ESCUCHARAl declarar en la tercera jornada del juicio por la tragedia de Cromañón ante el Tribunal Oral en lo Criminal 24 (TOC 24), la ex directora adjunta de Control y Fiscalización Comunal del Gobierno porteño, Ana María Fernández, sostuvo su inocencia en relación con las acusaciones por falta de inspecciones, apuntó contra su superior, Fabiana Fiszbin, y dijo que cuando ocurrió el incendio cumplía funciones menores.
Fernández explicó que hasta junio de 2004 el local no había sido verificado porque ante una intimación de su dependencia, el boliche envió los certificados de habilitación y de bomberos vigentes. Entonces -justificó- se dio prioridad a locales que no habían respondido.
Limitaciones
Asimismo, aclaró que entre enero y agosto de 2004 estuvo a cargo de la Unidad Polivalente de Inspecciones (UPI) y que luego esa dependencia fue disuelta por Aníbal Ibarra. “Voy a mostrar cómo algunos funcionarios omitieron informar al juzgado mis funciones y probaré los deberes administrativos que tenía y que no dejé de cumplir”, remarcó.
Explicó que su dependencia carecía de presupuesto y de sistema informático para cumplir con sus tareas. “Nos encontrábamos ante limitaciones para el control porque también nos asignaron verificar los partidos de fútbol y los recitales”, señaló, enfatizando que “Fiszbin sabía que la UPI no contaba con recursos suficientes e Ibarra fue asesorado por ella”.
Denuncias
Sobre las denuncias contra locales clase C formuladas por el entonces defensor adjunto del pueblo, Atilio Alimena, dijo que recibió un listado de 160 y que se relevaron el 72%, resultado que se le informó a Fiszbin con la entrega de una planilla que, según Fernández, su superior dijo desconocer cuando declaró en la instrucción de la causa.
En tanto, dos de los querellantes destacaron el valor de la declaración, ya que puso en evidencia las fallas en el sistema de gestión de control del Gobierno porteño.
Para el abogado Arturo López Santos, la acusada demostró que en la tragedia existió una cadena causal. “La Municipalidad dejó de hacer el certificado contra incendios, no inspeccionó Cromañón desde marzo de 2003 y, además, desvirtuó al habilitación al considerarlo como un microestadio como Obras Sanitarias y no un local bailable”, explicó.
Por su parte, el querellante José Iglesias dijo que la declaración de Fernández le pareció “actuada” y que mostró “las fisuras que hay entre los funcionarios”.
El debate pasó a un cuatro intermedio hasta mañana a las 10, cuando se leerá la indagatoria al manager de Callejeros, Diego Argañaraz.
| BENGALAS Y SHOW |
Por su parte, el abogado de seis de los miembros de Callejeros dijo que la acusación a la banda de fomentar el uso de bengalas en sus recitales era un mito, ya que el empleo de la pirotecnia forma parte de la cultura del rock y de otros ambientes, como la del fútbol. Así se refirió respecto de los dichos del imputado Raúl Villarreal, ex jefe de Cromañón, quien aseguró que para los m&uacut
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