El procurador del Tesoro de la Nación, Osvaldo Guglielmino, anunció que “otro tribunal del CIADI (organismo del Banco Mundial para Solución de Controversias) reconoció la validez de las medidas de emergencia económica adoptadas por la Argentina hacia fines de 2001 y durante 2002”, como lo había hecho en los casos LG&E y Metalpar. El CIADI no hizo lugar a ninguna de las acusaciones de Continental, incluidas “aquellas referidas a que la Argentina había expropiado, discriminado o tratado de manera injusta sus inversiones”.