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En un Estados Unidos en que la tensión entre los estados del norte y del sur iba en aumento por la cuestión de la esclavitud, un activista de la emancipación, John Brown, intentó el 16 de octubre de 1859, junto a otros 21 hombres tomar el arsenal federal existente en Harpers Ferry, en el sureño estado de Virginia, para distribuir las armas entre los esclavos con vistas a liderar su insurrección en todo el sur.
Tras dos días de lucha, muertos la mitad de sus hombres, una compañía de marines de Estados Unidos reunida a toda prisa (el por entonces pequeño ejército estadounidense estaba desplegado en las fronteras con los indios), puesta al mando del coronel Robert Lee, de licencia en su estado natal y que en el apuro dirigió de civil las operaciones, sin siquiera tiempo de ponerse el uniforme, recuperó las instalaciones ocupadas por los incursores, apresando a quienes todavía seguían con vida, incluyendo a un herido John Brown.
Luego de una puja de jurisdicciones, débil por parte del estado federal e inflexible por parte del estado de Virginia para que fueran juzgados allí bajo la ley local, el proceso se inició nueve días después del ataque, debiendo comparecer John Brown ante el tribunal de la ciudad de Charles Town tendido en un catre de campaña por no haberse curado sus heridas: había recibido un disparo en un brazo, otro en los riñones, dos en el pecho y otros dos en la cabeza. Dicha población era la sede del condado de Jefferson, a siete millas al oeste de Harpers Ferry. El juez que presidió el proceso fue Richard Parker, de Winchester.
Los cargos en el caso “Virginia vs. John Brown” eran traición a la Commonwealth de Virginia, asesinato e incitación a una insurrección de esclavos, todos relacionados a su incursión en Harpers Ferry.
Andrew Hunter, abogado personal del gobernador y el letrado más distinguido del condado de Jefferson, estuvo a cargo de la coordinación de las actividades de seguridad durante el proceso. Se tenía el temor no sólo de que se intentara rescatar a Brown por la fuerza sino que asimismo flotaba en el ambiente, que bien podía estarse ante el inicio de una guerra civil. Era un punto de vista que compartía el gobernador de Virginia, Henry Wise. “Antes de que terminaran los juicios, tanto él como yo nos convencimos de que la incursión de Brown era el comienzo de un gran conflicto entre el Norte y el Sur sobre el tema de la esclavitud”, escribiría luego en sus memorias. No le faltó razón.
Gracias al telégrafo, recientemente inventado, el juicio fue el primero en ser informado a nivel nacional. Asistieron, entre otros, un reportero del New York Herald y otro del The Daily Exchange of Baltimore, ambos en Harpers Ferry desde el 18 de octubre. La opinión pública nacional siguió las alternativas del juzgamiento, dividiéndose entre quienes lo apoyaban y aquellos que lo defenestraban.
Durante la mayor parte del juicio, incapaz de ponerse de pie, Brown yacía sobre un jergón. Las sesiones se prolongaron por cinco días. El testigo principal de la acusación fue el coronel Lewis Washington, bisnieto de George Washington, que había sido secuestrado en su casa y retenido como rehén cerca de la Armería Federal junto a otras personas.
La evidencia manuscrita secuestrada en una granja alquilada por el acusado bajo el alias de Isacc Smith fue de particular interés, ya que incluía los planes de la insurrección y hasta cientos de copias no distribuidas de una Constitución Provisional de un nuevo gobierno. Tales pruebas aseguraron los cargos de traición y asesinato premeditado contra Brown.
La defensa llamó a seis testigos. Su principal argumento era que la Armería Federal de Harpers Ferry no estaba en propiedad de Virginia por lo que se carecía de jurisdicción, pero dado que la gente del pueblo asesinada había muerto en las calles fuera de ella, esto tuvo poco peso. La argumentación de la falta de ciudadanía oficial de John Brown en Virginia para desechar el cargo de traición al Estado fue rechazada por el propio juez Parker entendiendo que la ciudadanía estadounidense que tenía, implicaba el deber de lealtad al estado de Virginia, sobre todo cuando tuvo su residencia temporal allí durante los días de la insurrección.
Otras tácticas defensivas, tampoco resultaron: afirmar que la insurrección estaba dirigida contra el gobierno de los EEUU, y no contra Virginia, cayó por su propio peso: Brown y sus hombres habían disparado contra las tropas y la policía de Virginia. Tampoco ayudó que ningún esclavo se uniera a la insurrección. De hecho, el primer muerto de los atacantes fue un ex esclavo liberado que trabajaba en la estación de tren.
El argumento final de la defensa estuvo a cargo de Hiram Griswold, un conocido abogado abolicionista de Cleveland que había ayudado a esclavos fugitivos y representaba a Brown pro bono, sin percibir honorarios. En contraste, otro de sus defensores, Samuel Chilton, no solo no era abolicionista, sino que arribó desde Washington sólo después de que los partidarios de Brown aseguraron su tarifa, por encima del promedio.
Brown se sintió frustrado porque según la ley de Virginia, a los acusados no se les permitía testificar, asumiendo que tenían razones para no decir la verdad. Por ello, no pudo declarar en su propio juicio.
Después de los alegatos, el jurado deliberó durante sólo 45 minutos y lo encontró culpable de todos los cargos. La sentencia de Brown tuvo lugar el 2 de noviembre de 1859. El juez Parker lo condenó a la pena de muerte en la horca, que tendría lugar en un mes, el 2 de diciembre. Brown recibió la decisión con serenidad.
Como suele pasar en tribunales, ejecutar la sentencia sería no menos complejo que el juicio en sí mismo. Ello, con no pocas consecuencias.
