ESCUCHARIntendentes de localidades de Córdoba, Entre Ríos, Santa Fe, Santiago del Estero, San Luis, La Pampa y Buenos Aires le entregaron ayer al vicepresidente de la Nación, Julio Cobos, una declaración en la que solicitan la “urgente solución” al conflicto agropecuario.
“Pedimos que la legislación que se sancione permita solucionar el conflicto con el campo”, ratificó a Comercio y Justicia Osvaldo Vottero, intendente de Oncativo, al tiempo que aseguró que “la gestión de Cobos apunta a conseguir el consenso”.
“Él va a propiciar sus esfuerzos para que el conflicto se solucione en un corto plazo”, expresó el funcionario a este medio.
La declaración, elaborada en base a lo que los jefes comunales de localidades de Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos presentaron la semana pasada a las comisiones de Agricultura y Presupuesto y Hacienda, solicita al Congreso “la urgente solución al conflicto que mantiene el Gobierno nacional con el sector agropecuario para garantizar de esta forma la paz social y la gobernabilidad de la Argentina”.
En esta oportunidad, se sumaron al reclamo intendentes de algunas comunas de Buenos Aires, San Luis y La Pampa.
También solicitaron “declarar “sin valor legal” la resolución 125, sus modificaciones y complementarias” o, “en su defecto, la suspensión por un plazo prudencial que permita encontrar el consenso suficiente para dictar leyes que recuperen la confianza y la previsibilidad del sector agropecuario en defensa de las economías regionales”.
Finalmente, solicitan al Congreso que en la ley que se estudia aún en la Cámara de Diputados “se garantice la Coparticipación Federal de los recursos obtenidos por las retenciones agropecuarias”.
En ese sentido, Vottero consideró que es necesario que “se aseguren los derechos federales en la redistribución de los ingresos”.
Por otra parte, explicó que “una vez que se haya solucionado este conflicto”, es imprescindible “generar un proyecto de ley que permita fijar un margen de previsibilidad para el resto de las actividades relacionadas con el sector agroindustrial, tales como la carne, la leche, el resto de los cereales y las economías regionales”.
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Por su parte, las entidades ruralistas reclamaron nuevamente ayer, tras una reunión con los intendentes autoconvocados, la suspensión por 180 días de la aplicación de la resolución de retenciones móviles.
“Los intendentes están pidiendo, y nosotros opinamos igual que ellos, que hay que suspender la aplicación de la 125, para poder trabajar en todo esto con tiempo”, expresó el vicepresidente de SRA, Hugo Biolcati.
En este marco, aseguró que en las negociaciones podrían aceptar que las retenciones sean móviles, “en la medida en que los efectos perniciosos se corrijan”.
Por su parte, Mario Llambías, de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), agregó: “Llevamos 110 días de conflicto, ratificar la 125 como está es seguir en un ritmo social muy difícil. Por más que haya leyes complementarias hay que suspender o rectificar la 125”.
Por su parte, Eduardo Buzzi, de FAA se manifestó a favor de buscar una “posición intermedia, buscando soluciones”.
