ESCUCHARLa problemática de la violencia familiar es un flagelo social que afecta a la Argentina, pero también a numerosos países latinoamericanos y europeos. Desde La Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN), la semana pasada se dispuso la apertura de una oficina de violencia doméstica, que será atendida por un equipo de 72 profesionales. Córdoba cuenta desde hace varios años con sus unidades específicas que funcionan las 24 horas y permiten la recepción de denuncias y el asesoramiento de quienes son víctimas de la violencia doméstica. A pesar de los esfuerzos, el fenómeno sigue creciendo. Comercio y Justicia dialogó con dos especialistas uruguayos que explicaron a este diario qué está haciendo ese país en materia de violencia familiar: Ana Nim, psicóloga y subdirectora del área médico-criminológico de la Corte Suprema oriental, y Julio Olivera Negrin, juez del Fuero penal de ese país.
– ¿Qué medidas han implementado en Uruguay para abordar la problemática de la violencia familiar?
J.O.: En primer lugar se crearon los juzgados específicos de violencia familiar. Antes, los casos de violencia familiar estaban a cargo de los juzgados de Familia. Eso provocaba que un divorcio se mezclara con una exclusión del hogar. A partir de ahora, ambas cosas han quedado bien diferenciadas. Tenemos, por ahora, cuatro juzgados especializados. La idea es que después podamos hacerlo extensivo al interior del país. Ya se crearon los equipos especializados para ello.
Además, se está trabajando en la aplicación de penas alternativas específicas para violencia doméstica. Hasta el momento, teníamos penas alternativas para todos los delitos, pero nos parecía que nos estaba faltando algo más específico. Desde el Poder Judicial lo que estamos intentando es coordinar esfuerzos para que aquellas personas a quienes les iniciamos un proceso penal por un tema relativo a violencia familiar, los derivemos con una medida que sea sustitutiva a la cárcel.
– ¿Cuáles son esas medidas?
A.N.: Las medidas alternativas se componen de tres elementos: un trabajo comunitario, un trabajo socioeducativo y un trabajo cognitivo-conductual. El trabajo socioeducativo se hace sobre la red de contención de la persona. Se invita a participar en esa instancia a la familia biológica del agresor; de no ser posible, también se puede invitar a un compañero de trabajo, un jefe, etc. El trabajo cognitivo-conductual es grupal; en esa instancia se trabaja con un equipo de psicólogos que abordan la cuestión de la impulsividad. Las medidas alternativas tienen una carga horaria que las impone el juez.
– ¿Qué resultados han obtenido? ¿Los agresores cumplen con estas penas alternativas?
J.O.: Sí, se está cumpliendo; este es un plan piloto. En principio comenzamos a trabajar sobre un grupo de 30 personas y no ha habido reincidencias. Después de que el victimario cumple la pena alternativa, se elabora un informe; si el agresor no cumplió con la medida, se le informa al juez y puede terminar en la cárcel.
– ¿Están evaluando otras herramientas en esta materia?
A.N.: La otra idea es poder comenzar a implementar la pulsera electrónica a quienes han sido excluidos del hogar por ser agresores. Este es un proyecto que todavía se está debatiendo. Uno de los problemas para su implementación es el costo que podría tener, pero es probable que se aplique en breve, se necesita vol
