martes 26, noviembre 2024
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Comercio y Justicia 85 años

Por la crisis, el campo resignaría $4.100 millones

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Si la baja en los precios internacionales continúa, teniendo en cuenta el contexto de crisis financiera internacional, el aporte económico directo del agro en la campaña 2008/2009 descendería significativamente en relación con la campaña anterior, según anticipó Juan Manuel Garzón, investigador en jefe del Ieral, en el marco del último almuerzo de la Fundación Mediterránea.
De esta manera, el economista estimó que el ajuste podría llegar a ser, a precios constantes de este año, de $4.100 millones, cifra que representaría aproximadamente cinco puntos del Producto Bruto Geográfico (PBG) de la Provincia.
El monto surge de contemplar el aporte directo de la actividad agrícola a la economía cordobesa, en base al valor agregado generado por cada hectárea trabajada (salarios, retribución al capital, amortizaciones, alquileres, impuestos provinciales y excedentes de la explotación).

En base a estos números, el economista calificó la situación por la que atraviesa el sector como “el escenario más adverso de los últimos seis años o de las últimas siete campañas debido a la fuerte caída de los precios internacionales de los commodities”.
Al mismo tiempo, destacó que el horizonte desfavorable no se debe exclusivamente al frente externo (por los menores precios). Garzón también remarcó la suba en los costos, principalmente en los fertilizantes y herbicidas; y fundamentalmente la presión tributaria que vive el sector a partir de los Derechos de Exportación que no se han adaptado al nuevo contexto.
En ese marco, el economista destacó “la ironía” que se dio a partir del rechazo a la Resolución 125. “Si estuviera la 125, la soja tributaría 32,5% en vez de 35%; el maíz 20, en vez de 28%; el trigo 20, en vez de 25% y el girasol 28,7% en vez de 32%”, explicó.

Sin embargo, también dejó en claro que “no todo el problema se reduce a los derecho a las exportaciones: persisten las trabas a las exportaciones (carne bovina, trigo, maíz), los registros de exportación no automáticos (granos, lácteos y carnes) y una batería de regulaciones pensadas para un contexto de altos precios”. Además, destacó la falta de diálogo entre las autoridades del Gobierno nacional y las entidades representativas del agro.
En ese marco, se preguntó: “¿Podrá Débora Giorgi, la nueva ministra de la Producción, dar un golpe de timón?, ¿Tendrá espacio para lidiar con la Secretaría de Comercio Interior y el Oncca?”.
Para Garzón, sólo el Estado tiene capacidad para atenuar el ajuste en los flujos del agro a partir de una reducción en las retenciones. “Como mínimo, el Derecho de Exportación para la soja debería volver al 27,5% y el de maíz y el de trigo al 20%”, indicó y agregó: “Estos cambios, más otras acciones necesarias (reducir restricciones y agilizar los trámites exigidos para la exportación), serían señales que permitirían no sólo mejorar los resultados de la próxima campaña sino también comenzar a recomponer la confianza de los productores hacia el futuro de su negocio”, concluyó.

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