergado, pueda transformarse en ley el año próximo. La prevención de los accidentes laborales y el respeto de los derechos constitucionales que viola la normativa vigente sería el espíritu de la nueva legislación.
En el marco del ciclo “Desayuno con Líderes” organizado por Comercio y Justicia, un grupo de especialistas cordobeses reflexionaron sobre las falencias del actual sistema y los aspectos que debería contener una nueva Ley de Riesgos del Trabajo. El debate reunió a la vocal del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) Mercedes Blanc de Arabel; a los camaristas laborales César Arese y Gabriel Tosto; a los abogados especialistas en ese fuero Raúl Altamira Gigena y José Vercellone, y al médico laboral Hugo Rostagno.
Alcances
Unificar la LRT con la de Higiene y Seguridad; mejorar la inmediatez de los resarcimientos que reciben los trabajadores por accidentes laborales prohibiendo el pago en cuotas; crear una subsecretaría de prevención en el ámbito del Ministerio de Trabajo; abrir la lista de enfermedades a otras que hoy no son contempladas (várices, hernias y otros tramos de la columna) y modificar la integración de las cuestionadas comisiones médicas, incluyendo la participación de profesionales abogados, son algunos de los ejes que trascendieron del proyecto que elabora el Ministerio de Trabajo de la Nación con la Unión Industrial Argentina, la Unión de ART y la CGT. Asimismo, se evalúa la posibilidad de elevar los pisos indemnizatorios que dejarían de tener un tope máximo y se prevé incluir otra fórmula para calcular el daño moral y todo otro resarcimiento complementario.
Aunque con algunos reparos, los profesionales resaltaron como un avance que se piense en una legislación que prevea tanto la reparación del daño como que se haga hincapié en la prevención de los accidentes laborales.
Para el camarista Arese, la LRT debe “tender primero a la prevención y eso debe ser la centralidad del sistema”. La reparación llegará en segundo plano y deberá ser “justa, equitativa y que atienda la integridad del daño producido”, señaló.
Siguiendo el razonamiento, Tosto opinó que “se requieren políticas públicas integradas a los fines de poder hacer un programa claro que acompañe la ley. Tiene que ser una política pública que exceda los eventuales consensos partidarios (…) si no en 20 años vamos a estar hablando acerca de lo mismo”, agregó.
La vocal del TSJ Blanc de Arabel puso énfasis en la responsabilidad empresaria a la hora de prevenir los accidentes. “Acá no se trata de ver cómo le cierran los números a una empresa, sino de poner en el centro al hombre (…) No puede dar lo mismo el que cumple que el que no cumple; no puede dar lo mis
