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El gobierno provincial reglamentó la ley orientada a la desmanicomialización, que establece pautas para sustituir los manicomios por centros de salud alternativa destinados a brindar atención a pacientes con problemas psiquiátricos, tales como casas de medio camino, residencias compartidas y hogares de día.
Según el texto, la intención es reemplazar hospitales psiquiátricos -tales como los existentes en Oliva y Santa María de Punilla- por instituciones en las que una persona con problemas de salud mental puede estar contenida.
Cuestionamientos
Sin embargo, la legisladora opositora Liliana Montero (Frente Cívico) cuestionó el instrumento legal por haber sido reglamentado “a destiempo” y contener disposiciones que están “desactualizadas”.
Explicó que el decreto reglamentario “no resuelve la falta de decisión política” para hacer cumplir la ley, puntualizando la “falta de presupuesto y la poca previsión de dispositivos alternativos a los hospitales monovalentes”.
De todas formas, Montero consideró que la reglamentación de la Ley de Salud Mental es importante porque establece pautas más claras para la atención de pacientes con problemas psiquiátricos aunque insistió en remarcar que los fondos provinciales destinados a la asistencia de adicciones “son insuficientes”, cuestionando el hecho de que los programas dependen del Ministerio de Desarrollo Social y no de la cartera de Salud, tal como corresponde.
Por su parte, el Colegio de Psicólogos recordó que no fueron respondidos los reclamos que habían presentado al Ministerio de Salud y la Dirección de Salud Mental cuando emitieron la resolución Nº 130 que reglamentaba la Ley de Salud Mental Nº 9848.
Entre otros puntos, había advertido que en la reglamentación no se establecen pautas ni porcentajes con relación al presupuesto que se dispondrá.
“El problema radica en la falta de precisiones sobre materia tan sensible cual es, en este caso, la asignación de recursos para el sistema y servicios de salud mental”, dijeron en esa oportunidadfuentes del colegio profesional.
